Dicen que "no queda libre nadie" y aseguran que se pagará más, se comprometerán datos, y podrían haber problemas para celebrar bodas.
Funcionarios de los juzgados de Vigo han dado comienzo este jueves a una campaña que se desarrollará en toda España con el objetivo de "dar el do de pecho" para "paralizar el ataque directo a los ciudadanos" que se producirá a través de la "privatización" del registro civil.
Así lo ha comunicado el portavoz de los trabajadores Pablo Valeiras, en una rueda de prensa, donde han estado presentes varias decenas de trabajadores como público y otros tantos ataviados con camisetas amarillas con mensajes contra la privatización y en defensa de que "sin justicia no hay derechos".
Valeiras ha indicado que la campaña buscará llegar a los ciudadanos, a los que informará sobre cómo les afectan las medidas que pretende implantar el Gobierno en el registro civil --donde se tramitan certificados de nacimiento, de defunción, de matrimonio, fe de vida y estado, y expedientes de rectificación de errores, entre otros-- y las "mentiras" sobre las que se apoyan para justificarlas.
Los trabajadores han subrayado que con los cambios que se van a producir en el registro civil "no queda libre nadie" de verse afectado, ni trabajadores, ni ONGs, ni empresas, por lo que han insistido en que "no sólo es un problema de los funcionarios" y han llamado a toda la ciudadanía a participar en las distintas iniciativas que están organizando.
Entre estas medidas, han indicado que todos los jueves se concentrarán ante los centros de toda Galicia; apoyarán una iniciativa legislativa popular para que el registro civil siga siendo "público y gratuito"; y realizarán una manifestación de ámbito autonómico en Santiago, tras el que se realizará un gran acto en Madrid.
Asimismo, los funcionarios recogerán firmas en toda España para tratar de conseguir 500.000 "en el menor tiempo posible", puesto que está previsto que desde el 16 de julio de este mismo año entre en vigor el periodo de transición de seis meses antes de la implantación el 1 de enero de 2016 de esta medida.
LAS "MENTIRAS"
Tal y como han trasladado los trabajadores, la "primera mentira" vinculada a este proceso es que el registro civil va a seguir a cargo de personal funcionario, puesto que, han asegurado, los registradores mercantiles "no tienen la condición de funcionarios" sino que son "autónomos" y cobran "aranceles". "Es un primer paso de privatización a cara descubierta", han sentenciado.
En este sentido, han señalado que al ponerse el registro civil en manos de personal que no es funcionario público podría verse comprometido "el nivel de confidencialidad de los datos personales y de empresas", donde estos trabajadores tendrían "una capacidad de presión importante para afectar sobre la vida diaria" de personas y entidades.
Asimismo, han asegurado que también "es mentira que exista una intención de que el registro civil sea gratuito" y han augurado que aunque durante un tiempo algunos servicios seguirán siendo gratis (pagados con impuestos) después pasarán a cobrarlos. Igualmente, han aventurado que se ampliará el número de trámites de revisión obligatoria y que los precios se multiplicarán entre 400 y 6.000 veces.
Los trabajadores han criticado que precisamente "ahora que hubo" una inversión para informatizar los archivos, el registro civil "se pone en manos privadas". Además, han mantenido que, mientras que hay sedes de registro civil en todas las localidades, los mercantiles cuentan con menos sedes, lo que "multiplicará los costes de todo" y "repercutirá aún más sobre los ciudadanos".
Al igual que sobre el incremento de los costes, los funcionarios han alertado específicamente sobre la celebración de bodas civiles, de las que no saben quién las va a celebrar desde este mismo verano. "No quieren darnos información, respecto a nada se habla de nada, hay opacidad total", ha criticado el personal, que ha dicho desconocer también cuál será el destino de los funcionarios que trabajan en el registro civil.
ANTECEDENTES
Tal y como ha repasado Clara Iglesias, el servicio de registro civil existe desde 1870 y desde entonces ha sufrido hasta tres reformas "siempre consensuadas", la última en 2011. No obstante, ha comentado que, con la entrada en el Gobierno del Partido Popular, ésta fue reformada mediante un anteproyecto de ley con el que pretendía que el registro civil fuese "llevado" por los registradores de la propiedad.
Así, ha indicado que el Gobierno y los registradores de la propiedad intentaron llegar a un acuerdo sobre la dotación económica pero, al no conseguirlo, el pacto se alcanzó finalmente con los registradores mercantiles, que plantearon "un anteproyecto totalmente distinto". "Es kafkiano, sobre todo por el impacto a los ciudadanos y a los trabajadores, que no nos tienen en cuenta para nada", ha lamentado.
"El problema es que se quiere favorecer a determinado colectivo", ha criticado Iglesias, que ha apuntado que los beneficios irán a "las familias Rajoy, Gallardón y amigos". Además, ha dicho que con esto se pondría una solución al problema que tienen los registradores de la propiedad, que no existen como tal en Europa y "los tienen que reconvertir".
Publicado o 12/03/2015 en www.europapress.es
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