El Constitucional no avala la privatización por decreto del Registro Civil

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nula la privatización por decreto-ley del Registro Civil que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy en julio de 2014, tras un recurso presentado por el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados.

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Derrogada a "entrega" do Rexistro Civil aos rexistradores da propiedade e mercantís

No Boletín Oficial do Estado número 167, do 14 de xullo de 2015, publícase a Lei 19/2015, do 13 de xullo, de medidas de reforma administrativa no ámbito da Administración de Xustiza e do Rexistro Civil que, na súa disposición derrogatoria única, establce:

Disposición derogatoria única

1. Quedan derogadas las disposiciones adicionales vigésima, vigesimoprimera, vigesimotercera, vigesimocuarta y vigesimoquinta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo previsto en la presente Ley.

As devanditas disposicións establecían o seguinte:

Texto

Disposición adicional vigésima. Prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

La Ley 20/2011, de 21 de julio, en la parte que al día de la publicación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, no hubiera entrado en vigor, lo hará el día 15 de julio de 2015.

Disposición adicional vigesimoprimera. Llevanza del Registro Civil.

A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, el Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil y Mercantil.

[Mantense a

Disposición adicional vigesimosegunda. Gratuidad del servicio público.

A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo. ]

Disposición adicional vigesimotercera. Otras modificaciones de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

El Gobierno promoverá, en el plazo más breve posible, las modificaciones de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, necesarias para su adecuación a la llevanza del Registro Civil por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, incluyendo las reglas de competencia para la inscripción de los hechos y actos que deban acceder al Registro Civil y el régimen del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado actualmente en el Registro Civil.

Disposición adicional vigesimocuarta. Uniformidad de los sistemas y aplicaciones informáticas en las Oficinas del Registro Civil.

1. Todas las Oficinas del Registro Civil, incluidas las Consulares, utilizarán un único sistema informático y una misma aplicación, que estará en funcionamiento antes del 15 de julio de 2015, y que serán aprobados por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

El indicado sistema y aplicación estará sujeto al cumplimiento de los niveles máximos de seguridad y demás requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad y demás normativa de seguridad que les sea aplicable atendiendo a la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad de los datos.

2. La contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones, y la de aquellos otros registros y servicios cuya organización y dirección es competencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado que por orden del Ministro de Justicia se determinen, se realizará por la Corporación de Derecho Público que se crea por esta Disposición. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, la referida Corporación formalizará los contratos relativos al sistema informático necesario para la gestión integrada y completa del Registro Civil y de los citados registros y servicios realizando con posterioridad la contratación de las necesarias adaptaciones o actualizaciones del mismo.

No obstante, la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la empresa pública «Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.» u otro medio propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia:

a) El inicio del expediente y la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir los referidos contratos.

b) Seleccionar los contratistas y adjudicar los contratos.

c) El seguimiento y supervisión del proyecto.

El abono del precio, incluido el derivado de la prestación de los servicios permanentes que correspondan, será satisfecho íntegramente por la Corporación de Derecho Público a que esta Disposición se refiere.

A los efectos de esta disposición, los registradores que en cada momento resulten responsables de la llevanza de los Registros Civiles y Mercantiles quedarán integrados en la indicada Corporación de Derecho Público, encargada de la contratación del sistema y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización; dicha Corporación, tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, administrando a tal fin su propio patrimonio separado. A estos efectos, los aranceles que perciban los registradores quedarán afectados a la cobertura directa de los gastos que imponga la creación y gestión de la Corporación, como parte de los generales de funcionamiento y conservación de las oficinas.  Reglamentariamente se determinarán la estructura y órganos de la Corporación a la que se refiere la presente Disposición, así como el régimen de aportación, por los registradores integrados en la misma, de las cuotas necesarias para el adecuado sostenimiento de la misma, sobre el principio de distribución de los gastos entre los citados registradores, en proporción al número de operaciones registrales realizadas por los mismos.

Disposición adicional vigesimoquinta. Funciones de los Juzgados y Tribunales en materia de Registro Civil.

Hasta que las funciones en materia del Registro Civil sean asumidas, de conformidad con la ley, por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, la competencia para la práctica de los asientos, así como para expedir certificaciones y, en general, para las demás actuaciones a realizar en el Registro Civil corresponderá a los Jueces y Magistrados que hasta ese momento tuvieran la condición de Encargados del Registro Civil, o a los Secretarios, por delegación de aquellos de la capacidad de certificación, y se llevará a cabo conforme a la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, en las oficinas en las que actualmente se prestan.

Entrada en vigor

Disposición final décima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el 15 de octubre de 2015, salvo el apartado diez del artículo segundo y el apartado 1 de la disposición derogatoria única, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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Polo tanto, queda derrogada a "entrega" do Rexistro Civil aos rexistradores e mercantís e a súa "privatización".

Suspensión de la Reforma del Registro Civil

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Derogadas todas las normas que traspasaban el Registro Civil a los registradores. Prórroga de la Ley de 2011 hasta 2017

El Congreso ha aprobado hoy la reforma que permitirá la inscripción de los nacimientos directamente desde el hospital sin necesidad de que los padres tengan que desplazarse al Registro Civil, a partir del próximo 15 de octubre, pero que no reconoce la inscripción a los hijos de "vientre de alquiler".


Con 23 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia ha avalado el proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, al que se han introducido seis enmiendas técnicas y que ahora pasa al Senado para continuar su tramitación.

La reforma establece la tramitación electrónica de los nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios, por lo que los padres y familiares ya no tendrán que desplazarse al Registro Civil para realizar ambos trámites.

Para la inscripción de los recién nacidos, los centros sanitarios deberán remitir toda la documentación al Registro Civil en un plazo de 72 horas desde el nacimiento y los facultativos serán los responsables de identificar al bebé y certificar su filiación materna.

Los padres, junto a los facultativos que hayan asistido al parto, firmarán el formulario oficial de declaración al que se incorporará el acreditativo del nacimiento.

Finalmente, el texto no reconoce el derecho de inscripción en el Registro Civil de los hijos de españoles nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero, conocida también como "vientre de alquiler", pese al anuncio que hizo en diciembre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en este sentido.

Por otra parte, la norma recoge el acuerdo alcanzado por todos los grupos para derogar todas las leyes vinculadas al traspaso de su gestión a los registradores de propiedad y mercantiles, y ampliar hasta junio de 2017 el plazo de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los registros.

De esta forma, se abre un periodo de negociación de dos años para que el Gobierno y los agentes implicados negocien una reforma que ahora arranca de cero, después de que el Ministerio de Justicia abandonase definitivamente su propuesta que encomendaba la gestión de los registros al cuerpo de registradores.

En el debate parlamentario, los portavoces de la oposición han celebrado el acuerdo que permite "dar marcha atrás" a una reforma que habían calificado de "atropello y disparate", por lo que han agradecido al PP por su posición para alcanzar un acuerdo común, un consenso que también ha destacado la diputada popular Sara Cobo.

Así, Julio Villarrubia (PSOE) ha calificado como "muy positiva" la renuncia de Justicia al plan original y Jordi Jané (CiU) ha señalado que "ya habrá tiempo para acordar soluciones mejores".

No obstante, la Izquierda Plural ha pedido que la futura reforma "no quede en estado de coma" mientras que Rosa Díez (UPyD) ha advertido del "vacío legal" que existirá hasta 2017, al igual que Emilio Olabarría (PNV) que ha dicho que el Registro Civil "queda ahora huérfano".


Publicado o 02/06/2015 en http://eldia.es/

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Grazas a tod@s: En defensa dun Rexistro Civil público e gratuíto

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Grazas a todos os compañeir@s que, nas cidades, nas vilas e nos pobos, non se resignaron e loitaron por unha causa xusta

El gobierno aparca la reforma del Registro Civil hasta 2017

La Ley del Registro Civil no entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2017, dos años después del último plazo previsto.

Todos los grupos parlamentarios se van a adherir a las dos enmiendas presentadas por el PP.

También se anula la polémica plataforma informática única para todos los registros, pero se mantiene la garantía de gratuidad de los trámites.

La reforma del Registro Civil ha quedado aparcada hasta junio de 2017. El Congreso prorroga dos años la entrada en vigor de la Ley 20/2011 que ordena la desjudialización del Registro Civil.

El acuerdo se ha producido después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, renunciara a traspasar los Registros Civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles con el fin de buscar una “reforma pactada y consensuada” con las partes implicadas y los grupos políticos.

La falta de consenso sobre la cuestión y las reticencias de los profesionales convencieron a Catalá de que no era el momento ni el modo de hacer el cambio.
Para hacer posible esa “vacatio legis” (periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en vigor) de dos años, el PP ha enmendado la reforma del Registro Civil derogando las leyes vinculadas al traspaso de la gestión a través de dos enmiendas.

Los partidos políticos tienen ahora por delante un periodo de negociación de 25 meses en los que todas las partes implicadas tienen que encontrar un nuevo modelo de Registro Civil que cuente con el consenso general.

Queda aparcada, por lo tanto, la pretensión del Ministerio de Justicia de encomendar la gestión de los Registros Civiles al cuerpo de registradores, una iniciativa puesta en marcha por el anterior titular de la cartera, Alberto Ruiz Gallardón.

La decisión se concreta en dos enmiendas. En la primera, referida al Real Decreto que asignaba la gestión de los registros civiles a los registradores mercantiles, a la Ley de convalidación del anterior decreto en igual sentido, se dice que “quedan derogadas cuantas normas se opongan a los previsto en la presente ley”.

En la segunda enmienda, el Partido Popular fija el 30 de junio de 2017 como la fecha de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011 por el Gobierno del PSOE, que obliga a la desjudialización de los registros en vez del 15 de julio próximo, como establecía en el plan inicial del Gobierno.

Sin embargo, los planes del Ejecutivo de registrar los nacimientos y muertes desde el hospital siguen adelante, aunque su entrada en vigor se amplía al 15 de octubre.
Esta novedad no tenía fecha de entrada en vigor ya que se vinculaba a la entrada en vigor de la Reforma del Registro Civil.


Publicado o 14/05/2015 en www.confilegal.com

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Catala: «Los registros civiles se quedan como están y donde están porque la ley y el decreto se van a derogar»

«No tengo una pieza estrella en esta reforma judicial, ni quiero ser recordado como el padre de ninguna reforma, sino como el director de una orquesta de profesionales del Derecho que tocan a la vez una partitura bien ejecutada». La frase sonó a que en la Administración de Justicia quedan aún por corregir muchas distorsiones y también sonó a balance de despedida de legislatura en vísperas de campaña electoral y en el contexto de otra despedida, la de la tercera edición del Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla, que ayer puso el punto y seguido a todo un curso de debates sobre el papel de los jueces en la regeneración democrática. El ministro Rafael Catalá, que se cuida mucho de dar grandes titulares a la prensa -aunque en la última semana haya dado unos cuantos a su pesar-, anunció que el Gobierno del Partido Popular pretende que el «magnífico producto normativo» que está en trámite parlamentario, y muy especialmente, todo el paquete de medidas para luchar contra la corrupción, esté aprobado en este periodo de sesiones. Así que, una vez aprobada la reforma del Código Penal el próximo junio, la programación del Ejecutivo es tener en marcha toda la maquinaria legal anticorrupción en otoño y antes de que el presidente Mariano Rajoy convoque las elecciones generales.

Poner cerco a la impunidad

Catalá atribuyó al Partido Popular el mérito de construir todo el marco legal dirigido a la regeneración democrática de un país en el que los ciudadanos, como reconoció a una pregunta del público, se desayunan día sí y otro también, con casos de corrupción. Pero el titular de la cartera de Justicia considera, sin embargo, que «si se conocen todos estos casos antiguos de corrupción es porque el sistema de Derecho funciona, porque de lo contrario no lo estaríamos viendo. Son conductas del pasado y, ante estas conductas, el compromiso del Gobierno es promover medidas de regeneración democrática para fortalecer el sistema de garantías e intensificar el repudio y las sanciones a estas conductas». Y, aunque, apostilló, «es imposible impedir la comisión del delito por muy duro que sea el Código Penal, al menos vamos a cerrar los espacios para la impunidad y a darle una respuesta contundente».

Tras hacer un detallado balance del resultado de sus siete meses al frente del departamento, Catalá no eludió ninguna de las preguntas que surgieron en el coloquio. Muchas de ellas, relacionadas con la reforma del Registro Civil. Una Ley de 2011 y un posterior decreto Ley de 2014 que tendrían que entrar en vigor a partir del 15 de julio próximo, terminado el plazo de ‘vacatio legis’. Pero la reforma para la desjudicialización de los registros civiles no saldrá del cajón porque el Gobierno ha desistido de llevarla a cabo, como reconoció el ministro, ante la gran oposición de casi todos los colectivos judiciales y la negativa de los registradores a asumir el servicio, fundamentalmente, por la financiación. Así que con «un me alegro que me haga esta pregunta», Catalá contestó que el 16 de julio no va a pasar nada porque «los registros civiles se quedan como están y donde están porque la ley y el decreto se van a derogar. No obstante, indicó que más del 50% de las quejas sobre la Administración de Justicia se refieren a los registros civiles y, más en concreto, a los plazos de demora relacionados con algunos expedientes, como los de nacionalidad, demoras incompatibles con un servicio de calidad». Pero a continuación añadió que «como la propuesta ha sido contestada por casi todos, no vamos a llevar a cabo una reforma que parece que éramos los únicos que lo teníamos claro», en alusión a que la Ley del Registro Civil de 2011 fue consensuada en el parlamento por PP y PSOE.

Diálogo y diálogo

No obstante, volvió a apelar a «tomarnos tiempo y buscar un modelo consensuado: estamos abiertos a recibir propuestas». Aunque aprovechó, primero, para volver a anunciar que el próximo otoño se pondrá en marcha la inscripción telemática de los nacimientos en los hospitales y que, se llegue o no a un acuerdo sobre los registros civiles, el servicio no dejará de ser público y gratuito. «Quiero aclararlo porque los opositores hablan de privatización y coste para los ciudadanos y hay quien ha solicitado tres o cuatro certificados para guardarlos en casa por si acaso luego había que pagarlas».

No faltó la pregunta al hilo de las retribuciones de los cargos públicos y las incompatibilidades con otros trabajos en empresas privadas o en la universidad. En este sentido, opinó que «las Cámaras deben plantearse si el sistema español garantiza que no haya conflictos de intereses entre el trabajo público y el privado. La reflexión sobre la exigencia de dedicación exclusiva a los políticos tiene todo el sentido, pero con las compensaciones adecuadas, pero esto es decisión de las Cámaras».

También aclaró por enésima vez, desde que participó en el foro de Barcelona, lo que se ha interpretado como un intento de censurar a los periodistas cuando informan de casos judiciales mediante ‘filtraciones’. El ministro indicó que se limitó a mencionar en ese foro la nueva directiva de la UE sobre el derecho a la presunción de inocencia «y que nosotros tendríamos que ver como se traspone esa directiva a nuestro ordenamiento jurídico, pero tenemos suficientes reformas como para entrar en esa materia». En lo que sí entró ayer, víspera de campaña, fue en la polémica sobre los candidatos imputados-investigados. Para el ministro, «la mera imputación no puede esgrimirse para excluir a un candidato de una lista».


Publciado o 07/05/2015 en http://www.elnortedecastilla.es/

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El Registro Civil, una privatización con freno y marcha atrás

Por Ignacio Gomá Lanzón.

La semana pasada apareció en Infolibre la noticia de que el gobierno había decidido paralizar la cesión (también en El Confidencial y posteriormente en otros medios) del registro civil a los registradores. Creemos que hay que congratularse de esta noticia, no porque se trate de la cesión precisamente a los registradores, que creo que los registradores, junto con los notarios consiguen un delicado equilibrio en el tráfico jurídico que ha fructificado en un adecuado y eficaz sistema de seguridad jurídica. Es más, en sí mismo, que un cuerpo de registradores llevara un registro, el civil, no tenía nada malo. Incluso podía parecer lógico.

Sin embargo, en tal encomienda había algo más que una simple reorganización de funciones; suponía algo que habíamos denunciado reiteradamente en el blog: una captura del regulador, que resulta afectado o influenciado por un determinado grupo de intereses y que consigue que la norma juegue a su favor, como tuve oportunidad de comentar aquí. En ese mismo post están enlazados otros de Rodrigo Tena y de Andrés Ylla sobre esta cuestión, que explican el panorama que he esbozado. En este caso, mediante la toma física de la Dirección General de los Registros y del Notariado y el aprovechamiento de una influencia en todas las instancias políticas, que llevaba directamente a un reforzamiento extraordinario de la posición registral, no gratuita sino a costa de otros principios de nuestro sistema de seguridad jurídica. El proceso se desarrolló en varias fases:

- primeramente, con un cambio radical de la doctrina de la Dirección General bajo el Director General anterior a través de sus resoluciones, en sentido de reforzar siempre la función registral, la función calificadora y el significado de la inscripción.

- segundo, con un intento de transformar con rango legal el sistema con la malograda ley de Reforma Integral de los Registros, que básicamente convertía a los registros ser el punto central de la vida jurídica, como verdaderos “asignadores de Derechos” -en la terminología usada doctrinalmente en ámbitos registrales- y la consagración del anhelado principio “lo que no está en el registro no está en el mundo”. Todo ello en contra de las reglas que rigen nuestro sistema jurídico real inmobiliario y mercantil.

- al fracasar, la maniobra subsiguiente consistió en trocear la ley e ir promulgando leyes sectoriales que consiguieran el mismo o parecido efecto: reforma del reglamento del registro mercantil e hipotecario, la ley de garantías posesorias de sobre bienes muebles, el catastro. Entre ellas estaba la absorción del Registro Civil por los registradores mercantiles que, como idea general, presentaba muchos menos flancos de crítica porque aparecía como una asunción gratuita, pero que ocultaba, con una opacidad digna de mejores lances, una extraña cesión por vía del Ministerio de Defensa de un contrato millonario de informatización a no se sabe quién. Lo cierto es que esto también fracasó, y en tal fracaso tuvieron también su papel muchos registradores que no veían clara la operación y generaron una contestación interna muy importante.

- la última fase ha sido la posibilidad de cesión a los registradores en general mediante la elevación de los aranceles registrales en otras cuestiones, como hace pocas semanas confesó el propio ministro que, no obstante, era “el primero que firma contra la privatización del registro civil”. Todos entendemos que si se hace un trabajo debe remunerarse, pero no se diga entonces que es una cesión gratuita y estúdiese detenidamente de dónde sale esa financiación y quien la paga.

En resumen, como me comentaba recientemente con sorna mi compañera Concepción Barrio del Olmo, la cosa parecía una película de terror de esas de cuando el monstruo parece aniquilado y los protagonistas respiran relajados, repentinamente el monstruo revive y les vuelve a atacar con un chan-chan de tensión suprema de fondo (también recordar Atracción Fatal con Glenn Close reviviendo en la bañera con el cuchillo ensangrentado, tras ser en apariencia ahogada). Un largo proceso que significaba la consolidación de un proyecto que sólo se podía culminar con la llegada del registrador Rajoy al poder y que esperemos haya terminado.

Decía Fraga que los socialistas sólo aciertan cuando rectifican. Yo no sé si es el caso, pero aplicado a otro partido político (pues habría que añadirle la rectificación en el tema del aborto y en lo de las tasas), pero sí debo decir que se han gastado demasiadas energías y tiempo en algo que no debería haberse permitido en ningún momento y que era bastante obvio que constituía un abuso. Quizá la proximidad de las elecciones y las malas perspectivas en ellas del partido en el Gobierno hayan hecho reflexionar al regulador sobre las consecuencias de este tipo de cosas, que habían concitado la oposición unánime de funcionarios y empleados del registro civil, abogados, notarios y jueces.

Y ahora hay que desmontarlo. Nos informa la famosa tuitera Verónica del Carpio (a la que agradecemos la información) de que, al parecer, en reunión con sindicatos el 28 de abril el ministro Catalá ha dicho dentro de qué leyes “se meterá” la derogación de la cesión del Registro Civil a los registradores. Esta se aprobó por dos normas con rango de ley, RDL 8/2014 y ley 18/2014, lo que exige otra norma con rango de ley. La derogación, según Catalá, se hará de la siguiente forma, en ambos casos por vía de enmienda: 1) incluyendo la derogación de las disposiciones adicionales de esas dos normas que encomendaban el Registro Civil a los registradores mercantiles dentro de la ley de concesión de nacionalidad a sefardíes que está ya en Senado y estaría aprobada y en el BOE enseguida 2) la prórroga de la “vacatio legis” de la Ley del Registro Civil de 2011, dentro de un proyecto de ley sobre temas de Administración de Justicia y Registro Civil que lleva meses parado, y esto tardaría más porque su tramitación parlamentaria va mucho más adelantada, y la prórroga sería quizá uno o dos años. En fin, patada para adelante.

No parece un modelo de técnica legislativa para desfacer tanto entuerto, pero desde luego, en esta ocasión más vale quejarse con la boca chica. Eso sí, a ver si es en serio y la película termina bien.


Publicado o 03/05/2015 http://hayderecho.com/

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Un "muro simbólico" por un Registro Civil "público y gratuito"

Los sindicatos CC.OO., ELA, LAB, CGT y UGT han construido este jueves, frente al Palacio de Justicia de Barakaldo, un "muro" simbólico contra la privatización del Registro Civil y para exigir "un acuerdo duradero" que permita "blindar para siempre el compromiso con un Registro Civil público y gratuito".

Según han informado las centrales sindicales en un comunicado, esta acción se ha llevado a cabo a las 11.00 horas, frente al Palacio de Justicia de Barakaldo, y también se han realizado concentraciones en todos los pueblos cabeza de partido judicial, excepto en las capitales.

Con este muro, han explicado los sindicato, se ha impedido que "tomara el Registro Civil un Rajoy al mismo tiempo presidente y registrador de la propiedad", que ha estado representado "con tijeras de recortes en una mano y dos sacos con dinero en la otra".

Tras las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurando que, "de momento", se paralizaba el proyecto de privatizar el Registro Civil, los sindicatos de Justicia han querido expresar con la construcción de este muro "la necesidad de blindar al Registro Civil como servicio público y gratuito, y protegerlo de las tentaciones privatizadoras todavía existentes".

"Un blindaje que debe hacerse efectivo en base al compromiso y la búsqueda de acuerdo entre todos los sectores sociales, políticos, y sindicales que, de forma ampliamente mayoritaria, han expresado su posición contraria a este proyecto gubernamental", han advertido.

Llamamiento al Gobierno vasco

En ese sentido, han hecho un llamamiento "especial" al Gobierno vasco para que "no se limite única y exclusivamente a decir que está en contra, sino a que haga también una defensa activa de este servicio, reclamando, si sigue adelante este proyecto, la competencia ejecutiva en materia de Registro Civil, tal como aprobó el Parlamento vasco hace ahora un año".

Los sindicatos han recordado que, "de momento, no se ha derogado el Real Decreto Ley que pretende dejar en manos de los registradores mercantiles la llevanza del Registro Civil a partir del próximo día 15 de julio, por lo que siguen siendo necesarias las movilizaciones y campañas de sensibilización ciudadana". "Entre todos tenemos la responsabilidad de preservar este servicio público, gratuito, y cercano a la ciudadanía", han añadido.

Las centrales sindicales han recordado que en el Registro Civil constan los datos de todos los ciudadanos, "desde que nacen hasta que mueren", por lo que "sería aún más escandaloso que no sólo se intente acabar con un servicio público, dejándolo en manos con intereses privados, sino que, además, con esta medida, se deje en entredicho el derecho a la privacidad, al dejar de estar custodiados todos estos datos por empleados públicos".

Asimismo, han denunciado el "despilfarro de dinero público que se produciría al haberse dedicado recientemente 128 millones de euros a informatizar los libros de registro de nacimientos, defunciones, y matrimonios de la inmensa mayoría de los Registros Civiles del estado", una inversión que "sería regalada a personal con interés privado".


Publicado o 30/04/2015 en www.eldiario.es

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Declaracións de Miguel Ferreiro e Pablo Valeiras

Declaracións de Miguel Ferreiro, do Rexistro Civil da Coruña, e de Pablo Valeiras, de Alternativas na Xustiza-CUT, tras a paralización da "entrega" do Rexistro Civil aos rexistradores mercantís e da propiedade

Miguel Ferreiro en "Voces da Coruña", de Radio Voz



Pablo Valeiras en "Voces de Galicia", de Radio Voz

El Gobierno renuncia a ceder el Registro Civil a los registradores mercantiles y retrasa un año su reforma

“No estoy atado a nadie”, asegura el ministro de Justicia al anunciar el abandono del modelo que ha defendido los últimos siete meses.

Catalá insiste en que no quiere ceder el Registro Civil a los secretarios judiciales y habla de traspasarlo a ayuntamientos o comunidades autónomas.

El Gobierno renuncia a ceder la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la Propiedad. “No estoy atado a nadie”, les ha asegurado esta misma mañana el ministro Rafael Catalá a los sindicatos de funcionarios de Justicia tras anunciarles que prorrogará lavacatio legis de la ley del Registro Civil de 2011 un año más. Será, por tanto, el tercer aplazamiento que sufre la entrada en vigor de la norma.

El pasado día 21 el titular de Justicia comunicaba al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, la “paralización” de la reforma del Registro Civil. Tres días más tarde, Catalá confirmaba el“abandono” del 15 de julio como fecha para el traspaso a los registradores del Registro Civil e incluso del “modelo” diseñado su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y que él mismo había continuado con algunas variaciones. Pero los términos difusos en que se hizo hecho pública la decisión no acallaban las sospechas de los sindicatos, radicalmente contrarios a la privatización del Registro Civil, yde los propios registradores, muchos de ellos opuestos a la cesión.

Ahora el ministro aclara que la renuncia a los registradores es definitiva. Y que se derogarán las disposiciones adicionales del real decreto 8/2014 y de la Ley 18/2014 que se referían al Registro Civil, a su cesión a los registradores mercantiles y de la Propiedad, al uso de una plataforma informática única para unos y otro, y que fijaban el 15 de julio como fecha para el traspaso de la gestión. También se ha ampliado una semana más el plazo de presentación de enmiendasal proyecto de ley de reforma del Registro Civil, que terminará decayendo, ha explicado el ministro a los sindicatos.

“Vamos a partir de cero”, resumió gráficamente el ministro, según explica a infoLibre el secretario general del sector de Justicia de CCOO, Ramón Alvaré. Rafael Catalá reiteró el sinsentido de seguir adelante conuna reforma que no cuenta con el respaldo de ninguno de los sectores implicados y confesó que había sido “incapaz de explicar” a la opinión pública que la cesión de los registradores no implica la privatización del Registro Civil. Mientras repetía en sus declaraciones públicas que los trámites iban a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos cuando el Registro Civil estuviera en manos de los registradores mercantiles, el ministro negociaba en una comisión mixta con el Colegio Oficial las condiciones del traspaso, entre ellas el cobro por expedir libros de familia o inscribir poderes, por ejemplo.

Sobre el futuro modelo, basado en la “desjudicialización” del Registro Civil a que obliga la ley de 2011 –ahora lo gestionan jueces y funcionarios de Justicia–, sólo adelantó su rechazo a ceder el Registro Civil a los secretarios judiciales, pese a que este gremio se ha ofrecido a gestionarlo. En su lugar, no descartó estudiar la posibilidad de que se hagan cargo del Registro incluso los ayuntamientos –citó a los secretarios municipales–, o las comunidades autónomas. Dependerá de la fase de diálogo y negociación que el ministro pretende abrir ahora con sindicatos, partidos políticos y profesionales.

Los sindicatos, por su parte, le pidieron una vacatio legis de dos añosy volvieron a reclamar más inversiones en las 8.120 oficinas del Registro Civil. Pero Catalá remitió esta última cuestión a las negociaciones que comenzarán en una fecha aún no fijada.


Publicado o 28/04/2015 en www.infolibre.es

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Justicia aparca definitivamente el cambio de la gestión del Registro Civil

Catalá inicia una ronda negociadora que irá más allá de la legislatura actual

Primero en una reunión con representantes de los seis sindicatos con presencia en la Administración de Justicia -CSIF, CC. OO., UGT, STAJ, ELA-STV y CIG- y por la tarde en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, el ministro de Justicia confirmó su anuncio del pasado viernes: se da marcha atrás en la entrega de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, consumada hace menos de un año por su antecesor, vía real decreto, aunque sin renunciar a la desjudicialización del mismo, contemplada en la ley Caamaño del 2011, cuya entrada en vigor prevista para el próximo 22 de julio, se aplaza un año más, es decir hasta la próxima legislatura.

En la reunión matinal con los representantes sindicales, Rafael Catalá, según fuentes de las asistente, puso especial énfasis en señalar que no se trata de un mero aplazamiento para tratar de paliar los previsibles costes electorales de la medida. Aseguró que se va a empezar de cero para buscar un nuevo modelo lo más consensuado posible con todas las partes implicadas y para ello anunció que próximamente se procederá a derogar el real decreto 8/2014 en todo aquello que otorgaba la gestión de los registros a los registradores mercantiles, la ley 18/2014 de convalidación del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios y registradores en el proceso de concesión de la nacionalidad a los sefardíes.

Por la tarde, y durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro tendió de nuevo la mano a los partidos políticos aprovechando para pedir a los grupos parlamentarios de la oposición que hagan llegar al Ministerio de Justicia sus propuestas y alternativas para la reforma del Registro Civil. «Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar». Añadió que «por ahora sabemos lo que no quieren, pero no cómo entienden qué es desjudicializar el servicio», dijo.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de IU Jesús Iglesias, el ministro aseguró que el Gobierno busca «una reforma pactada y consensuada» y precisó que no va a renunciar ni a abandonar su búsqueda de un servicio público, gratuito y de calidad.

Iglesias le replicó que no se cree «la bondad del Gobierno» y su «repentino» gusto por el consenso. En su opinión, la retirada del proyecto ha venido provocada porque «una asociación de registradores embarcó al Gobierno en esta aventura». «A mitad del vals, la novia abandonó», agregó. El senador de IU precisó, no obstante, que la decisión abre una oportunidad para el diálogo. El ministro explicó que ya había transmitido al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad su renuncia al proyecto, motivada por las «discrepancias» con este colectivo y la «crítica» y «oposición importante» por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ya solicitó una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con la intención de ofrecerse para la gestión del Registro Civil.


Publicado o 29/04/2015 en www.lavozdegalicia.es

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Nota de prensa do Ministerio de Xustiza: Reunión cos sindicatos

Justicia inicia una ronda de contactos con el sector para consensuar el nuevo modelo de Registro Civil

• En el encuentro de trabajo han participado representantes de CSIF, CCOO, UGT, STAJ, ELA-STV y CIG

• Catalá ha pedido a los grupos políticos que le hagan llegar sus propuestas para la reforma

28 de abril de 2014.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido hoy con los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STAJ, ELA-STV y CIG para abordar la reforma del Registro Civil. Este encuentro de trabajo ha servido para que los representantes de los trabajadores del sector de Justicia pudieran conocer de primera mano cuál es la voluntad del Ministerio y para escuchar sus propuestas y sugerencias sobre el futuro del Registro.

El objetivo es alcanzar el mayor grado de consenso en la elaboración de la reforma legislativa que cumpla con el mandato parlamentario que obliga a la desjudicialización de los registros.

El ministro Catalá ha anunciado que próximamente se procederá a derogar el Real Decreto 8/2014 en todo aquello que otorgaba la llevanza de los registros a los registradores mercantiles, la Ley 18/2014 de convalidación del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios y registradores en el proceso de concesión de la nacionalidad a los sefardíes.

Por la tarde, y durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro de Justicia ha tendido de nuevo la mano a los partidos políticos y ha aprovechado para pedir a los grupos parlamentarios de la oposición que hagan llegar al Ministerio de Justicia sus propuestas y alternativas para la reforma del Registro Civil.

El Ministerio de Justicia anunció el pasado viernes su decisión de revisar la reforma con el objetivo de alcanzar un consenso que cuente con los apoyos necesarios, tanto de los afectados, como de los trabajadores, los sindicatos y los partidos políticos.

El ministro Rafael Catalá ha reafirmado la voluntad del Gobierno de mejorar la gestión del Registro para conseguir un servicio público de calidad, gratuito y cercano a los ciudadanos.

La intención del Ministerio de Justicia es continuar con el proceso de reformas iniciado, que incide en la necesaria desjudicialización de los registros, sacando su gestión del ámbito judicial, pero a través del diálogo, el consenso y la participación de los profesionales, y abiertos siempre al planteamiento de cualquier tipo de alternativas.


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La 'marea amarilla' frenó una reforma llena de dudas

Había interrogantes sobre su financiación, la protección de datos o el futuro laboral de unos 3.500 funcionarios.

La reforma del Registro Civil, un servicio gestionado por funcionarios de la administración de Justicia, suponía la cesión de la competencia de la autoridad judicial al cuerpo de registradores de la propiedad y mercantiles. Un colectivo de unos 900 empleados públicos, según un artículo de la Ley Hipotecaria, pero con una actividad netamente privada, ya que facturan IVA y contratan personal particular en sus despachos.

En contra el pensamiento común, el origen de la modificación está en una norma de 2011, aprobada por el Gobierno socialista. Planteaba la «desjudicialización» del registro de forma progresiva para acabar con las colas de los juzgados y las demoras de las tramitaciones, a lo que ayudaría la digitalización. El actual Gobierno y su exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recuperaron el plan y propusieron ceder la gestión a los registradores. El calendario de implantación comenzaba el 15 de julio y se extendía hasta el 1 de enero de 2017. Sin embargo, las incógnitas del nuevo sistema han crecido conforme se acercaba la fecha. A lo que se sumó la presión de la 'marea amarilla', el colectivo de 3.500 funcionarios del registro que temían por su futuro laboral.

Estaban convencidos de que el mensaje del ministro de Justicia de que la gestión seguiría siendo «pública y gratuita» y su puesto inamovible no era creíble. Denunciaron que el ciudadano iba a tener que pagar, ya fuera de forma directa o mediante la subida de impuestos. De cualquier manera, era indiscutible que la reforma supondría un sobrecoste a las arcas públicas. «Se van a dilapidar las inversiones informáticas en las oficinas del Registro Civil. Son unos 200 millones tirados a la basura», advertía Javier Jordán, portavoz del CSIF.

La razón es que los registradores iban a contar con otras herramientas informáticas diferentes, por lo que se hubiera requerido una inversión extra para adecuar el sistema. Este cuerpo, sin embargo, tampoco las tenía todas consigo. Llegaron a admitir la necesidad de buscar fórmulas que permieran garantizar su sostenibilidad e incorporar un presupuesto anual realista.

«¿Novecientos registradores van a gestionar los datos de 45 millones de personas? ¿Pagaremos también sus oficinas y a sus trabajadores? Estamos hablando de un negocio de unos 700 millones anuales pese a que los funcionarios están perfectamente capacitados. Solo faltan algunas mejoras materiales», añadían. El 80% de los trámites son partidas de nacimiento y defunción. Y los problemas están en los expedientes de nacionalidad, unos 150.000 recursos atascados desde finales de 2013.


Publicado o 25/04/2015 en http://www.larioja.com/

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El Gobierno renuncia a modificar el Registro Civil por la presión social

Justicia completa la enmienda a la totalidad de los proyectos de Gallardón tras rectificar en la tasas judiciales, el aborto y el proceso penal.

La presión social de la calle. La frontal oposición de sindicatos, operadores jurídicos y partidos políticos en pleno año electoral. En definitiva, la falta de consenso ante la inminente puesta en marcha del nuevo Registro Civil, que entregaba su gestión a los registradores en detrimento de los funcionarios de la administración de Justicia, una decisión que se percibió como una «privatización encubierta» pese a la resistencia léxica del ministro Rafael Catalá, llevó ayer al Gobierno a dar marcha atrás en su plan.

La decisión del Ejecutivo de paralizar la modificación del Registro Civil es de gran calado. Tanto político como material y funcionarial. Hasta el pasado miércoles, el ministro defendió con ahínco su proyecto en el Congreso. Ratificó que el servicio que desde hace 145 años tramita los certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad seguirá siendo «público, gratuito, telemático y mantendrá los puestos de trabajo de los funcionarios que se ocupan de ello», unos 3.500 nada menos.

Con estas palabras y las versiones que llegaban desde Justicia no quedaban dudas: habría cambio y el calendario de implantación para «desjudicializar» el sistema a favor de los registradores, desde el próximo 15 de julio hasta el 1 de enero de 2017, se mantenía inalterable. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué Catalá ha enmendado su plan en menos de 48 horas? ¿Le han obligado a hacerlo? ¿Ha cedido a la presión?

La respuesta a estas cuestiones solo se entiende, en el momento actual, en un contexto político. El Gobierno no quiere generar más conflictos que los que tiene. Ya se vio con la fallida reforma de la ley del aborto y la rectificación de las tasas judiciales. Y abrir otra vía de agua con una reforma judicial sin consenso y con una fuerte oposición sería potencialmente peligroso para sus mellados intereses electorales. De ahí la previsible aparición de los estrategas del presidente Mariano Rajoy para dejar caer en cuestión de horas el proyecto defendido por Catalá, heredado de su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón.

Al final, al ministro no le ha quedado más remedio que recular por una cuestión práctica. Ahora no interesa. Aunque el sorprendente anuncio de ayer, a la salida de un acto en el Tribunal Supremo, fue más moderado, apuntando a la falta de consenso. «El Gobierno no va a proponer un modelo que no sea compartido por el conjunto de los agentes. Lo que el Ejecutivo hará será abrir al diálogo esta reforma, que va a seguir promoviendo hasta encontrar una propuesta compartida. En todo caso no van a estar dialogando sine die», advirtió Catalá.

Buscar alternativas

¿Sus palabras suponen entonces que se retrasa la reforma del Registro Civil o se paraliza?, le cuestionaron. «Vistas las discrepancias con este colectivo y la crítica y oposición importantes de profesionales, sindicatos y partidos no solo nos replanteamos el plazo del 15 de julio, sino incluso el modelo», admitió el ministro, quien avanzó que convocará la próxima semana a las comunidades y a los operadores jurídicos para seguir trabajando en una alternativa.

Políticamente, la paralización de este plan es la primera derrota de Catalá, que en estos seis meses en Justicia había hecho «bandera» del mismo. Y ampliando el horizonte, también supone una enmienda a la totalidad a la agenda que planteó Ruiz-Gallardón. Desde su dimisión en septiembre, el Gobierno ha enterrado de forma radical modificaciones tan polémicas como el aborto o la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Ha suprimido las tasas judiciales a las personas físicas y ha esquilmado el Código Penal o limitado a un cambio parcial la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo borrador fue presentado incluso con otro nombre, Código Penal Procesal. Este fallido proyecto incluía transferir la instrucción penal a los fiscales.

Nada se ha vuelto a saber, tampoco, de otras promesas como recortar drásticamente el número de aforados de 17.621 a 22. Y la Ley de Jurisdicción Voluntaria ha perdido también otra de las propuestas del exministro, que concedió en exclusiva a los notarios la posibilidad de celebrar matrimonios y divorcios. Al final compartirán el cometido con los secretarios judiciales.


Publicado o 25/04/2015 en http://www.larioja.com/

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Cautela tras paralizarse la reforma del Registro Civil

Trabajadores y sindicatos mantienen las movilizaciones hasta que la decisión sea firme.

De forma sorpresiva y sólo 24 horas después de haber asegurado en el Congreso que la reforma del Registro Civil seguiría adelante, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaba ayer, a las puertas del Tribunal Supremo, que dicha reforma, que preveía el traspaso del servicio a los registradores mercantiles el 15 de julio, queda de momento aplazada hasta que no haya un consenso entre los profesionales.

La noticia fue acogida en Vigo desde la cautela y la prudencia en una semana en la ciudad especialmente fructífera en la suma de apoyos contra este proyecto.

“El Gobierno no va a tener un proyecto que no sea compartido por el conjunto de los profesionales. Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar”, señaló el ministro a los medios de comunicación.

Catalá transmitió al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad su renuncia al proyecto, motivada -dijo- por las “discrepancias” con este colectivo y la “crítica” y “oposición importante”¨por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos.

“Por eso nos replanteamos el plazo del 15 de julio, nos replanteamos incluso el modelo”, dijo Catalá que anunció que convocará para la próxima semana a las Comunidades Autónomas, sindicatos y otros representantes del sector de la Justicia “para seguir trabajando en ello”.

Desde Vigo, donde los operadores jurídicos de la ciudad llevan luchando contra esta reforma desde hace más de un año, se espera una decisión en firme y por escrito antes de paralizar su campaña de movilizaciones. “Ya nos ha pasado con anterioridad con las tasas y no queremos que nos vuelva a parar, así que, de momento, hasta que no haya un compromiso firme y no sólo un mero anuncio a través de los medios de comunicación, mantendremos las protestas”, aseguraba ayer Pablo Valeiras, de Alternativas Xustiza.

Los propios funcionarios del Registro Civil de Vigo mostraban cierto recelo a estos anuncios, “no sabemos si la intención es real o sólo pretenden que paremos las protestas antes de las elecciones”, decía una de las funcionarias, que el jueves, junto al resto de empleados y otros trabajadores de los juzgados, protagonizaron una concentración gastronómica que reunió a más de un centenar de personas.

Por su parte, Xustiza e Sociedade corroboró la unanimidad de los sindicatos y operadores para mantener las movilizaciones previstas. “Queremos una rectificación no sólo pública sino formal sobre este proyecto”, declaraba ayer la portavoz Yolanda Aguiar. Esta plataforma que engloba abogados, procuradores, funcionarios y ciudadanos recogió ayer un millar de firmas en sólo dos horas. “La Iniciativa Legislativa Popular está teniendo una gran acogida y hay temor en el Ministerio de Justicia”, explicó Aguiar quien mostró cierto recelo sobre las declaraciones del ministro ya que “el día anterior se había ratificado en el proyecto de trasladar el servicio público a manos de los registradores mercantiles”.


Publicado o 25/04/2015 en http://www.atlantico.net/

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Alternativas na Xustiza-CUT exige paralizar futuras privatizaciones del Registro Civil

Desconfía que la paralización sea una "argucia electoral" e instan a continuar con las movilizaciones

La plataforma Alternativas na Xustiza-CUT ha exigido al Ministerio de Justicia que se paralice cualquier iniciativa que pretenda privatizar el Registro Civil y "entregarlo a los registradores". La petición de los trabajadores de los juzgados vigueses se conoce después de que Rafael Catalá anunciase al paralización de la nueva gestión de los registros. A través de un comunicado, demandan también una negociación real con el objetivo de conseguir un registro público y electrónico.

Alternativas na Xustiza-CUT aclara que a pesar del anuncio del ministro, no confían totalmente en lo comunicado. "No nos fiamos de un Ministro que ha mentido de forma reiterada", aseguran en el comunicado al tiempo que insisten en que la paralización de la privatiación del Registro Civil podría tratarse "de una argucia para dejar pasar el tiempo hasta después de las elecciones municipales".

Por último, la plataforma comandada por Pablo Valeiras, apela a mantener negociaciones con el ministerio sin abandonar las movilizaciones.


Publicado o 24/04/2015 en www.farodevigo.es

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La privatización del Registro Civil se queda en el limbo

El decano de los Registradores de España notifica a los colegiados que la 'vacatio legis' continúa y que no tendrán que asumir la nueva función en la fecha prevista, el próximo 16 de julio.

Después de años de dimes y diretes sobre la desjudicialización del Registro Civil o, lo que los sindicatos de funcionarios y la oposición tildan, simple y llanamente, de privatización, el Gobierno ha decidido paralizar la cesión a los registradores mercantiles y de la propiedad. Así se lo ha comunicado el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, en una notificación interna, a los colegiados, en la que se indica que la 'vacatio legis' continúa y que, por tanto, no tendrán que asumir esa nueva función el 15 de julio, fecha en la que estaba previsto.

Aunque, según declaró el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, el 30 de marzo en una entrevista a El Norte de Castilla, el Gobierno seguía adelante con el encargo a los registradores y garantizaba, por activa y por pasiva, que el servicio iba a seguir siendo público y gratuito, ahora ha dado marcha atrás en la que será la tercera ley estrella de Gallardón que el Ejecutivo de Rajoy desmonta, como ha ocurrido con la aplicación de la ley de tasas y la reforma de la ley del aborto.

En dicho comunicado interno, se alude a que el ministro agradece el trabajo realizado durante todos estos meses por los registradores para asumir esta función -y a quienes considera el colectivo idóneo para asumir esta función- pero se indica que «está complicado que pueda realizarse el 15 de julio» porque ni siquiera está realizado el reglamento para el traspaso.

La privatización del Registro Civil ha suscitado el rechazo de funcionarios, secretarios judiciales y jueces, todos los partidos políticos de la oposición, los sindicatos e incluso parte de los propios registradores. Tras meses de negociar en una comisión mixta con Justicia las condiciones del traspaso, el propio colegio pidió al ministro que retrasase el traspaso del Registro Civil previsto para el próximo 15 de julio.

En principio, según fuentes de los registradores, el Gobierno tendría previsto decretar una tercera prórroga de la 'vacatio legis', es decir, un nuevo período de retraso en la entrada en vigor de la ley, que fue promulgada en 2011.

Tras la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón el pasado septiembre, el nuevo ministro abrió una comisión mixta con el Colegio de Registradores que ha desembocado ahora en la paralización del proyecto. La financiación y la colaboración del resto de Administraciones públicas, principalmente, las comunidades autónomas, han sido los principales escollos. En estos momentos funcionan 8.122 oficinas del Registro Civil en toda España y los registradores mercantiles son apenas un centenar.

Para la decana de los Registradores de Castilla y León, Reyes Gómez de Liaño, el hecho de que se paralice la ley es una mala noticia, no solo por todos los meses de trabajo desarrollado por el colectivo que ahora caen en saco roto, sino porque, sobre todo, «supone una gran pérdida para todo el avance tecnológico del sistema judicial español».


Publicado o 24/04/2015 en http://www.elnortedecastilla.es/

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Justicia abandona la reforma del Registro Civil

Renuncia al proyecto de dejarlo en manos de los registradores el próximo mes de julio.

Aclara que el registro de nacimientos y muertes desde el hospital seguirá adelante. 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abandona el actual proyecto de reforma del Registro Civil. Así lo ha explicado hoy en declaraciones públicas el propio ministro, que ha explicado que renuncia tanto a la fecha prevista de puesta en marcha (15 de julio) como al propio modelo previsto de asignar la gestión a los registradores. El proyectos estaba ya en fase de enmiendas en el Congreso. "Estamos abiertos a propuestas. Sometemos el modelo a revisión. Nos replanteamos el plazo e incluso el modelo", ha explicado Catalá.

Las palabras del ministro suponen poner el marcador de la reforma a cero. No ha querido decir expresamente que el proyecto ya no saldrá adelante ni en julio ni antes de las elecciones generales noviembre, pero parece evidente que ante las "discrepancias" entre las partes implicadas no es factible que haya reforma antes del final de la legislatura.

"Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar", ha dicho Catalá a las puertas del Tribunal Supremo, tras un acto del Colegio de Abogados de Madrid . "No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las administraciones públicas, por los trabajadores, por los sindicatos y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar adelante una reforma que no cuente con los apoyos necesarios", ha añadido Catalá, que llegó al cargo el pasado septiembre.

El ministro ha explicado que retomará el diálogo con las partes afectadas la próxima semana. También ha precisado que no quiere que el diálogo se eternice y ha resaltado el proyecto de poder registrar los nacimientos y defunciones desde los propios hospitales vía telemática seguirá adelante.

Se trata de un nuevo proyecto del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón que no sale adelante tras, entre otros, el del aborto y el de las tasas judiciales. El origen de la reforma se encuentra una decisión unánime del Congreso, a propuesta del PSOE, para desjudicializar el Congreso. Cuando el PP llegó al poder propuso que fueran los registradores de la propiedad y mercantiles, en lugar de los jueces, los que se encargaran del registro. La idea que generó críticas desde numerosos frentes ante los que se interpretó como una "privatización" y un riesgo de que los trámites se encarecieran.


Publicado o 24/04/2015 en www.elmundo.es

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Justicia admite que busca alternativas a los registradores mercantiles para gestionar el Registro Civil

El Ministerio de Justicia admite que está buscando alternativas a los registradores de la propiedad y mercantiles para gestionar el Registro Civil. Como adelantó infoLibre, el departamento que dirige Rafael Catalá ha renunciado a encomendárselo a los registradores, una decisión que ya ha comunicado al decano de su colegio oficial, Gonzalo Aguilera. En principio, los registradores mercantiles debían hacerse cargo del Registro Civil el próximo 15 de julio.

Fuentes del ministerio han asegurado a Europa Press que Justicia intenta alcanzar un “consenso” que satisfaga a los críticos de la medida, todos los sectores implicados, desde los funcionarios del Registro Civil hasta los secretarios judiciales, jueces, partidos de la oposición, sindicatos y los propios registradores. Justicia, añade, se declara “abierto a las sugerencias que le hagan llevar registradores, secretarios judiciales, sindicatos y grupos de la oposición”.

Además, el sindicato de funcionarios CSI-F ha anunciado que mantendrá una reunión el próximo martes con el grupo de trabajo constituido en Ministerio de Justicia sobre el Registro Civil para obtener detalles sobre la paralización del proyecto del Gobierno. CSI-F dice haber confirmado el viraje de Justicia tras haber “contactado con las partes implicadas en la negociación”. Y, tras celebrar el “acierto” de frenar la privatización, asegura que el ministerio adelantó ya la semana pasada a los responsables del sindicato que está dispuesto a “negociar todo, incluido el modelo de Registro Civil sin sujeción a plazo alguno y, por tanto a revisar el proyecto de privatización”.

La cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles es el tercer proyecto estrella del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón del que se termina desdiciendo el Gobierno, tras dar marcha atrás en la aplicación de las tasas judiciales y en la reforma de la ley del aborto.

Sobre el Registro Civil la duda es todavía si el Gobierno va a decretaruna nueva prórroga de la vacatio legis –retraso en la entrada en vigor de una ley– de la ley de 2011 o si el proyecto de ley de reforma que se está tramitando en el Congreso terminará decayendo, aseguran las fuentes consultadas por este periódico. La Ley del Registro Civil ya estableció una vacatio legis hasta julio de 2014, que en esa fecha se prorrogó un año. De optarse por esta solución, el Ejecutivo estaría aplicando el tercer aplazamiento de la reforma. El proyecto de ley lleva tramitándose en el Congreso, tras innumerables ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, desde el pasado mes de septiembre.

Polémica financiación

Mientras tanto, Justicia negociaba en una comisión mixta con el Colegio de Registradores, las condiciones de un traspaso que ha encontrado gran resistencia dentro mismo del gremio. Lafinanciación del nuevo Registro Civil ha sido siempre el núcleo del problema. El ministro Catalá repite en todas sus declaraciones públicas que los trámites van a seguir siendo “gratuitos” para el ciudadano“en los mismos términos que ahora”. Pero al mismo tiempo, Justicia está discutiendo con el Colegio nuevas tasas en el Registro Civil y nuevos aranceles para el Mercantil.

Cuando se dio a conocer que el órgano colegial pedía al ministerio que lepermitiera cobrar desde los libros de familia electrónicos hasta los actos de última voluntad o la inscripción de poderes,arreciaron las críticas de los funcionarios, de los partidos y de los sindicatos. También de muchos registradores, que rechazan hacerse cargo de una tarea que consideran ajena y que se niegan a sufragar de sus bolsillos. Además, aseguran, por meras cuestiones prácticas, va a ser imposible asumir las 8.120 oficinas de los registros civiles en julio. En España no hay más de 100 registradores mercantiles.


Publicado o 24/04/2015 en www.infolibre.es

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Justicia aplaza la privatización del Registro Civil y busca una alternativa

El ministro Catalá abre la puerta a un modelo distinto al de los registradores mercantiles. 

El Gobierno ha decidido aplazar la cesión de las funciones del Registro Civil a los registradores mercantiles, que debía entrar en vigor el próximo 15 de julio. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha asegurado que el Ejecutivo sacará el Registro Civil de los Juzgados pero quiere hacerlo “sin presión” y “con consenso”. De momento, la fecha prevista de entrada en vigor del proyecto queda aparcada y Catalá ha abierto incluso la puerta a buscar “otras alternativas” que no pasen por los registradores mercantiles.

“Hemos constatado que hay una oposición importante de sindicatos y de partidos políticos. Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar”, ha anunciado Catalá. El ministro ha comunicado ya la decisión al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y ha asegurado que en las próximas semanas mantendrá reuniones con los sindicatos y con otros partidos políticos para intentar buscar otra fórmula que genere menos rechazo.

“No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las Administraciones Públicas, los trabajadores y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en una reforma que no cuente con los apoyos necesarios. Por eso nos replanteamos el tiempo y nos replanteamos incluso el modelo”, ha añadido Catalá. El titular de Justicia ha asegurado que espera que, a partir de ahora, los sindicatos y los partidos planteen alternativas, aunque ha advertido que el diálogo no va a ser “sine die" porque la decisión de desjudicializar el Registro Civil, acordada en el Parlamento en 2011, no está en cuestión.

Cuando el Gobierno aprobó sacar el Registro Civil de los juzgados, dejó en el aire qué funcionarios asumirían la gestión hasta que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió que serían los registradores mercantiles los que asumieran esa función a pesar de que no tienen nada que ver con ese cometido, con el compromiso de no provocar encarecimiento o coste para los ciudadanos por el uso de este servicio que ahora es gratuito. Sin embargo, los registradores mercantiles exigieron compensaciones que Rafael Catalá, desde que llegó al cargo el pasado septiembre, ha buscado sin éxito cómo satisfacer.

La paralización de la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles supone una nueva rectificación sobre los planes promovidos por su antecesor, ALberto Ruiz-Gallardón, como ha ocurrido con la reforma de la ley del Aborto y con las tasas judiciales, cuya derogación parcial anunició Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación.


Publicado o 24/04/2015 en www.elpais.com

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Justicia paraliza la nueva gestión del Registro Civil, otro de los proyectos de Gallardón

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este viernes que la encomienda a los registradores de propiedad y mercantiles de la gestión del Registro Civil queda de momento aplazada. El abandono de este proyecto, que debía ponerse en marcha el próximo 15 de julio, supone una rectificación más de la política llevada a cabo por su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón.

"El Gobierno no va a tener un proyecto que no sea compartido por el conjunto de los profesionales. Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar", ha señalado este viernes Catalá en unas declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo, donde había acudido a un acto de imposición de medalla del Colegio de Abogados de Madrid.

El ministro ha transmitido al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad su renuncia al proyecto, motivada --ha dicho-- por las "discrepancias" con este colectivo y la "crítica" y "oposición importante" por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos.

"Por eso nos replanteamos el plazo del 15 de julio, nos replanteamos incluso el modelo", ha dicho Catalá que ha anunciado que convocará para la próxima semana a las Comunidades Autónomas, sindicatos y otros representantes del sector de la Justicia "para seguir trabajando en ello".

"NO CUENTA CON LOS APOYOS NECESARIOS"

"Sería absurdo que el Gobierno se empeñara en llevar a cabo una reforma que no cuente con los apoyos necesarios", ha indicado. El ministro ha criticado, eso sí, la falta de soluciones alternativas a esta propuesta y ha dicho que "a fecha de hoy" nadie le ha ofrecido un proyecto distinto al que hasta hora impulsaba su Ministerio.

La decisión del departamento dirigido por Rafael Catalá de encomendar a este colectivo este servicio ha levantado duras críticas en los últimos meses. Los partidos de la oposición, funcionarios de la administración de Justicia, sindicatos u otros colectivos como los secretarios judiciales, han expresado su oposición a lo que consideran una "privatización" encubierta.

El ministro ha insistido en que su deseo es obtener "un servicio público y de calidad" y continuará trabajando para su mejora con la idea que implantar en el menor tiempo posible algunos de los avances pretendidos como, por ejemplo, el registro automático de nacimientos y defunciones por vía telemática desde los hospitales.


Publicado o 24/04/2015 en www.europapress.es

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