A Coruña: Funcionarios judiciales recogerán firmas contra la privatización del registro

A Coruña. Más de un centenar de funcionarios judiciales se reunió ayer en una de las salas de vistas de la Audiencia para mostrar su rechazo a la previsible privatización del Registro Civil. Los asistentes insistieron en que es un problema que atañe a la ciudadanía, ya que, si el servicio dejase de ser público, tendría que pagar por trámites como certificados de defunción, matrimoniales o partidas de nacimiento. Así, los funcionarios insistieron en que serían recolocados en otros puestos, por lo que recalcan que no es un problema personal. Una de las portavoces insistió en que el registro funciona desde 1871 y que maneja datos privados de las familias. Los funcionarios recogerán firmas esta semana en contra de la privatización y organizarán concentraciones.


Publicado o 18/03/2015 en www.laopinioncoruna.es

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Movilizaciones de los funcionarios de Pontevedra para salvar el Registro Civil

Aseguran que la "privatización" de este servicio hasta ahora gratuito supondrá un mayor coste para los ciudadanos.

Los funcionarios de los juzgados de A Parda respaldan de forma unánime iniciar movilizaciones para intentar frenar la "privatización" del Registro Civil. Los distintos sindicatos del sector Justicia respaldan estas actuaciones, aunque cabe destacar que la iniciativa parte del propio funcionariado y, más concretamente, de aquellos que desempeñan su actividad en el Registro Civil y que alertan de que las reformas planteadas por el gobierno van a tener importantes consecuencias para los ciudadanos.

Es por ello que uno de los pilares en los que se asentará esta campaña de movilizaciones que plantean los funcionarios de Justicia es intentar hacer llegar a los pontevedreses información detallada sobre este proceso que, si no hay cambios, provocará que las funciones del Registro Civil queden en manos de los registradores de la propiedad.

En nombre de todos los funcionarios tomó la palabra la presidenta de la Junta de Personal, Lola Filgueira, quien acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de "faltar a la verdad" a la hora de dar información sobre las consecuencias que tendrá para el ciudadano la privatización del Registro Civil. Filgueira explicó que, si bien es cierto que trámites habituales como los nacimientos, las defunciones o los matrimonios seguirán siendo gratuitos, los funcionarios aseguran que los costes para el ciudadano se dispararán dado que se plantea cobrar aranceles por trámites que ahora no tienen coste para el administrado. Además, acusan al Gobierno de financiar de manera "encubierta" esta "privatización" del Registro Civil al incrementar los aranceles que se pagan actualmente por distintos actos en los registros mercantiles entre un 800 y un 6.000%, además de aumentar el número de actos que será necesario inscribir ante estos registradores, que son "profesionales liberales y no funcionarios", como aseguran que quiere "vender el Ministro".

Las reformas entrarán en vigor el 15 de julio y los efectos ya se están dejando notar ahora. Como ya informó FARO, se ha dejado de dar cita para realizar bodas más allá del 15 de febrero aunque los funcionarios se comprometen a finalizar todos los expedientes iniciados antes de esa fecha. También hay problemas con las nacionalidades. Asimismo, se preguntan si habrá asistencia los fines de semana para trámites urgentes como los fallecimientos o las licencias de enterramiento y qué va a ocurrir con la custodia de todos los documentos que guardan en sus archivos.

Las movilizaciones incluyen una campaña de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que frene esta reforma.


Publicado o 13/03/2015 en www.farodevigo.es

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Los funcionarios alertan de que la reforma del Registro Civil afecta a la ciudadanía

Advierten de que trámites que hasta ahora eran gratuitos pasarán a estar gravados con un arancel.

Los funcionarios judiciales de Pontevedra escenificaron ayer su unión contra la reforma del Registro Civil, que tachan de privatización en toda regla. De este modo, advirtieron de que la desaparición de este organismo no solo tendrá efectos a nivel de los empleados públicos, sino que afecta a toda la ciudadanía.

Así, advirtieron de que trámites que hasta ahora eran gratuitos pasarán a estar gravados con una arancel en el momento en el que los registradores mercantiles asuman las competencias. Además, señalaron que van a pasar a ser obligatorios determinados procedimientos que hasta ahora no era necesario inscribir en el registro.

En cuanto a las bodas, los funcionarios se comprometieron a completar los expedientes que les lleguen hasta el 15 de julio, al tiempo que anunciaron una recogida de firmas, concentraciones y una campaña informativa.


Publicado o 13/03/2015 en www.lavozdegalicia.es

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Inician la lucha contra la privatización del Registro Civil

Los funcionarios de Justicia de Pontevedra advierten de que la nueva ley elevará los costes de los trámites a todos los ciudadanos.

Los trabajadores de la Administración de Justicia en Pontevedra han decidido poner en marcha una campaña informativa y reivindicativa "en contra de la privatización del Registro Civil".

Las medidas de protesta comenzaron este jueves con una comparecencia pública en el Edificio de los Juzgados de A Parda. Según han explicado, se trata de una convocatoria unitaria, "al margen de las siglas sindicales" que, a lo largo de los próximos meses, incluirá información a pie de calle a los ciudadanos y concentraciones a las puertas de los juzgados para "hacer visible" la "privatización de los servicios" del Registro Civil.

Además, promoverán una recogida de firmas que se marca el objetivo de reunir 500.000 apoyos en toda España para poder tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil, que desvincula este servicio del sistema judicial a partir de su entrada en vigor el próximo 15 de julio.


Publicado o 12/03/2015 en http://diariodepontevedra.galiciae.com

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Vigo llama a “dar el do de pecho” contra la “privatización” del registro civil

Dicen que "no queda libre nadie" y aseguran que se pagará más, se comprometerán datos, y podrían haber problemas para celebrar bodas.

Funcionarios de los juzgados de Vigo han dado comienzo este jueves a una campaña que se desarrollará en toda España con el objetivo de "dar el do de pecho" para "paralizar el ataque directo a los ciudadanos" que se producirá a través de la "privatización" del registro civil.

Así lo ha comunicado el portavoz de los trabajadores Pablo Valeiras, en una rueda de prensa, donde han estado presentes varias decenas de trabajadores como público y otros tantos ataviados con camisetas amarillas con mensajes contra la privatización y en defensa de que "sin justicia no hay derechos".

Valeiras ha indicado que la campaña buscará llegar a los ciudadanos, a los que informará sobre cómo les afectan las medidas que pretende implantar el Gobierno en el registro civil --donde se tramitan certificados de nacimiento, de defunción, de matrimonio, fe de vida y estado, y expedientes de rectificación de errores, entre otros-- y las "mentiras" sobre las que se apoyan para justificarlas.

Los trabajadores han subrayado que con los cambios que se van a producir en el registro civil "no queda libre nadie" de verse afectado, ni trabajadores, ni ONGs, ni empresas, por lo que han insistido en que "no sólo es un problema de los funcionarios" y han llamado a toda la ciudadanía a participar en las distintas iniciativas que están organizando.

Entre estas medidas, han indicado que todos los jueves se concentrarán ante los centros de toda Galicia; apoyarán una iniciativa legislativa popular para que el registro civil siga siendo "público y gratuito"; y realizarán una manifestación de ámbito autonómico en Santiago, tras el que se realizará un gran acto en Madrid.

Asimismo, los funcionarios recogerán firmas en toda España para tratar de conseguir 500.000 "en el menor tiempo posible", puesto que está previsto que desde el 16 de julio de este mismo año entre en vigor el periodo de transición de seis meses antes de la implantación el 1 de enero de 2016 de esta medida.

LAS "MENTIRAS"

Tal y como han trasladado los trabajadores, la "primera mentira" vinculada a este proceso es que el registro civil va a seguir a cargo de personal funcionario, puesto que, han asegurado, los registradores mercantiles "no tienen la condición de funcionarios" sino que son "autónomos" y cobran "aranceles". "Es un primer paso de privatización a cara descubierta", han sentenciado.

En este sentido, han señalado que al ponerse el registro civil en manos de personal que no es funcionario público podría verse comprometido "el nivel de confidencialidad de los datos personales y de empresas", donde estos trabajadores tendrían "una capacidad de presión importante para afectar sobre la vida diaria" de personas y entidades.

Asimismo, han asegurado que también "es mentira que exista una intención de que el registro civil sea gratuito" y han augurado que aunque durante un tiempo algunos servicios seguirán siendo gratis (pagados con impuestos) después pasarán a cobrarlos. Igualmente, han aventurado que se ampliará el número de trámites de revisión obligatoria y que los precios se multiplicarán entre 400 y 6.000 veces.

Los trabajadores han criticado que precisamente "ahora que hubo" una inversión para informatizar los archivos, el registro civil "se pone en manos privadas". Además, han mantenido que, mientras que hay sedes de registro civil en todas las localidades, los mercantiles cuentan con menos sedes, lo que "multiplicará los costes de todo" y "repercutirá aún más sobre los ciudadanos".

Al igual que sobre el incremento de los costes, los funcionarios han alertado específicamente sobre la celebración de bodas civiles, de las que no saben quién las va a celebrar desde este mismo verano. "No quieren darnos información, respecto a nada se habla de nada, hay opacidad total", ha criticado el personal, que ha dicho desconocer también cuál será el destino de los funcionarios que trabajan en el registro civil.

ANTECEDENTES

Tal y como ha repasado Clara Iglesias, el servicio de registro civil existe desde 1870 y desde entonces ha sufrido hasta tres reformas "siempre consensuadas", la última en 2011. No obstante, ha comentado que, con la entrada en el Gobierno del Partido Popular, ésta fue reformada mediante un anteproyecto de ley con el que pretendía que el registro civil fuese "llevado" por los registradores de la propiedad.

Así, ha indicado que el Gobierno y los registradores de la propiedad intentaron llegar a un acuerdo sobre la dotación económica pero, al no conseguirlo, el pacto se alcanzó finalmente con los registradores mercantiles, que plantearon "un anteproyecto totalmente distinto". "Es kafkiano, sobre todo por el impacto a los ciudadanos y a los trabajadores, que no nos tienen en cuenta para nada", ha lamentado.

"El problema es que se quiere favorecer a determinado colectivo", ha criticado Iglesias, que ha apuntado que los beneficios irán a "las familias Rajoy, Gallardón y amigos". Además, ha dicho que con esto se pondría una solución al problema que tienen los registradores de la propiedad, que no existen como tal en Europa y "los tienen que reconvertir".


Publicado o 12/03/2015 en www.europapress.es

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Pontevedra: Todos os traballadores dos xulgados mobilizaranse unidos contra a privatización do rexistro civil

"Non á privatización do rexistro civil" e "Sen Xustiza non hai dereitos. Non aos recortes" foron os dous lemas que este xoves 'reinaron' nos xulgados da Parda. Varias decenas de funcionarios vestiron camisetas que, en cor amarela, repetían as consignas e escenificaron ante os medios de comunicación a unidade que se xerou entre todos os traballadores xudiciais para alertar os cidadáns sobre a privatización dos servizos do rexistro civil e loitar para que non se produza.

Todos os traballadores, á marxe das siglas sindicais, decidiron poñer en marcha unha campaña informativa e reivindicativa que comezou este xoves cunha comparecencia pública e que ao longo dos próximos meses incluirá información a pé de rúa aos cidadáns, concentracións ás portas dos xulgados para "hacer visible" a situación e unha recollida de firmas que se marca o obxectivo de reunir 500.000 apoios en toda España para poder tramitar unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) contra a reforma da Lei 20/2011 de Rexistro Civil.

En nome de todos os traballadores falou Lola Filgueira, delegada da Xunta de Persoal na Parda, que avanzou que a nivel estatal as mobilizacións incluirán unha manifestación de todo o sector da Xustiza en Madrid nunha data aínda sen fixar para facer ver o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, e o ministro de Xustiza, Rafael Catalá, a súa oposición á reforma legal do Ministerio de Xustiza, oposición que xa amosaran na rúa nos dous últimos anos a través de distintas protestas, pero que agora se incrementa ante a inmediata entrada en vigor.

Os traballadores defenden que o rexistro civil siga sendo público fronte a unha reforma da lei que, segundo alertan, supoñerá privatizar o sevicio en mans dos rexistradores da propiedade. A pesar de que Catalá insiste en que o servizo seguirá sendo público, os traballadores insisten en que o ministro "falta a la verdad" porque caerá en mans duns traballadores que "no son funcionarios públicos en sentido estricto" e que, ademais, teñen empregados con relacións laborais de carácter privado.

Entre outros perigos, alertan de falta de claridade sobre a forma en que se prestará o servizo unha vez que o próximo 15 de xullo entre en vigor a nova reforma da Lei de Rexistro Civil. "No se sabe, no está claro" como se xestionarán determinadas cuestións como os expedientes de matrimonio, as fé de vida ou os certificados de enterramento.

No caso particular de Pontevedra, unha das traballadoras actuais do rexistro, Dores Fidalgo, asegurou que o persoal se comprometeu a garantir que de aquí a xuño se tramiten todos os expedientes de matrimonio e axilizar os procedementos xa en marcha, pero deixaron de dar citas para vodas civís a celebrar despois do 15 de xullo porque "no sabemos qué va a pasar", onde se celebrarán e quen asumirá os trámites. Esta situación repítese en todos os servizos que prestan na actualidade e que pasarán a mans privadas.

Segundo os datos facilitados polos traballadores, na actualidade realizan funcións relacionadas co rexistro civil 33 funcionarios xudiciais na provincia e outras 50 persoas que traballan nos xulgados de paz. Eles seguirán traballando e, como moito, serán trasladados de posto, pero "todos sufriremos como ciudadanos el efecto de esto". Así, aseguran que non se mobilizan como funcionarios, senón como cidadáns afectados por unha medida que implicará que todos pasen a pagar por servizos que ata agora tiñan de forma gratuíta e porque a partir do 15 de xullo, se esta reforma non se paraliza, "se aleja al ciudadano del registro civil" tanto a nivel económico como territorial.


Publicado o 12/03/2015 en  http://pontevedraviva.com

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