El Registro Civil de Pontevedra vuelve a celebrar bodas

La decisión se produce después de que se aparcara la reforma de estos entes.

Los funcionarios del Registro Civil de Pontevedra recibieron ayer la orden de volver a señalar la celebración de bodas, unos enlaces que se habían suspendido como consecuencia de la pretendida entrada en vigor el 15 de julio de la reforma legal de estos organismos públicos. Sin embargo, la decisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de renunciar a que los registradores mercantiles se hicieran cargo del Registro Civil ha propiciado que se puedan fijar enlaces matrimoniales de nuevo en el edificio de A Parda.

Según trascendió ayer, las bodas se señalarán, en principio, durante los dos próximos años. Y es que estos veinticuatro meses son el período de vacatio legis que ha establecido el Gobierno al enmendar la pretendida y polémica reforma, con lo que se ha derogado la normativa que preveía el traspaso de poderes.

«Estamos abiertos a propuestas. Nos planteamos el plazo e, incluso, el modelo», señaló días atrás el propio Catalá, palabras que tumban otro de los grandes proyectos legislativos de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, quien ya ha visto cómo se quedaban en el tintero su reforma de la Ley del Aborto o la de las tasas judiciales. La intención del actual ministro de Justicia, según se desprende de sus declaraciones, es alcanzar un pacto y consenso general para modificar estos entes: «No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las Administraciones públicas, por los trabajadores, por los sindicatos y por los partidos políticos. Sería absurdo».

Esta decisión ha sido aplaudida por los empleados públicos pontevedreses y centrales sindicales. Incidieron en que el hecho de que durante el Gobierno de Zapatero se instase a la desjudicialización del Registro Civil, no significó que «se apostase por una privatización como, hasta ahora, parecía promoverse desde el Partido Popular».

En este sentido, fuentes sindicales destacaron que lo único que se busca con la desjudicialización es que estos órganos no tengan que estar supervisados por un juez o magistrado, «pero no que dejen de dar un servicio público y gratuito».

En todo caso, el futuro del Registro Civil es, en estos momentos, incierto. Aparcada la reforma de Gallardón, a día de hoy no se dispone de un modelo de cómo deberán ser estos organismos administrativos una vez transcurran los dos años de vacatio legis. Este período queda establecido en sendas enmiendas, la primera de las cuales establece, entre otras cuestiones, que «quedan derogadas las disposiciones adicionales (...) de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia», mientras que la segunda concreta que «la presente ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017».

Defunciones y nacimientos

En cualquier caso, lo que sí sigue adelante es el proyecto de que desde los hospitales pontevedreses se registren tanto los nacimientos como las defunciones que en ellos tengan lugar. No obstante, se ha demorado unos meses su entrada en vigor, que ahora será el próximo 15 de octubre.


Publicado o 26/05/2015 en www.lavozdegalicia.es

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La movilización en contra de la «privatización» del Registro suma nuevos apoyos

Las movilizaciones se extienden a otros puntos de la comarca ante el riesgo de que reforma legal afecte a los juzgados de paz.

Las movilizaciones contra lo que funcionarios de Justicia y sindicatos consideran es la privatización del Registro Civil están ganando apoyos a medida que se reproducen las concentraciones de protesta como la que ayer se produjo a las puertas de la Audiencia de Pontevedra. De este modo, a los empleados de algunas funerarias y representantes de colectivos vecinales, ayer se sumaron, a título personal, algunos abogados y magistrados.

Es por ello que la intención de los convocantes de estas concentraciones están tratando de recabar pronunciamientos de apoyo de algún colectivo de jueces y de secretarios judiciales. De hecho, ayer trascendió que ya se habrían mantenido alguna entrevista en este sentido.

Paralelamente, el movimiento opositor a la reforma que entrará en vigor el próximo 15 de julio se está extendiendo a otros puntos de la comarca de Pontevedra. Son cada vez más los vecinos de municipios del entorno de la capital provincial que observan con preocupación las consecuencias que esta medida legislativa puede tener en los juzgados de paz. Así, temen que el hecho de que dejen de realizar funciones de registro civil suponga, a la postre, vaciarlos de contenido y, por tanto, conduzca a su desaparición.

En este sentido, uno de los ayuntamientos más activos está siendo el de Marín. Ya no solo se trata de que la Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín haya insistido ante el ejecutivo local que evite «a perda do Rexistro Civil», sino que la villa ha alumbrado la primera plataforma ciudadana en defensa de este organismo: «Por la desidia de los gobernantes estamos abocados a perder servicio tan necesarios como el Registro».

Por su parte, Marea Marín no dudó en cargar tintas contra la alcaldesa: «Grazas á nula xestión da señora Ramallo (PP), Marín vén de perder o seu rexistro civil, tendo agora os veciños e veciñas que desprazarse a Pontevedra para realizar xestións básicas como o rexistro de nacementos ou defuncións».

Publicado o 27/03/2015 en www.lavozdegalicia.es

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Foto: Capotillo

Los funcionarios buscan frenar la privatización del Registro Civil

Vigo: Más de cien trabajadores de los juzgados y representantes sindicales se movilizaron ayer en Vigo contra la privatización del Registro Civil. Guardaron un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Germanwings y posteriormente marcharon bajo la lluvia detrás de una pancarta en la que anunciaban "la muerte del Registro Civil español a la edad de 144 años, 6 meses y 14 días".

Los funcionarios se han propuesto paralizar una reforma que pone el servicio en manos de los registradores mercantiles y que deja en el aire más de cuarenta bodas ya señaladas a partir del 15 de julio que entraría en vigor. Denuncian la "opacidad" del proceso y que se pretenda cobrar por trámites que ahora son gratuitos. En el Registro se realizan inscripciones y se solicitan certificaciones de nacimiento, matrimonio o defunciones, fes de vida, libros de familia, se tramitan expedientes de nacionalidad o de cambio de sexo, entre otros trámites.


Publicado o 27/03/2015 en www.farodevigo.es

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Pontevedra: Los funcionarios de A Parda defienden en la calle el carácter gratuito del registro civil

La nueva Ley del Registro Civil supondrá, a juicio de los funcionarios judiciales, "que paguemos por un servizo que a dia de hoxe é gratuito" y, contra esa y otras circunstancias, salieron este jueves a la calle. Varias decenas de trabajadores de los juzgados de A Parda repitieron, un jueves más, una escena que ya empieza a convertirse en habitual en el edificio: una pancarta y una protesta contra la privatización del servicio.

La reforma legal, que implica la modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, ha llevado a todos los sindicatos judiciales y trabajadores no afiliados a manifestarse de forma conjunta y huyendo de siglas, con el denominador común de camisetas de color amarillo y de la pancarta: "Non á privatización do rexistro civil".

La protesta se enmarca en la campaña informativa y reivindicativa puesta en marcha para informar a los ciudadanos de la situación. En asemblea, los trabajadores acodaron manifestarse este jueves y alertar que, con la nueva ley, "queren entregar os nosos datos fundamentais", en alusión a que todos los datos privados y sensibles de los ciudadanos, que hasta ahora eran tratados por funcionarios con obligación de respetar la confidencialidad, pasarán a estar en manos privadas de los registradores mercantiles. Supondrá una "vulneración do dereito á intimidade".

"Queren entregar a 120 privilexiados un servizo público", denuncian y añaden que a raíz de la entrada en vigor de la reforma en el mes de julio los ciudadanos se alejarán del registro civil, pues hasta ahora podían acceder al servicio en cada partido judicial y en los juzgados de paz, pero a partir de la nueva ley "os cidadáns de todos os pobos terán que desprazarse ata o rexistro mercantil para facer todas as xestións".

En la concentración recibieron este jueves el apoyo de trabajadores de servicios como las funerarias, de miembros de la Plataforma Non Crematorios Zona Leste y del partido Anova Pontevedra, entre otros.


Publicado o 27/03/2015 en www.pontevedraviva.com

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Foto: Mónica Patxot

Funcionarios judiciales se concentran contra la privatización del registro civil

A Coruña: Más de un centenar de trabajadores de Justicia se concentraron ayer en la puerta del edificio de Nuevos Juzgados en contra de la privatización del Registro Civil. Los empleados públicos, que portaban camisetas amarillas con el lema No a la privatización, llevaron a la concentración un ataúd como símbolo "de la muerte" de este servicio. "Estamos peleando para que el registro siga quedando en manos del Estado", señaló Miguel Ferreiro, trabajador del servicio en A Coruña. Los funcionarios advierten de que, si los registradores mercantiles asumen sus cometidos, todos los ciudadanos tendrán que pagar por trámites, algunos de ellos obligatorios, que en la actualidad son gratuitos. Ferreiro también se preguntó qué pasará "con los millones de datos que obran en el Ministerio de Justicia y que pasarán a manos privadas".

Los funcionarios, además de concentraciones todos los jueves para expresar su rechazo a la medida anunciada por el Gobierno, para el 11 de abril convocaron una protesta en Madrid. Los trabajadores advierten de que es un problema de los ciudadanos, ya que ellos no se quedarían sin trabajo.


Publicado o 27/03/2015 en www.laopinioncoruna.es

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Foto: Víctor Echave

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Ferrol: Protesta de los funcionarios judiciales contra la inminente privatización del Registro Civil

Cerca de un centenar de funcionarios del Palacio de Justicia de Ferrol se movilizaron ayer, desafiando la lluvia, en protesta por la próxima desaparición del Registro Civil. Los participantes, convocados por los sindicatos CCOO, USO, UGT, CSI-F, CIG y SATJ, se concentraron a las doce de la mañana en la puerta de los juzgados y desde allí se dirigieron a la plaza de Armas, donde protagonizaron una concentración ante el Concello ferrolano.

La protesta de ayer, con la que se pone en marcha un nuevo calendario de movilizaciones –ya hubo concentraciones cuando se anunció la medida del Gobierno central– tenía por objeto concienciar a la ciudadanía del problema que va a suponer la de-saparición de los registros civiles. De ahí que durante la marcha, además de portar una pancarta en la que se leía: “Non á privatización do Rexistro Civil”, los participantes repartiesen folletos informativos sobre las desventajas para la población en general que supondrá el traspaso de las competencias del citado servicio a los registros mercantil.

En esta línea, los funcionarios señalan en que los mayores perjudicados no son ellos, porque van a ser redistribuidos por los diferentes órganos judiciales, sino la ciudadanía en general, que tendrá que desplazarse a la ciudad de A Coruña, donde está el Registro Mercantil, para realizar gestiones que hasta ahora se hacían en Ferrol y, además, pagar por ellas.

Insisten en que por este servico, que es público y gratuito, porque se sostiene con los impuestos de todos los españoles, todo el mundo tiene que pasar alguna vez a lo largo de su vida, ya que es donde se tramitan las inscripciones y partidas de nacimiento, los matrimonios, las fes de vida y las defunciones, además de cuestiones relacionadas con las adopciones y el cambio de sexo, por ejemplo. Respeto a estas últimas, destacan el hecho de que se trata de documentación privada que hasta ahora está custodiada por funcionarios públicos, pero que con el trasvase quedará a disposición de otras personas, por lo que la confidencialidad no queda garantizada.

El personal del Registro Civil denuncia, además, el importante gasto que realizó en los últimos años la Administración de Justicia, a través de los presupuestos generales del Estado, para digitalizar los archivos –cerca de 130 millones de euros–, para ahora hacer entrega del servicio a los registros mercantiles y de la propiedad.

La fecha prevista para el inicio del traspaso es el próximo día 15 de julio, aunque se prevé que ambos registros convivan hasta el 1 de enero de 2017.


Publicado o 27/03/2015 en www.diariodeferrol.com

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Foto: Jorge Meis

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Pontevedra: Las funerarias se suman a las protestas contra la "privatización" del Registro Civil

Temen que la caída en "manos privadas" de este servicio público complique y encarezca los trámites para los enterramientos, algo que acabaría repercutiendo en los ciudadanos

Empresas funerarias de Pontevedra se sumaron ayer a las movilizaciones que están llevando a cabo los funcionarios de la administración de Justicia en la ciudad como consecuencia de la próxima entrada en vigor de la ley que, según ellos, "privatiza" el Registro Civil, un servicio que pasaría a manos de los registradores mercantiles.

Las funerarias se sumaron a las protestas ante el temor de que la "privatización" del Registro Civil "complique" y "encarezca" los trámites burocráticos que son necesarios para realizar un enterramiento tras una defunción. Las empresas mostraron así su "descontento" por la desaparición de un servicio del que destacan su buen funcionamiento. Además, los participantes en la concentración manifestaron sus dudas acerca del funcionamiento del servicio una vez que se encuentre en manos privadas. Se preguntan si se va a mantener disponible los fines de semana para actuaciones urgentes como pueden ser, precisamente, las defunciones. Lamentan que gestiones que hasta ahora se realizaban de manera "sencilla" en un servicio público puedan complicarse. Los funerarios, al igual que los trabajadores de Justicia, llaman la atención a los ciudadanos de los perjuicios que tendría la privatización del Registro Civil e insisten en que aunque algunos trámites y documentos seguirán realizándose de forma gratuita, se prevé que se incrementen los aranceles que cobran los registradores por la inscripción de determinados actos, así como que el Gobierno aumente el número de supuestos en los que es necesario acudir a los registradores de la propiedad.

Además, llaman la atención sobre el hecho de que datos privados de los ciudadanos estén gestionados por personas que no son funcionarios con obligación de respetar la confidencialidad de los mismos. Advierten que los ciudadanos deberán también acudir a realizar sus trámites a aquellos municipios en los que hay registradores mercantiles.

Inicialmente estaba previsto que se realizase una manifestación en torno a los juzgados de A Parda, pero finalmente se quedó en una concentración que estuvo precedida por un minuto de silencio en homenaje y recuerdo de las víctimas del avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes este martes. Los funcionarios contaron con el apoyo, además de las empresas funerarias, del colectivo que se opone a la instalación de crematorios en la ciudad de Pontevedra, así como de representantes de Anova. Hoy convocan una nueva protesta a las doce del mediodía ante la Audiencia de Pontevedra a la que animan a participar a abogados, procuradores y ciudadanía en general.


Publicado o 27/03/2015 en www.farodevigo.es

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Foto: Gustavo Santos

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Movilizaciones de los funcionarios de Pontevedra para salvar el Registro Civil

Aseguran que la "privatización" de este servicio hasta ahora gratuito supondrá un mayor coste para los ciudadanos.

Los funcionarios de los juzgados de A Parda respaldan de forma unánime iniciar movilizaciones para intentar frenar la "privatización" del Registro Civil. Los distintos sindicatos del sector Justicia respaldan estas actuaciones, aunque cabe destacar que la iniciativa parte del propio funcionariado y, más concretamente, de aquellos que desempeñan su actividad en el Registro Civil y que alertan de que las reformas planteadas por el gobierno van a tener importantes consecuencias para los ciudadanos.

Es por ello que uno de los pilares en los que se asentará esta campaña de movilizaciones que plantean los funcionarios de Justicia es intentar hacer llegar a los pontevedreses información detallada sobre este proceso que, si no hay cambios, provocará que las funciones del Registro Civil queden en manos de los registradores de la propiedad.

En nombre de todos los funcionarios tomó la palabra la presidenta de la Junta de Personal, Lola Filgueira, quien acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de "faltar a la verdad" a la hora de dar información sobre las consecuencias que tendrá para el ciudadano la privatización del Registro Civil. Filgueira explicó que, si bien es cierto que trámites habituales como los nacimientos, las defunciones o los matrimonios seguirán siendo gratuitos, los funcionarios aseguran que los costes para el ciudadano se dispararán dado que se plantea cobrar aranceles por trámites que ahora no tienen coste para el administrado. Además, acusan al Gobierno de financiar de manera "encubierta" esta "privatización" del Registro Civil al incrementar los aranceles que se pagan actualmente por distintos actos en los registros mercantiles entre un 800 y un 6.000%, además de aumentar el número de actos que será necesario inscribir ante estos registradores, que son "profesionales liberales y no funcionarios", como aseguran que quiere "vender el Ministro".

Las reformas entrarán en vigor el 15 de julio y los efectos ya se están dejando notar ahora. Como ya informó FARO, se ha dejado de dar cita para realizar bodas más allá del 15 de febrero aunque los funcionarios se comprometen a finalizar todos los expedientes iniciados antes de esa fecha. También hay problemas con las nacionalidades. Asimismo, se preguntan si habrá asistencia los fines de semana para trámites urgentes como los fallecimientos o las licencias de enterramiento y qué va a ocurrir con la custodia de todos los documentos que guardan en sus archivos.

Las movilizaciones incluyen una campaña de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que frene esta reforma.


Publicado o 13/03/2015 en www.farodevigo.es

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Los funcionarios alertan de que la reforma del Registro Civil afecta a la ciudadanía

Advierten de que trámites que hasta ahora eran gratuitos pasarán a estar gravados con un arancel.

Los funcionarios judiciales de Pontevedra escenificaron ayer su unión contra la reforma del Registro Civil, que tachan de privatización en toda regla. De este modo, advirtieron de que la desaparición de este organismo no solo tendrá efectos a nivel de los empleados públicos, sino que afecta a toda la ciudadanía.

Así, advirtieron de que trámites que hasta ahora eran gratuitos pasarán a estar gravados con una arancel en el momento en el que los registradores mercantiles asuman las competencias. Además, señalaron que van a pasar a ser obligatorios determinados procedimientos que hasta ahora no era necesario inscribir en el registro.

En cuanto a las bodas, los funcionarios se comprometieron a completar los expedientes que les lleguen hasta el 15 de julio, al tiempo que anunciaron una recogida de firmas, concentraciones y una campaña informativa.


Publicado o 13/03/2015 en www.lavozdegalicia.es

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Inician la lucha contra la privatización del Registro Civil

Los funcionarios de Justicia de Pontevedra advierten de que la nueva ley elevará los costes de los trámites a todos los ciudadanos.

Los trabajadores de la Administración de Justicia en Pontevedra han decidido poner en marcha una campaña informativa y reivindicativa "en contra de la privatización del Registro Civil".

Las medidas de protesta comenzaron este jueves con una comparecencia pública en el Edificio de los Juzgados de A Parda. Según han explicado, se trata de una convocatoria unitaria, "al margen de las siglas sindicales" que, a lo largo de los próximos meses, incluirá información a pie de calle a los ciudadanos y concentraciones a las puertas de los juzgados para "hacer visible" la "privatización de los servicios" del Registro Civil.

Además, promoverán una recogida de firmas que se marca el objetivo de reunir 500.000 apoyos en toda España para poder tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil, que desvincula este servicio del sistema judicial a partir de su entrada en vigor el próximo 15 de julio.


Publicado o 12/03/2015 en http://diariodepontevedra.galiciae.com

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Pontevedra: Todos os traballadores dos xulgados mobilizaranse unidos contra a privatización do rexistro civil

"Non á privatización do rexistro civil" e "Sen Xustiza non hai dereitos. Non aos recortes" foron os dous lemas que este xoves 'reinaron' nos xulgados da Parda. Varias decenas de funcionarios vestiron camisetas que, en cor amarela, repetían as consignas e escenificaron ante os medios de comunicación a unidade que se xerou entre todos os traballadores xudiciais para alertar os cidadáns sobre a privatización dos servizos do rexistro civil e loitar para que non se produza.

Todos os traballadores, á marxe das siglas sindicais, decidiron poñer en marcha unha campaña informativa e reivindicativa que comezou este xoves cunha comparecencia pública e que ao longo dos próximos meses incluirá información a pé de rúa aos cidadáns, concentracións ás portas dos xulgados para "hacer visible" a situación e unha recollida de firmas que se marca o obxectivo de reunir 500.000 apoios en toda España para poder tramitar unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) contra a reforma da Lei 20/2011 de Rexistro Civil.

En nome de todos os traballadores falou Lola Filgueira, delegada da Xunta de Persoal na Parda, que avanzou que a nivel estatal as mobilizacións incluirán unha manifestación de todo o sector da Xustiza en Madrid nunha data aínda sen fixar para facer ver o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, e o ministro de Xustiza, Rafael Catalá, a súa oposición á reforma legal do Ministerio de Xustiza, oposición que xa amosaran na rúa nos dous últimos anos a través de distintas protestas, pero que agora se incrementa ante a inmediata entrada en vigor.

Os traballadores defenden que o rexistro civil siga sendo público fronte a unha reforma da lei que, segundo alertan, supoñerá privatizar o sevicio en mans dos rexistradores da propiedade. A pesar de que Catalá insiste en que o servizo seguirá sendo público, os traballadores insisten en que o ministro "falta a la verdad" porque caerá en mans duns traballadores que "no son funcionarios públicos en sentido estricto" e que, ademais, teñen empregados con relacións laborais de carácter privado.

Entre outros perigos, alertan de falta de claridade sobre a forma en que se prestará o servizo unha vez que o próximo 15 de xullo entre en vigor a nova reforma da Lei de Rexistro Civil. "No se sabe, no está claro" como se xestionarán determinadas cuestións como os expedientes de matrimonio, as fé de vida ou os certificados de enterramento.

No caso particular de Pontevedra, unha das traballadoras actuais do rexistro, Dores Fidalgo, asegurou que o persoal se comprometeu a garantir que de aquí a xuño se tramiten todos os expedientes de matrimonio e axilizar os procedementos xa en marcha, pero deixaron de dar citas para vodas civís a celebrar despois do 15 de xullo porque "no sabemos qué va a pasar", onde se celebrarán e quen asumirá os trámites. Esta situación repítese en todos os servizos que prestan na actualidade e que pasarán a mans privadas.

Segundo os datos facilitados polos traballadores, na actualidade realizan funcións relacionadas co rexistro civil 33 funcionarios xudiciais na provincia e outras 50 persoas que traballan nos xulgados de paz. Eles seguirán traballando e, como moito, serán trasladados de posto, pero "todos sufriremos como ciudadanos el efecto de esto". Así, aseguran que non se mobilizan como funcionarios, senón como cidadáns afectados por unha medida que implicará que todos pasen a pagar por servizos que ata agora tiñan de forma gratuíta e porque a partir do 15 de xullo, se esta reforma non se paraliza, "se aleja al ciudadano del registro civil" tanto a nivel económico como territorial.


Publicado o 12/03/2015 en  http://pontevedraviva.com

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El Registro Civil de Pontevedra deja de fijar fechas para bodas

La decisión, al parecer, es consecuencia de la incertidumbre que está generando la reforma legal que entrará en vigor el próximo 15 de julio.

Lo único que tienen claro es que el próximo 15 de julio está previsto que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil, la normativa que paulatinamente ira cediendo la competencia de estos órganos judiciales a los registradores mercantiles. Las primeras consecuencias de este plazo ya se notan en Pontevedra, donde las bodas por el Registro Civil tienen los días contados y, de hecho, ya no se señalan nuevas fechas para celebraciones.

Esto está provocando que los funcionarios aconsejen a las futuras parejas de casados que pretendían llevar a cabo esta ceremonia en la sala habilitada en el edificio judicial de A Parda que recaben información en los distintos Ayuntamientos de la comarca. El problema es que los propios empleados públicos desconocen qué ocurrirá a partir del 15 de julio, esto es, si ya por entonces las bodas las podrá oficiar un notario, tal y como estaba previsto en un principio.

Paralelamente, los funcionarios pontevedreses están extendiendo su jornada laboral para adelantar en lo posible los expedientes matrimoniales actualmente en tramitación. Lo cierto es que los empleados públicos pontevedreses ya exteriorizan su oposición a la, según ellos, privatización del Registro Civil, un proceso que el Gobierno prevé completar en el 2017, fecha en la que estos órganos dejarán de existir definitivamente. La intención es que en estos dos años, los registradores mercantiles vayan asumiendo paulatinamente más competencias. De este modo, en veinticuatro meses se habrá completado una desjudicialización.

Fuentes sindicales incidieron en que los titulares de los Registros Mercantiles son empleados públicos con la característica propia de que sus emolumentos dependen, en gran medida, de unas tasas que los usuarios deben abonar cuando realizan cualquier tipo de inscripción. Con la reforma legal, deberán asumir un incremento de la carga de trabajo, que, según reseñaron en su momento responsables sindicales, tendrá que ser compensado. La cuestión es si se llevará a cabo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado o si, por el contrario, se implantará algún tipo de arancel para trámites que, hoy en día, son gratuitos.

En este sentido, existe el temor de que, si bien la expedición de certificados de nacimiento o de defunción seguirá teniendo un coste cero, habrá otros trámites, como pueden ser las inscripciones matrimoniales o los procesos de cambio de nombre, que podría empezar a estar sujetos a tasas. Ante este escenario, hay quien ya prevé que, a medida que se aproxime la fecha tope del 15 de julio, aumentará la demanda de determinados certificados, como los de estado que se emplean en las solicitudes de pensiones, ante la posibilidad de que, en un futuro, estén penalizados con una tasa.

La incertidumbre rodea a qué trámites tendrán asociado el pago de un arancel

historia, a veces, depara paradojas curiosas. En el caso del Registro Civil no deja de ser anecdótico que sean dos compostelanos los que hayan determinado su provenir. El primero, Eugenio Montero Ríos que, como ministro de Gracia y Justicia, implantó en 1871 este organismo judicial. El segundo, Mariano Rajoy, bajo cuyo Gobierno se ha certificado su defunción.

Pero, ¿qué consecuencias tendrá para el ciudadano? Lo cierto es que, a día de hoy, es complicado adivinarlas, toda vez que aún no se han aclarado determinados aspectos de la reforma, entre ellos, qué trámites estarán sujetos a aranceles. Además, se espera que determinados hechos que hasta ahora no era preciso registrar, como el domicilio o la inscripción y revocación de poderes notariales, tengan un coste asociado.

Ayer, sin ir más lejos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que «seguirá siendo» gratuito, al tiempo que remarcó que se trata de «articular un registro electrónico, público y gratuito que llevarán funcionarios públicos como los registradores de la propiedad y mercantil». Y es aquí donde, tal vez, radique el principal beneficio -único, a decir de algunos- para los ciudadanos: las nuevas tecnologías podrían hacer innecesario el desplazarse hasta una sede física. Y de hecho, se espera que en breve los nacimientos se puedan inscribir directamente desde el hospital.

Publicado o 11/03/2015 en www.lavozdegalicia.es

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Funcionarios con camisetas contra la "privatización" del Registro Civil, ayer, ante el salón de bodas del juzgado de A Parda. // R. Vázquez