Goku Ceferino

Por Antonio Rico.

Recientemente se ha inscrito en el registro civil en nuestro país un niño con el nombre de pila de Goku, como se llama el héroe protagonista de “Dragon Ball”. Más precisamente, el nombre de pila completo es Goku Ceferino, ya que los padres quisieron incluir el segundo nombre por razones familiares. Goku Ceferino es muy pequeño todavía y no sabe que lleva en su nombre el signo de los tiempos: la sustitución del santoral por el reparto, de la Iglesia por la televisión, del bautismo por el frikismo. No ha sido el primero, aunque por motivos seguramente veraniegos es de quien más se está hablando. En España hay doscientas sesenta y ocho Chenoas, ochenta y seis Xenas, setenta y dos Aryas. Ciento sesenta y dos niños se llaman Logan. Como John Connor en la serie Terminator, Goku Ceferino es el elegido.

El nombre es la primera respuesta que dan unos padres a la pregunta acerca de quién es su hijo. Twenge y Campbell cuentan en “La epidemia del narcisismo” un estudio acerca de cómo han ido cambiando los nombres que se ponen a los recién nacidos en Estados Unidos: si clásicamente los nombres buscaban conectar al niño con su familia, definiendo así su identidad, poco a poco los nombres han empezado a buscar desconectar al niño de dicha familia y acentuar su individualidad y su independencia. No recuerdo los porcentajes exactos, pero la proporción de nombres raros, únicos, nuevos, ha aumentado espectacularmente, mientras desciende a igual velocidad la de los nombres más tradicionales y normales. Y las fuentes de los nombres innovadores son tres: palabras inventadas, nombres de objetos emocionalmente positivos -Diamante, Galaxia, Felicidad, Lucero-, y personajes y estrellas de los medios de comunicación.

Todos somos hijos de nuestro tiempo, y Goku, necesariamente, es hijo del suyo. Sus padres han pretendido ponerle un nombre, y sin buscarlo han definido todo un momento de la historia. Qué no diéramos por saber cómo llamará Goku a sus propios hijos dentro de veinte o treinte años.


Publicado o 07/08/2015 en www.antoniorico.es

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Maternidad por subrogación. Su reconocimiento en España

Por María Luisa Bayarri Martí.

La gestación por sustitución o maternidad subrogada es un acuerdo de voluntades en virtud del que una mujer acepta portar en su vientre un niño por encargo de otra persona o de una pareja, con el compromiso de que, una vez llevado a término el embarazo, entregará a aquélla o a aquéllos/as el recién nacido, renunciando a la filiación que pudiera corresponderle sobre el hijo así gestado. En nuestro país, el art. 10 de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida señala que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Pero el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dictó sentencia el 26 de junio de 2014 en los asuntos 65192/11 (Mennesson c/ Francia) y 65941/11 (Labassee c/ Francia), en las que declara que se viola el art. 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos el no reconocer la relación de filiación entre los niños nacidos mediante vientre de alquiler y los progenitores que han acudido a este método reproductivo, apelando al interés superior del menor. Esto ha creado precedente para toda la Unión Europea, por lo que el Ministerio de Justicia ordenó en el mes de julio de 2014 a los Consulados españoles que efectuaran la inscripción de los niños nacidos de gestación por sustitución.


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El Registro Civil, una privatización con freno y marcha atrás

Por Ignacio Gomá Lanzón.

La semana pasada apareció en Infolibre la noticia de que el gobierno había decidido paralizar la cesión (también en El Confidencial y posteriormente en otros medios) del registro civil a los registradores. Creemos que hay que congratularse de esta noticia, no porque se trate de la cesión precisamente a los registradores, que creo que los registradores, junto con los notarios consiguen un delicado equilibrio en el tráfico jurídico que ha fructificado en un adecuado y eficaz sistema de seguridad jurídica. Es más, en sí mismo, que un cuerpo de registradores llevara un registro, el civil, no tenía nada malo. Incluso podía parecer lógico.

Sin embargo, en tal encomienda había algo más que una simple reorganización de funciones; suponía algo que habíamos denunciado reiteradamente en el blog: una captura del regulador, que resulta afectado o influenciado por un determinado grupo de intereses y que consigue que la norma juegue a su favor, como tuve oportunidad de comentar aquí. En ese mismo post están enlazados otros de Rodrigo Tena y de Andrés Ylla sobre esta cuestión, que explican el panorama que he esbozado. En este caso, mediante la toma física de la Dirección General de los Registros y del Notariado y el aprovechamiento de una influencia en todas las instancias políticas, que llevaba directamente a un reforzamiento extraordinario de la posición registral, no gratuita sino a costa de otros principios de nuestro sistema de seguridad jurídica. El proceso se desarrolló en varias fases:

- primeramente, con un cambio radical de la doctrina de la Dirección General bajo el Director General anterior a través de sus resoluciones, en sentido de reforzar siempre la función registral, la función calificadora y el significado de la inscripción.

- segundo, con un intento de transformar con rango legal el sistema con la malograda ley de Reforma Integral de los Registros, que básicamente convertía a los registros ser el punto central de la vida jurídica, como verdaderos “asignadores de Derechos” -en la terminología usada doctrinalmente en ámbitos registrales- y la consagración del anhelado principio “lo que no está en el registro no está en el mundo”. Todo ello en contra de las reglas que rigen nuestro sistema jurídico real inmobiliario y mercantil.

- al fracasar, la maniobra subsiguiente consistió en trocear la ley e ir promulgando leyes sectoriales que consiguieran el mismo o parecido efecto: reforma del reglamento del registro mercantil e hipotecario, la ley de garantías posesorias de sobre bienes muebles, el catastro. Entre ellas estaba la absorción del Registro Civil por los registradores mercantiles que, como idea general, presentaba muchos menos flancos de crítica porque aparecía como una asunción gratuita, pero que ocultaba, con una opacidad digna de mejores lances, una extraña cesión por vía del Ministerio de Defensa de un contrato millonario de informatización a no se sabe quién. Lo cierto es que esto también fracasó, y en tal fracaso tuvieron también su papel muchos registradores que no veían clara la operación y generaron una contestación interna muy importante.

- la última fase ha sido la posibilidad de cesión a los registradores en general mediante la elevación de los aranceles registrales en otras cuestiones, como hace pocas semanas confesó el propio ministro que, no obstante, era “el primero que firma contra la privatización del registro civil”. Todos entendemos que si se hace un trabajo debe remunerarse, pero no se diga entonces que es una cesión gratuita y estúdiese detenidamente de dónde sale esa financiación y quien la paga.

En resumen, como me comentaba recientemente con sorna mi compañera Concepción Barrio del Olmo, la cosa parecía una película de terror de esas de cuando el monstruo parece aniquilado y los protagonistas respiran relajados, repentinamente el monstruo revive y les vuelve a atacar con un chan-chan de tensión suprema de fondo (también recordar Atracción Fatal con Glenn Close reviviendo en la bañera con el cuchillo ensangrentado, tras ser en apariencia ahogada). Un largo proceso que significaba la consolidación de un proyecto que sólo se podía culminar con la llegada del registrador Rajoy al poder y que esperemos haya terminado.

Decía Fraga que los socialistas sólo aciertan cuando rectifican. Yo no sé si es el caso, pero aplicado a otro partido político (pues habría que añadirle la rectificación en el tema del aborto y en lo de las tasas), pero sí debo decir que se han gastado demasiadas energías y tiempo en algo que no debería haberse permitido en ningún momento y que era bastante obvio que constituía un abuso. Quizá la proximidad de las elecciones y las malas perspectivas en ellas del partido en el Gobierno hayan hecho reflexionar al regulador sobre las consecuencias de este tipo de cosas, que habían concitado la oposición unánime de funcionarios y empleados del registro civil, abogados, notarios y jueces.

Y ahora hay que desmontarlo. Nos informa la famosa tuitera Verónica del Carpio (a la que agradecemos la información) de que, al parecer, en reunión con sindicatos el 28 de abril el ministro Catalá ha dicho dentro de qué leyes “se meterá” la derogación de la cesión del Registro Civil a los registradores. Esta se aprobó por dos normas con rango de ley, RDL 8/2014 y ley 18/2014, lo que exige otra norma con rango de ley. La derogación, según Catalá, se hará de la siguiente forma, en ambos casos por vía de enmienda: 1) incluyendo la derogación de las disposiciones adicionales de esas dos normas que encomendaban el Registro Civil a los registradores mercantiles dentro de la ley de concesión de nacionalidad a sefardíes que está ya en Senado y estaría aprobada y en el BOE enseguida 2) la prórroga de la “vacatio legis” de la Ley del Registro Civil de 2011, dentro de un proyecto de ley sobre temas de Administración de Justicia y Registro Civil que lleva meses parado, y esto tardaría más porque su tramitación parlamentaria va mucho más adelantada, y la prórroga sería quizá uno o dos años. En fin, patada para adelante.

No parece un modelo de técnica legislativa para desfacer tanto entuerto, pero desde luego, en esta ocasión más vale quejarse con la boca chica. Eso sí, a ver si es en serio y la película termina bien.


Publicado o 03/05/2015 http://hayderecho.com/

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La reforma del Registro Civil necesita luz y taquígrafos

La noticia, de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, relativa a la redacción por el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de algunas de las enmiendas a la última reforma del Registro Civil, fundamentalmente con la finalidad de apuntalar sus vías de financiación, no viene más que a confirmar los peores augurios: la estrategia política diseñada para garantizar la subsistencia de un cuerpo de funcionarios va a ser sufragada por los usuarios del tráfico civil y mercantil, por la vía de incrementar su burocracia y trámites.

Justo es reconocer que la mayoría de esos funcionarios tienen muy poco interés en esa estrategia. Es una apuesta llena de incertidumbres que si sale mal puede terminar suponiendo el fin de la manera de desempeñar la función registral, tal como la conocemos hoy en España. Por eso, la insistencia en esa vía solo se explica por la presión de ciertos elementos iluminados de ese cuerpo, con gran capacidad de influencia en el actual poder político.

"La privatización de los elementos esenciales del Estado moderno no es un alegato retórico. Esta cesión demuestra hasta dónde puede llegar"

Resumamos una vez más los fines y medios perseguidos: con el fin de colocar a los registradores como controladores absolutos del tráfico jurídico, con un poder sin paragón en cualquier Estado de Derecho moderno (dada la práctica imposibilidad de revisión de sus decisiones a la vista de los costes y tiempos de nuestro sistema judicial), se va a exigir la inscripción y consulta telemática de todos los elementos negociales y personales conectados con ese tráfico, desde los poderes civiles a todas las circunstancias del estado civil. Para otorgar una venta, por ejemplo, habrá que comprobar la inscripción del poder específico dado para ella, los estados civiles de los participantes, su régimen matrimonial, su domicilio, etc. No importan que en la actualidad el tráfico funcione perfectamente sin esa información sin apenas producir siniestro alguno. No nos equivoquemos: la inscripción y consulta no se exige para evitar esos hipotéticos riesgos, sino para financiar el Registro Civil.

El que una reforma como esta pueda introducirse por vía de enmiendas a una Ley ajena, sin debate social, sin análisis económico, si estudio alguno sobre los efectos de encarecimiento y entorpecimiento que va a producir en el tráfico jurídico, demuestra cómo se legisla hoy en España. En cualquier país serio una reforma de este tipo hubiera venido precedida de un análisis desapasionado de las necesidades a satisfacer (la mejora del Registro Civil) y de la mejor manera de sufragarlas. Pero aquí se inventan ciertas “necesidades” (la inscripción de los poderes y otros actos jurídicos) con la finalidad de financiar un Registro Civil específicamente diseñado para incrementar las atribuciones y las posibilidades de control del cuerpo de registradores, verdadero fin de la reforma.

Los costes directos son obvios: se pasa de sufragar un registro público con cargo a los presupuestos, en función de la capacidad económica de los contribuyentes, a sufragar un registro usufructuado por unos pocos a cargo de los ciudadanos que en cada momento les toque vender su casa o adjudicarse una herencia. Todo muy justo y equitativo.

"Se van a ceder los datos personales e íntimos de los españoles a una corporación no integrada plenamente en la Administración General del Estado, sin dependencia jerárquica efectiva ni sujeta a control directo, con intereses económicos propios e individuales muy señalados"

Pero los costes indirectos son todavía más graves y apenas se ha reparado en ellos. En el momento en que los registradores controlen todo el tráfico jurídico civil y mercantil sin posibilidad real de revisión judicial (porque, ¿quién va a ir a los tribunales porque le exijan un papel más o un requisito absurdo?) los obstáculos a dicho tráfico tenderán a incrementarse (conforme a la regla de que todo monopolista quiere reducir su responsabilidad a cero), con el efecto de ralentización correspondiente. La creatividad jurídica disminuirá, pues cualquier innovación será sospechosa en cuanto solo puede implicar riesgos desagradables al calificador, y nuestro Derecho privado se anquilosará. El resultado perfecto para una época como la presente en que el futuro de los países se decidirá por su capacidad de innovación y creatividad económica.

Pese a todo ello, existe un riesgo todavía mayor, que apunta al corazón de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Se van a ceder los datos personales e íntimos de los españoles a una corporación no integrada plenamente en la Administración General del Estado, sin dependencia jerárquica efectiva ni sujeta a control directo, con intereses económicos propios e individuales muy señalados. La privatización de los elementos esenciales del Estado moderno no es un alegato retórico. Esta cesión demuestra hasta dónde puede llegar. Ya no es sólo que por este portillo se abra la puerta al usufructo privado de bienes públicos de cualquier tipo y condición, sino que atribuye herramientas de control policial sobre la ciudadanía a sujetos cuyos intereses privados no coinciden con los del Estado.

Cualquier análisis económico, político y social de la medida habría detectado y denunciado inmediatamente esos riesgos. Empezamos a comprender ahora por qué se legisla tan mal en España.


Publicado o 30/03/2015 en http://www.elnotario.es/

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Prisas, torpeza y falacia en el Registro Civil

Por Ernesto Trevijano.

Prisas, pues cuatro años después de la ley del 2011, todavía no existe un reglamento que la desarrolle ni parece tenerse claro el modelo organizativo. Se pretende resolver en pocos meses lo que no se ha querido hacer en tres años y medio. Torpeza, pues el PP ha roto el consenso político de la ley anterior y ha convertido el Registro Civil en moneda electoral y en causa de desgaste político. Se habla de gratuidad en lugar de explicar el posible ahorro de costes: falacia, pues el Registro Civil nunca ha sido gratuito. Los presupuestos generales le dedican alrededor de 400 millones euros. Un servicio público lo financia el Estado, nunca el que lo presta.

Si además, como se acordó en la Asamblea General de Zaragoza en abril del 2013, los registradores no queremos llevar el Registro Civil (solo si el Gobierno lo impone, entendemos que debería hacerse con el máximo consenso político) para evitar viajes de ida y vuelta, y con una financiación vinculada a la prestación del servicio, ¿por qué no se deja una decisión tan trascendental para la legislatura que viene? Más aún cuando el resto de partidos han prometido revocar la medida.

Además, una de las enmiendas recoge que hasta el 15 de julio del 2018 "el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia continuará desarrollando sus funciones respectivas y percibiendo la totalidad de sus retribuciones". Es decir, se prevé un periodo transitorio máximo de tres años a partir de esa fecha. ¿A que vienen tantas prisas?


Publicado o 17/04/2015 en http://www.elperiodico.com/

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Carlos Carnicer: Por un Registro Civil electrónico y gratuito para los ciudadanos

Por Carlos Carnicer Diez.

La reforma del nuevo Registro Civil electrónico, prevista para el próximo 15 de julio, no está siendo pacífica. La contestación es generalizada, en la calle y en el Parlamento –unanimidad de todos los partidos frente a la reforma -, y las dudas sobre su privatización encubierta y el coste añadido que puede suponer para los ciudadanos, en lugar de disminuir o aclararse, aumentan. Es cierto que este servicio genera gran número de reclamaciones –un alto porcentaje de las quejas de los ciudadanos en materia de Administración de Justicia ante el Defensor del Pueblo son por este concepto- y que su funcionamiento es manifiestamente mejorable si se pusieran los medios técnicos y personales necesarios. En lugar de eso, el Gobierno en aplicación de la Ley 20/2011 del Registro Civil aprobada por todos los grupos parlamentarios y que ordena la desjudicialización del Registro Civil y su entrada en vigor el próximo 15 de julio, tras cuatro años de vacatio legis, ha optado por encargar la llevanza del Registro Civil y de Nacionalidad al Colegio de Registradores, institución que representa a unos profesionales jurídicos que también tienen la condición de funcionarios públicos, registradores de la propiedad y registradores mercantiles, aunque su actividad es privada.

Debemos tener un Registro Civil único para toda España, de carácter electrónico, que sea un registro jurídico dependiente del Estado y no administrativo ni privatizado, y que sea un registro individual de folio personal informatizado único, accesible de forma gratuita para todos los ciudadanos y que mantenga los puestos de trabajo de las personas que actualmente llevan el Registro Civil.

El desarrollo efectivo de un registro electrónico, un servicio público sufragado por los impuestos de todos, debe permitir la agilización segura de los trámites de los expedientes relacionados con el Registro Civil. Tengo que recordar que el de Justicia Gratuita es el único expediente electrónico que funciona en todas las comunidades autónomas y en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia. Diseñado, realizado y gestionado por la Abogacía sin coste alguno para el ciudadano y de forma totalmente segura.

La configuración del Registro Civil como un registro electrónico debe permitir la comunicación de nacimientos y defunciones de forma telemática desde los hospitales, digitalizar los archivos, reducir los plazos de tramitación para inscripciones y cambios de nombres y apellidos. Todo, insisto, sin coste para los ciudadanos.

Tampoco debemos olvidar a las personas que carecen de acceso a los servicios telemáticos por desconocimientos tecnológicos, por falta de recursos o por estar en zonas sin servicios digitales. Para ellos debe mantenerse la infraestructura de oficinas físicas a lo largo de todo el territorio. No caigamos en errores del pasado como cuando en enero de 2014 la Agencia Tributaria exigió que las autoliquidaciones y declaraciones tributarias se presentaran sólo por vía electrónica. Esta discriminación motivó una queja ante el Defensor del Pueblo.

El Gobierno también debe ofrecer garantías y asegurar el mantenimiento del empleo de los funcionarios –tanto interinos como en propiedad- actualmente al cargo de las funciones del Registro Civil. Todos los empleados deben tener garantizada su estabilidad y ubicación laboral en la misma localidad geográfica mediante su reasignación en otros órganos de la Administración de Justicia.

Para alejar cualquier duda de privatización, la titularidad de los asientos del Registro Civil debe ser del Estado, aunque sea gestionado por unos funcionarios públicos, que a la vez son profesionales, los registradores de la propiedad y mercantiles. También debe asegurarse que los recursos ante la calificación en el Registro Civil se mantengan en la jurisdicción civil ordinaria y no en la contencioso-administrativa.

El ministro de Justicia insiste en que “el Registro Civil no se va a privatizar y está garantizado que este servicio seguirá siendo gratuito, público y cercano al ciudadano” gracias a la progresiva implantación de medios telemáticos con el apoyo de más de 1.100 oficinas del registro en toda España. ¿Cuál es el problema? Que nadie se lo cree. La Generalitat de Cataluña, los sindicatos, la Plataforma Justicia para Todos –de la que forma parte el Consejo General de la Abogacía Española-, algunos Colegios de Abogados como el ICAB, asociaciones de abogados, Jueces para la Democracia, la Asociación Progresista de Fiscales han manifestado su oposición y su convencimiento de que el servicio será de peor calidad y que lo que hoy es gratuito lo pagarán los ciudadanos.

Este asunto necesita una reflexión y un debate abierto para que no se vuelva, otra vez, en contra de los ciudadanos. Hay en marcha una recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular (ILP) contra la privatización del Registro Civil para lograr las 500.000 firmas y que la proposición de ley de la ILP se debata en el Congreso de los Diputados y ya se ha reconocido por parte del Gobierno un pago de 4 millones de euros al Colegio de Registradores “por la gestión de expedientes de adquisición de la nacionalidad” que, según determinadas fuentes, antes eran gratuitos.

Es un asunto importante que exige claridad, diálogo y, sobre todo, que los ciudadanos no se vean perjudicados.


Publicado o 15/04/2015 en http://www.abogacia.es/

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Que nos registren

Por David Trueba.

Ahora que está en tela de juicio el fomento de los trenes de alta velocidad, con estudios que cuestionan su rentabilidad, no está de más recordar que una particularidad de estas líneas ferroviarias es que cada presidente lograba llevarlas hasta su lugar de nacimiento, en un brindis por su patria chica. Una sociedad desarrollada se puede permitir debatir sobre el modelo de infraestructuras que mejor se le acomoda. El paternalismo, fuertemente anclado en la tradición de identificar a los jefes de Estado con papás, da como resultado una nación sujeta a un análisis freudiano bastante barato. Del AVE se enjuicia lo que tiene de fomento de desigualdad entre el pasajero habitual y el que se permite ese lujo solo en ocasiones. Dinamizador de sectores como el turístico, nadie ignora que respondía a electoralismo de gran eficacia. Lo malo del debate es que, a poco que nos esforcemos, el tren de alta velocidad acabará siendo como el aborto, un argumento para hacer política en la recta final antes de las elecciones y sacudir el arbolito de los votantes fieles.

Pero, prolongando esa figura del presidente apegado a su terruño, se ha consumado por fin el guiño corporativo de Mariano Rajoy hacia su profesión civil. Los registradores de la propiedad recibirán cuatro millones de euros del erario público para que sigan haciendo la gestión, por ejemplo, de los expedientes de nacionalidad. A esto hay que sumarle la creación de nuevos aranceles y gestiones forzosas y de pago para los ciudadanos en el Registro. La privatización del Registro Civil ha sido consumada con esa manera de estropiciar lo público tan de aquí.

El espectador no acaba de saber muy bien si este viraje respondía a intereses generales, pero se ha quedado con la desagradable casualidad de que un registrador sea presidente cuando se legisla en su favor. A la espera de un presidente cantante de zarzuela que vuelva a renovar el género chico, todo tiene la apariencia de un dislate interesado. En política importa mucho la sonoridad de la legislación, su música para los oídos de profanos, algo así como la fotogenia de los decretos. Y este asoma feo y costoso para los ciudadanos, que cada vez llevan peor saber que existir burocráticamente se está convirtiendo en un lujo caro.


Publicado o 13/04/2015 en www.elpais.com

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El asalto al Registro Civil

Por Luis Fernando Rodríguez Guerrero

El Registro Civil quedará privatizado el próximo 22 de julio. Ese es uno de los pocos datos que se puede afirmar con cierta firmeza de un proceso que el Gobierno ha convertido en un galimatías jurídico-administrativo y que ha rodeado de un halo de oscurantismo que ha alimentado las peores sospechas. Aún quedan muchas incógnitas por desvelar, pero ese día entra en vigor una ley que entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión del archivo que almacena los datos personales de los españoles; es algo que ya no pueden evitar ni las manifestaciones celebradas este pasado sábado en varias ciudades españolas ni algunas iniciativas parlamentarias que, a la desesperada, impulsan grupos minoritarios.

El Registro Civil es un servicio público servido por funcionarios de Justicia especializados, unos 3.500 repartidos en los 431 registros civiles principales, en el central y en distintos municipios. Desde 1896, todas sus actuaciones son gratuitas para los usuarios. La ley que regula su funcionamiento permanecía inalterada desde 1957 hasta que, en 2011, una reforma impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero modificó su gestión para dar entrada a las administraciones autonómicas. Aquella norma, aprobada por todos los grupos parlamentarios incluido el PP, nació con una vacatio legis de cuatro años aprovechada por el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy para desvirtuarla y favorecer la privatización del servicio.

¿Por qué? Las explicaciones del Gobierno han sido las habituales: aliviar la carga de trabajo de los juzgados, reducir el gasto público… En realidad, todo indica que en este caso se ha producido una corruptela conocida como captura del regulador: los Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles se hacen con la gestión del Registro Civil -y con los pingües beneficios que generará- porque así lo ha decidido un Gobierno cuyo presidente es registrador, así como dos de sus hermanos. También lo son un cuñado y una nuera del anterior ministro de Justicia, impulsor de la privatización, y los anteriores responsables de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y los tres asesores jurídicos contratados por el departamento para el desarrollo de los proyectos.

La crisis económica no ha dejado sector sin su correspondiente cicatriz. El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó, entre otras muchas consecuencias, una brutal caída de las inscripciones registrales. La destrucción del tejido empresarial tuvo similares efectos en el Registro Mercantil. El negocio de los registradores se resintió y todo indica que al rescate ha llegado un Gobierno en el que disfrutan de una muy cualificada representación.

El exministro Alberto Ruiz-Gallardón presentó en 2012 un anteproyecto de reforma integral de los registros que facilitaba su externalización, según el eufemismo entonces de moda. La oposición que desató ese anuncio frenó las ansias privatizadoras, pero sólo de momento. En julio de 2014, en plena vorágine por la abdicación del rey Juan Carlos y el inicio del periodo estival de vacaciones, el Gobierno aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, una norma ómnibus que incluyó asuntos tan dispares como la reforma de la legislación hipotecaria anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la celebración del CXX aniversario de la primera exposición de Picasso o la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles.

¿Por qué a ese cuerpo y no a los notarios o a los secretaros judiciales? Nadie ha dado explicaciones. El recurso al real decreto impidió recabar los informes previos del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Consejo General del Notariado, entre otras instituciones, y permitió a Justicia obviar la elaboración de la correspondiente memoria que justifica, desde el punto legal y el económico, la necesidad de la reforma acometida.

Por si quedaba alguna duda, en la posterior tramitación parlamentaria del real decreto, en forma ya de contrarreforma de la ley de 2011, el propio PP presentó una amplia batería de enmiendas en un documento en el que olvidó eliminar el rastro de quienes parecen ser los autores o supervisores del texto, los expertos jurídicos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y de la Propiedad (documento con las enmiendas del PP a la reforma del Registro Civil. En azul, aquellos párrafos que permiten atribuir la autoría al Colegio de Registradores).

¿Quién paga?

El pasado sábado, mientras los funcionarios del Registro Civil y sus familias se movilizaban, el Ministerio de Justicia distribuyó un comunicado con declaraciones de su actual titular, Rafael Catalá, en las que insistió en que el proceso se conduce “con todo el apoyo de la ley” con el objetivo de asegurar que el servicio se mantenga “público y gratuito“.

Va a ser muy difícil. Que el futuro Registro Civil va a seguir siendo público es una verdad a medias, lo que en ocasiones es la peor de las mentiras. Los registradores mercantiles y de la propiedad acceden al puesto mediante oposición, pero una vez conseguida la plaza operan con interés privado, en régimen de monopolio y sin competencia entre ellos, con sujeción al IVA y mediante arancel, un precio regulado cuyos beneficios revierten en el bolsillo del registrador, no en el erario público. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha sentenciado en varias ocasiones que no pueden ser considerados funcionarios públicos.

Los trabajadores contratados por los registradores tampoco son empleados públicos. Por eso la Plataforma de Funcionarios de los Registros Civiles y la mayoría de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia convocaron el pasado sábado la marea amarillacontra su privatización. Catalá también ha insistido en que la modificación del Registro Civil no supondrá destrucción de empleo público porque los funcionarios serán recolocados de manera paulatina, pero éstos no se fían.

El nuevo registro tampoco será gratuito para los usuarios. Pese a las proclamas del ministro de Justicia, los registradores mercantiles y de la propiedad viven de los aranceles que cobran por sus certificaciones e inscripciones, y también cobrarán por sus nuevas funciones de Registro Civil. De hecho, en muchas oficinas de registradores se calculan ya las futuras tarifas: 250 euros por una boda civil, 100 por un expediente de nacionalidad, 20 por una partida de nacimiento, 40 por un certificado de defunción, 300 por la creación de una comunidad de vecinos, 30 por un cambio de nombre… Además, las reformas presentadas por el PP han aumentado los hechos inscribibles obligatorios, lo que incrementará la recaudación. Sotto voce, algunos registradores calculan que la gestión del Registro Civil puede reportarles unos beneficios anuales cercanos a los 180 millones de euros.

También pagarán los ciudadanos vía impuestos. De momento, los registradores recibirán un Registro Civil en el que Justicia ha invertido en los últimos cuatro años 130 millones de euros en labores de digitalización de los documentos almacenados y de mejora de la aplicación informática Inforeg usada para gestionarlos.

La pasada semana, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles recibió un aporte de cuatro millones de euros para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. Según responsables del ministerio, los legajos sufrían un fuerte retraso desde el último proceso de regularización aprobado por el anterior Ejecutivo socialista. Pero los sindicatos denuncian que esa demora ha sido ha sido forzada para justificar ahora un desembolso que en realidad no es más que un “anticipo” por la futura gestión del Registro Civil.

Todo parece apuntar que se trata de un nuevo proceso externalizador implementado para facilitar el lucro de intereses privados, en este caso muy cercanos al Gobierno, a costa del contribuyente. En la mayoría de los países de la UE, donde la función registral es pública y gratuita o está sometida a tasas que revierten a las arcas del Estado, la maniobra hubiese provocado un fuerte escándalo, pero en muchos aspectos España sigue siendo diferente.


Publicado o 13/04/2015 en www.cuartopoder.es

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La ‘autoprivatización’ del Registro civil

Por Javier Martínez del Moral, notario

Ayer se celebró una manifestación en Madrid contra la privatización del registro civil. Una marea de camisetas amarillas recorrió el trayecto que une Cibeles y el Ministerio de Justicia. Sindicatos, funcionarios, profesionales del derecho y ciudadanos de todas clases se lanzaron a la calle a defender el mantenimiento de la gestión pública y el control de la plataforma que atesora los datos más sensibles de los ciudadanos, contra la depravada codicia del lobby registral español.

Quizás el ciudadano medio no ha percibido el alcance que tiene esa privatización para asegurar su privacidad e intimidad, dado que los medios de comunicación se han centrado en el morboso asunto del PPelotazo, revelando tanto las irregularidades en el proceso de privatización del contrato de la plataforma tecnológica, sugerente negocio de 300 millones de euros, como poniendo de manifiesto que todas las empresas, asociaciones, fundaciones, comunidades de bienes, etc. van a costear la privatización, mediante un disimulado sistema crematístico de legalización y depósito de la documentación empresarial, que permitirá a los registradores incrementar sus rentas de monopolio anuales en 1.500 millones de euros (el 0.15 del PIB español). Uno de los agraciados es el impulsor de la privatización: el presidente de gobierno, registrador de Santa Pola y miembro del Colegio beneficiario de la privatización.

Pero más allá de la sospecha de que Mariano Rajoy se está fabricando una puerta giratoria de diez millones de euros anuales, resulta mucho más peligroso la constitución de un estado registral, una agencia monopolista que no está sometida a poder efectivo ni control y que trafica con los datos de los ciudadanos sin las más elementales de garantías de privacidad.

La asociación de usuarios de registros demostró ante la Agencia de Protección de Datos, a través de medio centenar de pruebas aleatorias obtenidas de diferentes registros, el absoluto descontrol en el suministro de información. Bastaba alegar como interés legítimo “alcachofas con jamón”, “simple cotilleo”, “interés totalmente espurio” o “proctológico” por cualquier personaje de ficción para obtener esa información. Los registradores fueron sancionados, pero el coladero sigue a día de hoy, dado que el único obstáculo para acceder a esa información es colocar adecuadamente los dieciséis dígitos de la tarjeta de crédito con el que asegurar el cobro.

Pues bien, nuestro ministro de justicia pretende que los ciudadanos asistamos como estatuas al proceso de expulsión de los funcionarios y técnicos del registro civil, para ser sustituidos por el personal laboral contratado por los registradores para desarrollar su empresa de servicios registrales (mercantiles o civiles) normalmente endogámico y, por supuesto, no funcionarial, y aceptemos que la gestión de los datos más sensible de todos los ciudadanos se dejen en manos de personas que no están sujetos a la jerarquía, responsabilidad y sujeción al estatuto funcionarial.

Llama la atención, además, que el Ministro insista en que no se va a privatizar el registro civil y, a su vez, garantice que los funcionarios actualmente adscritos serán reasignados en otros órganos. ¿Y por qué no en el nuevo?

Si no hay privatización de la gestión, los jueces encargados de los registros civiles tienen el derecho de opción por continuar su carrera en el nuevo órgano administrativo, opción que permitiría además conservar y aprovechar la dilatada experiencia de quienes se han encargado hasta la fecha de tales labores. Otro tanto puede decirse de los demás funcionarios y técnicos del Registro Civil que conservan el derecho a permanecer en el nuevo órgano de la administración que se encargue de tal llevanza, siendo altamente eficiente no desaprovechar la ciencia y experiencia de tales funcionarios.

En suma, el Ministro tendrá que explicarnos por qué se prescinde de todos los funcionarios que saben, conocen y llevan los registros civiles si la idea no es privatizar el servicio. Y por qué se les priva ilegalmente y de forma injustificada de sus derechos a continuar en el ejercicio de su función pública en el nuevo órgano de la administración que se encargue de su llevanza. En realidad, lo que está garantizando Català no son los derechos adquiridos y justas expectativas de los funcionarios del registro civil, sino la supresión de los mismos de forma injustificada, irracional y antieconómica, en beneficio del presidente del gobierno, sus hermanos y compañeros.


Publicado o 12/04/2015 en http://www.diariodeavisos.com/

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Privatización del Registro Civil

Por Alfredo Herranz Asin.

Ayer sábado se produjo una manifestación en Madrid en contra de los planes del Gobierno para la cesión de la gestión del registro civil a los registradores. La palabra privatización no es exacta pero define bien algunas de las previsibles consecuencias de esta decisión que va a generar seguros perjuicios a los ciudadanos.

La reforma del registro civil parte de la desjudicializacion de sus funciones, y si hasta ahora dependien de un juzgado valoro positivamente la eesjudicializacion y su modernización, pero siempre desde una dependencia pública. Pero he aquí que l actual gobierno decide encomendar su gestión a unos particulares "funcionarios" los registradores, que gestionan dependencias en que sus trabajadores no son funcionarios, mantenidos mediante el pago directo de aranceles es decir pir el pago directo de los ciudadanos.

Cual es la razón de esta elección? Lo cierto es que no se ha explicado ni se han aportado datos objetivos que justifiquen esta decisión. Frente a ello tenemos que se trata de un colectivo cuyos ingresos se han visto afectados por la crisis y a la par con relación con el presidente del Gobierno pues el mismo es registrador en excelencia. El colectivo de registradores no esta de acuerdo en su totalidad y parte de el ha manifestado sus discrepancias http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1615909

El gobierno dice que los ciudadanos no deben preocuparse pues no les va a costar dinero, pero si fuera así por que precisamente los registradores se oponían a gestionar el Registro Civil alegando que no iban a sufragar su coste. Existe la duda sobre si se va a mantener la posibilidad de realizar trámites en los juzgados de paz, con lo que supondría de mantener dicho coste vía presupuestos del Estado o de que se supriman estos trámites perjudicando a las personas que no residan en una capital de provincia. Lo que parece es que, al menos de momento y al principio, los ciudadanos no deberán pagar por trámites actuales como la obtención de certificados, pero se han filtrado negociaciones entre representantes de los registradores y el gobierno dirigidos a crear nuevos hechos registrales, sitios que va aser obligatoria su inscripción y su pago, y de esta manera indirecta sufragar el registro civil. Esto supone que de manera directa o indirecta, los ciudadanos pagarán la gestión del Registro Civil por los registradores.

Es además muy discutible que los registradores gestionen adecuadamente el registro civil. Como abogado que frecuenta los registros, no son lugares preparados para atender al tipo de ciudadano usuario habitual del registro civil. Estoy hablando de registros con una cultura de organización muy propia y distinta del talante adecuado de servicio público necesario para la atención de la generalidad de los ciudadanos ni sus actuales trabajadores están capacitados para lidiar con una atención masiva.

Dejo para el final los aspectos más inquietantes en esta decisión que apuntan a que el verdadero "pelotazo" va a ser para unos pocos y relacionado con la gestión informatizada del nuevo registro, aspectos que se tratan en estas entradas http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/11/12/la-privatizacion-del-registro-civil-un-pelotazo-de-5-millones-sin-aclarar/14515 y esta otra de Hay Derecho recomendando la lectura de los comentarios a la misma http://hayderecho.com/2014/09/30/la-cesion-del-registro-civil-a-los-registradores-mercantiles-o-el-problema-del-polizon/


Publicado o 12/04/2015 en http://alfredoherranz.blogspot.com.es/

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Registro imaginario

Por Alfredo Vara.

Algunos tienen una imaginación tan febril que aseguran que el Gobierno pretende entregar la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad, argumentando que semejante cambio se hará para modernizar un servicio tan importante y básico y sin que cueste un euro más a los ciudadanos.

Tal hipótesis significaría creer que un cuerpo integrado por 120 funcionarios que no perciben ingresos del Estado, sino que cobran a quienes requieren sus servicios, estaría en condiciones de mejorar lo que hoy hacen funcionarios especializados en las sedes judiciales de toda España.

Implicaría también aceptar que los registradores aceptarían la enorme responsabilidad de la recepción y custodia de millones de datos esenciales y la carga de trabajo consiguiente, sin percibir compensación alguna por parte del Estado ni de los ciudadanos. Y creer que inscribir un nacimiento o una defunción o solicitar una fe de vida de esas que nuestra envejecida población debe presentar de vez en cuando para cobrar su pensión sería más fácil y rápido e igual de gratuito.

Tan imaginativos ciudadanos no explican cómo se conseguiría la cuadratura de semejante círculo. Otros, con imaginación no menos calenturienta, sostienen que se trataría de un suculento favor que registradores con puestos clave en el Ejecutivo querrían hacer a sus colegas.

Pero todo debe de ser fruto de la imaginación de algunos. Otros, menos imaginativos, afirman que tal pretensión estaría llamada a convertirse en un intento fallido más de este Gobierno. De esos -relacionados con el aborto, las tasas judiciales, la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares y algunos más- en los que solo acierta cuando rectifica.

Publicado o 07/04/2015 en www.lavozdegalicia.es

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Los ciudadanos y el nuevo Registro Civil

Por Ignacio Santaló.

El Gobierno viene negociando con los registradores mercantiles nuevos aranceles y nuevas gestiones para compensarles la asunción de la gestión del Registro Civil. Estos funcionarios sin salario público, cuyos ingresos dependen de sus gestiones, los aumentarán a costa del ciudadano. A tal fin se trata de establecer por ley gestiones onerosas, hasta ahora inexistentes, referentes a libros de familia, o a inscripciones, como la de los registros de seguros o el cese de los poderes notariales (el año pasado se firmaron casi un millón en toda España); a devengar honorarios por servicios hasta ahora gratuitos: fes de vida y estado, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, celebración de bodas, expedientes de matrimonio, de parejas de hecho, nacionalidad, registrar poderes, últimas voluntades, cambios de domicilio, cambio de nombre y apellidos….; y, finalmente, cual “cajón de sastre”, se propone, incluso, añadir en la futura ley “Cualesquiera otros hechos o actos relativos a las personas físicas previstos en las leyes”…

La privatización de este servicio público provocará, además, la supresión de las oficinas locales del Registro Civil, obligando a los ciudadanos de la zona rural a desplazarse a la capital para realizar cualquier trámite, con la consiguiente incomodidad y gasto añadido. Y, naturalmente, que los actuales funcionarios públicos del registro sean reasignados en otros órganos, con los peyorativos efectos materiales de toda índole que ello les originará.

Pero, aparte de la privatización de la plataforma técnica y de gestión de los registros civiles, se privatiza también su explotación a través de la reforma del Reglamento del Registro Mercantil, que incrementa las tarifas de numerosas operaciones -entre un 800% y un 6.000%- y triplica sus funciones retributivas o “actos minutables”, medidas poco congruentes en un país donde el salario mínimo, las pensiones y los sueldos de los funcionarios están congelados, y que dejará 10.000.000 € extras de facturación anual a cada registrador; renta más que suficiente para afrontar unos costes del Registro Civil que se estiman inferiores a 500.000 euros por oficina. Una renta de monopolio de 9,5 millones de euros al año.

Por si a alguien se le había olvidado, el presidente del Gobierno es registrador. Ustedes mismos.


Publicado o 25/03/2015 en www.elidealgallego.com

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Asalto al Registro Civil

Por Miguel Ángel Aguilar. Publicado o 26/11/2012

Es posible que estemos ante una corrupción política mediante la captura del regulador.

Ni siquiera sometida al quinto grado en el interrogatorio que siguió al Consejo de Ministros fue posible que la vicepresidenta y portavoz se aclarara el viernes pasado, día 23, en torno al llamado borrador de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía), atribuido a la policía, donde se implicaba al candidato Artur Mas en comisiones y cuentas en Suiza y en Liechtenstein. Sus respuestas parecían atenerse al principio de que todo aprovecha para el convento (o para la campaña electoral). Veremos cómo lidia el próximo viernes, día 30, este otro borrador para la Reforma Integral de los Registros, elaborado por la Dirección General de los Registros y del Notariado. Porque pudiera revelarse como un caso de corrupción política mediante el procedimiento de la captura del regulador.

Sostiene Wikipedia que la anterior expresión se refiere a la influencia de las empresas dominantes en un determinado sector sobre la(s) agencia(s) gubernamental(es) a cuyo control se encuentran sometidas. El fenómeno incluye desde el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada hasta la prevaricación de las agencias a favor de los intereses del actor dominante. Sucede que el regulador se convierte en defensor de los intereses del actor (la empresa dominante), creando barreras de entrada para las empresas competidoras, atribuyéndole privilegios legales, monopolios, haciendo concesiones al protegido e influyendo en el proceso legislativo para que le sea lo más favorable posible. Comportamientos de esta naturaleza evidencian a menudo una relación estrecha entre los altos cargos del organismo regulador y la empresa favorecida, a través de vínculos familiares, profesionales o personales.

Para confirmar esa captura en nuestro caso conviene atender al número y rango de los políticos implicados y a las multimillonarias cifras que generaría este pingüe negocio del Registro Civil entregado al disfrute de un grupo profesional privilegiado. De modo que el registrador cobraría y se enriquecería por cada ciudadano que naciera, creciera, cambiara de domicilio, tuviera hijos, otorgara poderes, hiciera testamento, se casara o divorciara y al fin se muriera. Por ejemplo, los cónyuges al casarse tendrían que pagar 500 euros al registrador por asumir funciones que hasta ahora desempeñaban los párrocos. El notario, si fuera diligente, debería advertir a los contrayentes que cuiden de no consumar el matrimonio hasta que haya sido inscrito, dado que —según el anteproyecto de ley— no estarían casados frente a nadie hasta que se verificara la inscripción, cuyo arancel sería incrementado por el registrador con cada obstáculo que pudiera encontrar o inventar. Además, cada vez que alguien pidiera una certificación de matrimonio o de nacimiento o de lo que fuere, estaría obligado a pasar por la caja registral. El pago de la factura, en vez de sufragar el coste del servicio y de los funcionarios que lo prestan, pasaría al registrador, a quien correspondería contratar personal laboral no sometido al estatuto de funcionario, poseer la facultad de curiosear en lo más íntimo de las vidas ajenas, pagar los gastos de la oficina y quedarse el resto para su bolsillo.

Así, el proyecto que comentamos entregaría a los registradores de la propiedad y mercantiles, sin previo concurso público, la explotación comercial del Registro Civil. De modo que en plena crisis unos funcionarios, que actúan como profesionales aunque en un régimen de absoluto monopolio, vendrían a apropiarse de un negocio sin prima de riesgo alguna a costa de todos los españoles, dando así cumplimiento a las ambiciones de este cuerpo y de su Colegio Nacional. Un simpático colectivo que, tras ser sancionado por la Agencia de Protección de Datos y perseguido por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no parecería el más indicado para explotar en su beneficio un servicio público de esta trascendencia y de paso convertir en rehenes de su codicia a todos los ciudadanos.

Son tiempos de crisis, pero aunque fueran de bonanza carece de sentido incrementar los costes que gravarán a los usuarios del Registro Civil para reforzar el estatus millonario de un grupo de privilegiados —los integrantes del Cuerpo de Registradores de la propiedad y mercantiles— que, a tenor del anteproyecto, parecería tener abducido a un Gobierno presidido por un miembro de la fratría. Habríamos pasado así limpiamente del “tasazo” judicial al “arancelazo” registral, sin que pueda alegarse reducción de costes de los salarios públicos, habida cuenta de que los funcionarios hasta ahora encargados de las tareas del Registro Civil deberán ser reubicados en otros departamentos del ministerio, sin alivio para las arcas del Estado. Continuará.


Publicado o 26/11/20912 en www.elpais.com

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Siete razones contra la privatización del Registro Civil

Por Javier Martínez del Moral. Publicado o 24/07/2014

El Gobierno incluyó en el real decreto ley ómnibus de 4 de julio de 2014, recientemente convalidado por la mayoría del PP, la privatización del Registro Civil, dedicando a ello las disposiciones adicionales décimonovena a vigésimocuarta.

Creo que esta norma no se ajusta a la normativa de la UE, es inconstitucional, inmoral, opaca, ha sido aprobada violando la Ley de Conflicto de Intereses, revela una sorprendente realidad que exige una profunda investigación y se ha elegido el sistema más ineficiente y costoso para su propiedad, gestión y explotación.

1. ES INCONSTITUCIONAL

Como ha denunciado toda la oposición política, el Gobierno ha utilizado el decreto ley como vehículo normativo para atender criterios de opacidad, eludiendo los informes técnicos y dictámenes de organismos públicos que, a buen seguro, hubieran impedido su tramitación parlamentaria con el contenido predispuesto. Este defecto no se corrige con la carnaza lanzada por Sáenz de Santamaría después de su convalidación, a fin de que se tramite como proyecto de ley para debatir enmiendas (contra los aprobado por el PP), desoyendo a las asociaciones y colegios afectados, ni subsana la ausencia de la memoria y estudio económicos que nos permita saber cuánto va a costar el capricho de Gallardón y quién y cómo lo van a pagar.

Añádase que siendo objeto de tramitación parlamentaria ulterior como proyecto de ley no podrá recurrirse ante el TC con efectos suspensivos.

Invocar la extraordinaria y urgente necesidad de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de Zapatero de 2011, cuando de origen incorporaba una vacatio de tres años y –al menos– falta otro año para que inicie su aplicación, es faltar a la verdad. Rajoy ya presentó en la tramitación parlamentaria en 2010 dos enmiendas en el Congreso (las número 115 y 168) y otra en el Senado (la número 42) para poder privatizar el Registro Civil a manos de los registradores. Tales enmiendas fueron rechazadas, pero revelan que la privatización a favor del colectivo registral no es algo novedoso ni mucho menos urgente. Recordemos también que el anteproyecto de reforma integral de los registros, de 2012, tenía esa pretensión, como denunciara Miguel Ángel Aguilar (El País, 26/11/2012, “Asalto al registro civil”). La oposición frontal a esta norma por parte de todos los colectivos de justicia, sindicatos, partidos y sociedad, es lo que ha llevado a Gallardón a deshojar tranquilamente la margarita durante veinte meses, al estilo de Gregorio Marañón: si hoy es muy urgente, mañana lo será todavía más…

Se buscó el mejor momento para anunciar la elección (cambio de rey) y para aprobarlo (en el Consejo de Ministros de la operación salida de verano). Hablar ahora de una necesidad inaplazable suena a chiste, sobre todo si tenemos en cuenta que la aplicación del decreto ley precisa reformas legislativas y reglamentarias que dejan sin efecto la inmediata virtualidad normativa aparentemente pretendida.

2. ES INMORAL Y VIOLA LA LEY DE CONFLICTO DE INTERESES

Los artículos 4 y 7 de la Ley 5/2006 de Conflicto de Intereses impiden al presidente del Gobierno (registrador titular de Santa Pola), al ministro de Justicia (por parentesco) y al director general de los Registros (registrador) tomar decisiones sobre cuestiones registrales. También son registradores el subdirector general y los tres asesores jurídicos contratados por la Dirección General para el desarrollo de los proyectos.
Resulta objetivamente inmoral que la norma haya sido confeccionada por los beneficiarios de la privatización. Y doblemente inmoral que con estos antecedentes se acuda al decreto ley para obtener la menor transparencia posible. Estamos ante un evidente caso de captura del regulador que alcanza todo el proceso político de gestación de la norma: se cocina por registradores en la Dirección General de los Registros; se presenta por el ministro con parientes en el ramo y se aprueba por el registrador de Santa Pola.

El descaro con el que actúa el lobby registral sólo tiene explicación desde la impunidad acreditada de que gozan en la actualidad. Resulta absolutamente obligado, por puras razones de higiene democrática, abrir una investigación global sobre las iniciativas de la Dirección General y del Ministerio de Justicia para favorecer a este influyente colectivo.

3. REVELA UNA REALIDAD SORPRENDENTE QUE DEBE SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Poco deben trabajar los registradores mercantiles y mucho ganar cuando –sin despeinarse– pueden absorber todas las funciones del Registro Civil, además del Mercantil, y financiar su puesta en marcha con los excedentes del arancel mercantil.

El arancel registral tiene naturaleza tributaria y se regula en la Ley de Tasas y Precios Públicos. Resulta inaplazable conocer los costes del Registro Mercantil y de la Propiedad: lo que ingresan, los costes laborales, demás costes operativos y el beneficio registral... TRANSPARENCIA en la aplicación de las retribuciones tributarias frente a la actual opacidad.

4. ES ECONÓMICAMENTE INVIABLE Y ALTAMENTE INEFICIENTE

La UE no permite que se perciba arancel por la publicidad mercantil y, mucho menos, que las tasas del Registro Mercantil sirvan para financiar el Registro Civil de los ciudadanos españoles.

La Directiva 2009/101/CE (artículo 3quater) limita las tasas por acceso al Registro Mercantil a su coste administrativo y obliga a poner a disposición de todos los ciudadanos de forma gratuita numerosos datos de las sociedades de la UE.

La fecha máxima prevista para su transposición por los Estados miembros era el 7 de julio de 2014, dos días después de la entrada en vigor del decreto ley.

El Gobierno podía cumplir con las exigencias de la directiva aprovechando el decreto ley, pero eso perjudicaba a los registradores, por lo que obvió su obligación y les entregó el Registro Civil en términos incompatibles con el efecto directo vertical que tiene la directiva, al haber expirado el plazo de transposición. Esto significa que los particulares pueden invocar la directiva frente a la facturas registrales y denunciar al Estado ante los tribunales.

El escaso recorrido que tiene el sistema de financiación que establece el decreto ley nos hace temer que entre bastidores existan diversas alternativas previstas para eliminar esa gratuidad y hacer de la corporación del Registro Civil un organismo poderoso y altamente rentable para el colectivo registral.

Si atendemos a las que ya figuraban en el proyecto de reforma integral, anticipo con ánimo premonitorio las siguientes:

1º. La Orden JUS/35/2014, de 20 de enero, crea el Código Identificador de Entidad, sólo exigible a sociedades financieras. El arancel registral mercantil es de 100 euros por el alta y 50 al año por “mantenimiento”.

Si este Código se establece de forma obligatoria para los cuatro millones de sociedades activas, se obtendrían 400 millones de euros por el alta y 200 millones al año por mantenimiento. A repartir entre los 110 registradores civiles y mercantiles.

Conviene apuntar que esta rrden es ilegal, porque la DA 3ª de la Ley de Tasas y Precios Públicos exige decreto conjunto de Hacienda y Justicia.

2º. Incrementar el número de actos inscribibles en el Registro Civil y exigir arancel por los mismos (poderes, autorizaciones, consentimientos, revocaciones, etc).

3º. Incrementar el arancel registral. Existe un borrador que aumenta el arancel más del 300%.

4º. Cobrar por el tráfico intrarregistral de información. Es decir, un Registro Mercantil o de Propiedad hace una consulta al Registro Civil y la paga. A continuación la repercute en el cliente en concepto de suplidos. Este sistema se está utilizando hoy para las consultas que los Registros de la Propiedad hacen al Registro Mercantil.

No se olvide, por otro lado, que el Registro Mercantil funciona de forma monopolística y esta estructura es económicamente ineficiente para gestionar un registro con información sensible de todos los ciudadanos. La igualdad que debe presidir las relaciones entre la administración y el administrado se convierte en cautividad del administrado, quien racionalmente va a evitar todo lo que pueda servir para enfurecer al registrador, como por ejemplo una reclamación de honorarios privados, porque antes o después tendrá que volver a pasar por la caja registradora y depender del criterio de calificación condicionante de su pretensión, sin posibilidad de elección y sin que existan (contra el miedo) verdaderos mecanismos preventivos o paliativos eficaces.

El remedio a este desaguisado sólo puede ser someter el registro a tasa, como ocurre en toda la Unión Europea, impidiendo que los registradores capturen los excedentes del arancel de los Registros de la Propiedad, Mercantil y Civil, dado que no ejercen como profesionales y sólo desarrollan una función pública.

5. LA INCAPACIDAD DE LOS REGISTRADORES PARA LLEVAR REGISTROS ELECTRÓNICOS

Gallardón atribuye la propiedad del sistema informático y el control de los datos de documentos tan sensibles, en términos de protección de datos, como son los referentes al Registro Civil, al colectivo menos apropiado, puesto que decenas de registradores diseminados por todo el territorio nacional han sido condenados por la Agencia de Protección de Datos por la explotación comercial incontrolada de datos de los ciudadanos, sin atender el deber de secreto.

El Colegio de Registradores ha sido incapaz de poner en marcha en varios lustros un registro de condiciones generales de la contratación que les entregó el Gobierno de Aznar (con Rajoy sentado en el Consejo de Ministros, en 1999) que ha estado más de diez años inoperativo y, en la actualidad, carece de sistemas apropiados de búsqueda y escaso o nulo valor publicitario.

Dos leyes en 2001 y 2005 imponían sin demora a los registradores también la digitalización del contenido del registro y la puesta en marcha de un acceso on line a los libros registrales. Más de diez años después persiste el incumplimiento, que genera graves problemas a los usuarios y reduce enormemente la fiabilidad del sistema registral.

Las capacidades tecnológicas del Colegio de Registradores español dejan mucho que desear. La inmensa mayoría de los países iberoamericanos y europeos cuentan con un sistema registral infinitamente más moderno, tecnológico y eficaz que el rancio registro español; y ello pese a que el arancel registral se elevó en 1989, según su decreto regulador, para sufragar la informatización de los registros. Los ciudadanos han pagado y demandan ese acceso on line.

Si de lo que se trata es de premiar al Colegio de Registradores por incumplir la Ley de acceso on line con fines crematísticos y comercializar datos protegidos de los ciudadanos violando la legislación de protección de datos o si de lo que se trata es de dar una segunda oportunidad a quienes no han sido capaces de diseñar un registro de condiciones generales fiable en los últimos quince años, el decreto ley que les entrega el registro civil tiene su explicación.

6. FAVORECE A UNA CORPORACIÓN PARTICIPADA POR LOS REGISTRADORES

El sistema informático del Registro pasa a pertenecer a una agencia o corporación pública donde participan los registradores a título individual. Esto es una privatización en toda regla de los sistemas de tratamiento de los datos más sensibles de los ciudadanos, que van a quedar bajo el control de terceros que operan con personal que no está sometido al estatuto y disciplina funcionarial.

La corporación propietaria, de la que nada se nos dice, sabemos que en el plazo de tres meses firmará los contratos del sistema informático. En ese plazo tienen que salir a concurso el sistema y haberlo adjudicado. Y las empresas deben estudiar las condiciones y ser capaces de disponer del sistema desarrollado para su implantación. Algo que parece imposible para quien no cuente anticipadamente con información privilegiada.

7. OPACIDAD AL ELEGIR LA SUMINISTRADORA DEL SISTEMA INFORMÁTICO

La asociación de registradores AIREG denuncia en su web que la empresa a la que el decreto ley encomienda la contratación del sistema informático (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.) fue la adjudicataria del 90% de los contratos sin publicidad otorgados a dedo del Ministerio de Defensa. Mal empieza el proceso de selección cuando internamente se duda de la imparcialidad del que tiene que elegir al beneficiario del megacontrato.

Esta misma asociación ya denunció también que la empresa Futuver SL., cuya sede en Madrid se encuentra en el edificio de los Registros, fue adjudicataria a dedo de los sistemas de digitalización de los expedientes de nacionalidad. En este caso se trata de un contrato de muchos millones de euros; en la España del pelotazo nos tememos lo peor.
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Javier Martínez del Moral es notario


Publicado o 24/07/2014 en www.infolibre.es

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Privatizar el registro civil es un proyecto ideológico de la política más casposa

Por Francisco Delgado.

Privatizar el Registro Civil está dando ya enormes beneficios para empresas privadas y también para el cuerpo de registradores mercantiles.

Privatizar el Registro Civil está dando ya enormes beneficios para empresas privadas y, posteriormente, también, para el cuerpo de registradores mercantiles, en un alarde de presunta prevaricación por parte del actual Gobierno. Pero el problema es mucho más profundo y tiene que ver con un doble proyecto ideológico concreto. Por un lado la propuesta enfermiza de una determinada derecha casposa e insolidaria que pretende privatizarlo todo, por supuesto los beneficios, no los riesgos, ni las pérdidas. Pero el segundo aspecto de esta propuesta es, si cabe, de mucho mayor calado político ideológico.

Los Registros Civiles modernos tiene su germen en la Revolución francesa (1793), aunque sus orígenes son muy anteriores y aparecen en culturas orientales, en la civilización del imperio romano y, claro, en la Edad media “controlados”, básicamente, por la iglesia católica a través del bautismo y del resto de ritos de paso.

Con el inicio de la secularización de la sociedad y de la libertad de culto, sobre todo a raíz de la época de la Ilustración, los Registros Civiles pasan a ser controlados y organizados por el Estado, dentro de la red pública, bien por entidades locales, comunales o estatales, y casi siempre en el ámbito de la organización de Justicia. A lo largo del s.XIX los Registros Civiles dependientes de los Estados modernos, se extienden por el resto del mundo. Así la Iglesia deja de “ejercer un poder “que tenía, casi en exclusiva, hasta entonces: Los datos de la ciudadanía a través de los ritos de paso sacramentales.

El Registro Civil en España comenzó en enero de 1871, a raíz de la entrada en vigor de leyes estatales que lo instauraban, exigiendo a los municipios la creación de un Registro Civil en el que se debían inscribir los datos referentes al estado civil de todos los españoles y españolas (nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.), al margen de sus creencias.

Recientemente, en 2011 el gobierno del PSOE trató de “modernizar” y de “desregular” la dependencia del Registro Civil del ámbito de los jueces. Quizá con buenas intenciones en un inicio, pero que no supo o no quiso rematar o se vio envuelto en un magma corporativo. Precisamente ahí esté el inicio del “problema”, que ahora el Partido Popular quiere “rematar la faena”, si las próximas elecciones y una nueva mayoría parlamentaria no se lo impiden.

El PP, primero, ha puesto en manos de empresas privadas de nuevas tecnologías datos de la ciudadanía que son sensibles, obviando los más elementales principios de la Protección de Datos y, ahora, pretende poner los registros civiles en manos de los registradores mercantiles (y de la propiedad).

Es evidente que había que modernizar el Registro Civil en España, dar una nueva funcionalidad en base a los principios de igualdad y usando las nuevas tecnologías al máximo, pero dentro de los límites del Estado de Derecho y de la privacidad que cada persona merece y que sólo se consagran en el ámbito público. Por seguridad e igualdad de todos y todas ante la Ley. Principio constitucional muy importante, que con esta propuesta se destroza.

Hay que tener en cuenta los enormes riesgos que se corren cuando los datos personales más relevantes de la ciudadanía, desde las inscripciones de nacimiento a las de defunción, pasando por toda una serie de actos fundamentales, dejen de estar bajo el control de la administración pública. Ya sea central, territorial o local.

Con esta reforma pasarán a la gestión de intereses privados, con todos los peligros en la seguridad y privacidad de las personas que ello puede conllevar.

Muchos políticos y colectivos sindicales se equivocan cuando la denuncia de este hecho la hacen basándose, fundamentalmente, en cuestiones puramente mercantiles, de pago de aranceles por parte de la ciudadanía, de suculentos pelotazos y de supuesta prevaricación (que también).

Pero la cuestión de fondo tiene que ver mucho más con el desmantelamiento del Estado de Derecho y de la laicidad institucional, que se fue construyendo muy poco a poco y con mucho esfuerzo a raíz de la Revolución Francesa. Y ahora se trata de de-construir, si nuevas mayorías políticas no lo remedian. Suponiendo que lo quieran remediar.

Si se consumara este despropósito, si no se remediara posteriormente, en mi testamento vital y en el de últimas voluntades exigiré, que un registrador mercantil no anote mi fallecimiento, ya que me parece un hecho denigrante, al que tengo derecho a renunciar al final de la vida. Propongo que así se haga por parte de quienes lo consideren.


Publicado o 15/03/2015 en www.nuevatribuna.es

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La puerta giratoria, el bricolaje del presidente

El propio presidente del Consejo de Ministros engrasa escrupulosamente el mecanismo de su particular puerta giratoria, preparando su presentida jubilación como presidente del gobierno, legislando el reparto de las actividades del Registro Civil entre los registradores, que verán aumentadas sus fuentes de ingresos sustancialmente en la misma proporción que aumentan los costes a los particulares y usuarios forzados por la ley.


No puede ser casual que el oficio al que se reintegrará el señor Rajoy sea el de usufructuario de minutas registrales. Para cuando desembarque en su plaza de Santa Pola, se habrá mullido el asiento para sus delicadas asentaderas de expresidente, con el aumento de actos y comunicaciones que engrosan la minuta en cientos por ciento si no en miles por ciento de euros según se puede leer en la prensa independiente; con la subida de los costes de los más frecuentes actos registrales que repercutirán en el usuario forzoso; con el acrecentamiento de operaciones, que a la voz de ¡ya!, requerirán pasar obligatoriamente por la ventanilla del registro mercantil. Más “los chuches” que representan el cambio establecido que obliga a sociedades, asociaciones, fundaciones…, que deben registrar, no los libros en blanco donde se recogerán las actas, sino las propias actas redactadas en esos libros, que anualmente deberán hacer girar la manivela de la caja registradora, abonando alegremente un promedio de trescientos euros por cada obligado usuario, al opulento colchón del registrador y su parentela registral.

Por Fernando Pérez Martínez.

El significado de puerta alude directamente a términos como la entrada o la salida.

La puerta giratoria, referida a cargos de representación gubernamental, es un concepto alusivo al mecanismo de salida para los altos cargos de la Administración pública y su entrada a toda orquesta en lustrosos puestos en el escalafón de la gerencia de los negocios privados como premio a los servicios prestados. Prestados no a la administración pública como sería natural, sino desde la administración pública.

La puerta giratoria describe un sistema de redes clientelares de algunos altos cargos de la administración política del país. De este modo cuando un político pasa a desempeñar la responsabilidad sobre una materia pública se deja subastar entre los grupos privados que desarrollan su actividad de negocio en el área sujeta ahora a sus decisiones discrecionales.

Los términos en que se produce la subasta para fichar al nuevo cargo son de muy distinta naturaleza, todas lisonjeras y más o menos rentables según lo productivo que sea para las empresas el candidato y el beneficio a obtener.

Una con bastante éxito entre los exmiembros de los gobiernos que han sido, es la de acomodarles en puestos de relumbrón económico y discreta exposición mediática. Además de las tradicionales y más groseras entregas de maletín, hoy tuneadas en transferencias a cuentas fiscalmente opacas de entidades con sucursal en algún acreditado paraíso fiscal. También están las “golosinas” que satisfacen la vanidad y conforman un currículo más provechoso.

De esta manera, desde un anónimo consejo de administración, se aseguran al responsable público catorce buenas pagas anuales, casa, vehículo de empresa de alta gama, chófer, dietas sustanciosas y otras prosaicas a la par que prácticas exquisiteces, por el respaldo político al acaparamiento de negocio de las empresas o personas que hicieron la mejor oferta, la más satisfactoria. Así que cuando termina el mandato del miembro del parnaso de la administración pública que fichó el grupo empresarial de un particular, éste le asegura el porvenir en función de los beneficios servidos.

Resulta llamativo el que esta clase de servicios contratados llegan a la luz pública, cuando llegan, años después de haberse prestado, rara vez durante el mandato del fichado o contratado. He aquí una excepción. En la actualidad el presidente del gobierno entretiene sus esparcimientos con la inocente práctica del bricolaje. Hoy podemos verle minuciosamente entregado a su afición, provisto de los útiles necesarios. El propio presidente del Consejo de Ministros engrasa escrupulosamente el mecanismo de su particular puerta giratoria, preparando su presentida jubilación como presidente del gobierno, legislando el reparto de las actividades del Registro Civil entre los registradores, que verán aumentadas sus fuentes de ingresos sustancialmente en la misma proporción que aumentan los costes a los particulares y usuarios forzados por la ley.

No puede ser casual que el oficio al que se reintegrará el señor Rajoy sea el de usufructuario de minutas registrales. Para cuando desembarque en su plaza de Santa Pola, se habrá mullido el asiento para sus delicadas asentaderas de expresidente, con el aumento de actos y comunicaciones que engrosan la minuta en cientos por ciento si no en miles por ciento de euros según se puede leer en la prensa independiente; con la subida de los costes de los más frecuentes actos registrales que repercutirán en el usuario forzoso; con el acrecentamiento de operaciones, que a la voz de ¡ya!, requerirán pasar obligatoriamente por la ventanilla del registro mercantil. Más “los chuches” que representan el cambio establecido que obliga a sociedades, asociaciones, fundaciones…, que deben registrar, no los libros en blanco donde se recogerán las actas, sino las propias actas redactadas en esos libros, que anualmente deberán hacer girar la manivela de la caja registradora, abonando alegremente un promedio de trescientos euros por cada obligado usuario, al opulento colchón del registrador y su parentela registral.

En la actualidad Rajoy dirige desde el Gobierno la maniobra de su apacible a la par que lucrativo aterrizaje desde el olimpo de la administración pública hasta la reposada plaza que le aguarda excelentemente cebada por su propia mano. Hoy somete su nariz a los vapores lubricantes y, pasado el trance electoral presumiblemente adverso, el mecanismo giratorio se deslizará discreto, silencioso y suave como la seda. No requiere complemento de paraíso fiscal. Indecente, pero legal.


Publicado o 13/03/2015 en www.infolibre.es

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De nuevo sobre la captura del Registro Civil

Leemos en El País a Fernando Garea un artículo del domingo en el que se dice que, a pesar de los repetidos mensajes en sentido contrario del Gobierno, los ciudadanos van a tener que costear los servicios del Registro Civil una vez que éste pase a control de los registradores mercantiles. Lo cierto es que lo que cuenta el periodista es verdaderamente escandaloso: enmiendas a la norma que lo va a regular, provenientes de los propios registradores, y en las que literalmente se propone aumentar el número de actos incribibles, no para mejorar el servicio público, sino directamente para cobrar más, bajo el (realmente tenue) eufemismo de que sería “una fuente de financiación de la que no se puede prescindir”. Es decir, que hay que imponer a los ciudadanos más gestiones burocráticas innecesarias (porque hasta ahora no se llevaban a cabo y todo funcionaba perfectamente), para que paguen más. Desde luego no suena extraordinariamente ejemplar el asunto. Y mucho peor sonaría si el Gobierno finalmente aprueba una norma que recoja estas exigencias.

Nos parece un tema verdaderamente grave, máxime teniendo en cuenta que, por si a alguien se le había olvidado, el presidente del Gobierno es registrador, de modo que es harto improbable que este tipo de actuaciones se estén desarrollando sin su consentimiento, o, al menos, sin esa característica y rajoniana manera de ponerse de perfil y hacer como que el asunto no va con él. Pero sí va, y mucho.

Sin perjuicio de seguir hablando del tema en el futuro, recordemos ahora lo que ya hemos escrito, editores y colaboradores, que no es poco. Y, desgraciadamente, parece que no estábamos muy equivocados…

Artículos sobre el Registro Civil


Publicado o 12/03/2015 en http://hayderecho.com

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Registro Civil SA: la puerta giratoria de Mariano Rajoy

Por Javier Martínez del Moral.

La “contrarreforma” de la “reforma” de la Ley de Registro Civil 20/2011, de 21 de julio, está llamada a convertirse en el paradigma de la opacidad, fraude a los intereses de los ciudadanos y perversión de nuestra clase política en la privatización de servicios públicos.

Nadie esperaba que una ley aprobada unánimemente por los grupos parlamentarios fuera objeto de profundas reformas unilaterales antes de su entrada en vigor, nadie excepto la asociación de usuarios de registros que anticipaba en junio de 2011 que Rajoy había votado con los dedos índice y medio cruzados, para –una vez alcanzado el poder– apropiarse del Registro Civil para sí, para sus hermanos y compañeros.

El pronóstico fue certero. Antes de nombrar al ministro de Justicia, el presidente del Gobierno ya tenía designado al equipo de registradores para iniciar el asalto al Registro Civil, entre ellos, un administrador del grupo de empresas señalada por el dedo divino para diseñar y vender la plataforma tecnológica del mismo. Durante ese año se presentó el proyecto de reforma del Registro Civil y las reacciones contrarias a la privatización de todos los sectores sociales, económicos y culturales obligó a su retirada, algo bien distinto al abandono del objetivo. Al contrario, el proyecto ha seguido pese a la denuncia pública de que algunos de los colegas de Rajoy, que se encontraban prestando servicios en la Dirección General de los Registros y del Notariado, habían preparado la adjudicación para que finalmente la empresa beneficiaria (Indra) tuviera que adquirir el software o formar una UTE con la empresa Futuver, ligada precisamente a esos mismos registradores del Ministerio de Justicia.

Sustituido Gallardón y cesados todos los cargos y asesores de la Dirección General, el día 11 de diciembre de 2014, Rafael Català, a la vista de la oposición del Colegio de Registradores a la adjudicación ya consumada, anuncia que finalmente la plataforma tecnológica se privatiza en manos del Colegio Profesional del que es colegiado su jefe, en contra de lo aprobado en el Parlamento, sin concurso y sin epidural. Cuando el legislador impone un modelo y el ministro, a pesar de ello, sigue otro, debemos suponer que una de dos, o el ministro va por libre y desprecia las voluntad del legislador o alguien por encima de él le marca el camino crematístico a seguir.

Llama la atención que el ministro mantenga que no se va a privatizar el Registro Civil y, a su vez, garantice que los funcionarios actualmente adscritos serán reasignados en otros órganos. ¿Y por qué no en el nuevo?

El personal contratado por los registradores para desarrollar su empresa de servicios registrales (mercantiles o civiles) es personal laboral, normalmente endogámico y, por supuesto, no funcionarial, por lo que la gestión de los datos más sensibles de todos los ciudadanos se deja en manos de personas que no están sujetas a la jerarquía, responsabilidad y sujeción al estatuto funcionarial.

Si no hay privatización de la gestión, los jueces encargados de los Registros Civiles tienen el derecho de opción para continuar su carrera en el nuevo órgano administrativo, opción que permitiría además conservar y aprovechar la dilatada experiencia de quienes se han encargado hasta la fecha de tales labores. Otro tanto puede decirse de los demás funcionarios y técnicos del Registro Civil que conservan el derecho a permanecer en el nuevo órgano de la administración que se encargue de tal llevanza, siendo altamente eficiente no desaprovechar la ciencia y experiencia de tales funcionarios.

En suma, el ministro tendrá que explicarnos por qué se prescinde de todos los funcionarios que conocen y gestionan los Registros Civiles si la idea no es privatizar el servicio. Y por qué se les priva ilegalmente y de forma injustificada de su derecho a continuar en el ejercicio de su función pública en el nuevo órgano de la administración que se encargue de su llevanza.

Además de la privatización de la plataforma tecnológica y de la gestión, se privatiza también de forma encubierta la explotación. Catalá, avanzando en esa estrategia de opacidad, ha preparado este suculento premio anual, que viene oculto en otra norma (la disposición transitoria 18ª al proyecto de reforma del Reglamento de Registro Mercantil) para incrementar las tarifas de los Registros Mercantiles en numerosas operaciones, entre un 800% y un 6.000%, medida poco congruente en un país donde el salario mínimo, las pensiones y los sueldos de los funcionarios están congelados.

El Reglamento no sólo incrementa tarifas, también triplica las funciones retributivas de los actuales Registros Mercantiles.

Ese incremento tanto de tarifas como de actos minutables dejará diez millones de euros extras de facturación anual a cada registrador mercantil presente o futuro, renta más que suficiente para afrontar unos costes del Registro Civil que se estiman inferiores a 500.000 euros por oficina. Estarán conmigo en que se trata de una sugerente puerta giratoria para el presidente del Gobierno: una renta de monopolio de 9,5 millones de euros al año.

El sistema de financiación encubierta se basa en tres pilares. El primero, incrementar el número de actos y comunicaciones minutables que deba realizar cada registrador mercantil en su quehacer diario; el segundo, incrementar el arancel de las operaciones más frecuentes para que el efecto multiplicador de pequeños conceptos disimulen la desproporción de las nuevas tarifas frente a las antiguas; y el tercero, aumentar el número de clientes obligados a realizar operaciones con el registro mercantil que serán quienes financien el delirante proyecto en ejecución.

En este contexto cobran especial relevancia las nuevas obligaciones de legalización de libros anuales, que se impone no sólo a las sociedades que deben publicarse en el Registro Mercantil, sino a toda entidad (asociaciones, fundaciones)… incluso sin personalidad jurídica (como las comunidades de bienes) a través de una Instrucción de la Dirección General de los Registros de 12 de febrero de 2015 que sirve –por ahora– de euroguinda al sistema.

La brillante idea consiste en alterar la obligación legal de legalizar libros en blanco y sustituirla por la de legalizar todos los años las actas de esos libros después de redactadas, ocurrencia introducida sibilinamente por el lobby registral en el artículo 18 de la Ley de Emprendedores. Esto obliga a pasar –a todos los que desarrollen una actividad económica– por la caja registradora una vez al año y abonar unos 300 euros de media cada visita obligada.

Aunque el sistema pergeñado goza del atributo de la simplicidad, carece de otros tan necesarios como la eficiencia y la correcta imputación de costes tributarios, dado que la totalidad de las percepciones arancelarias que el registrador ingresa en su bolsillo tienen naturaleza tributaria y se aseguran como rentas de su monopolio profesional. El desplazamiento del pago a sujetos que no generan el coste carece del más elemental respaldo legal, estimula la reducción de inversiones en tareas deficitarias, como serán todas las del Registro Civil, y contradice las palabras del ministro cuando alega que la reforma no tendrá consecuencias económicas para los ciudadanos. Las tendrá por mucho que se pretendan esconder en una Disposición Transitoria de otra norma redactada de forma ininteligible para los ciudadanos.

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Javier Martínez del Moral es notario.

Publicado o 02/03/2015 en www.infolibre.es

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Artigos de opinión: A privatización do Rexistro Civil

No xornal dixital La Ley publícanse hoxe dous artigos que reflicten dúas posturas sobre a "entrega" do Rexistro Civil aos rexistradores da propiedade, unha a favor e a outra, en contra.

No artigo de Jesús Seoane Cacharrón, secretario xudicial, titulado "La privatización del Registro Civil a favor de los registradores mercantiles va hacia un callejón sin salida", arguméntase que El Registro Civil só pode encomendarse a funcionarios da Administración do Estado para garantir o dereito dos cidadáns á intimidade das persoas por esixencia dos arts. 10.1 e 18.1 CE, en harmonía co Dereito Comunitario e a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, debendo manterse no ámbito xudicial en garantía daquel dereito ao abeiro do art.º 117.4 do texto constitucional.

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Por contra, Francisco Javier Gómez Gálligo, director xeral dos Rexistros e do Notariado, no seu artigo "La Reforma del Registro Civil en España", considera que o proxecto de Lei CORA de Medidas de Reforma na Administración de Xustiza vai atribuír os rexistros civís aos rexistradores da propiedade e mercantís, coa colaboración de notarios e xulgados de paz. Isto vai garantir a eficiencia do Rexistro Civil, a súa dixitalización e modernidade, superando o atraso actualmente existente. Non cabe falar de privatización dado o carácter de funcionarios públicos dos rexistradores e a súa dependencia funcional respecto do Ministerio de Xustiza.

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