«No tengo una pieza estrella en esta reforma judicial, ni quiero ser recordado como el padre de ninguna reforma, sino como el director de una orquesta de profesionales del Derecho que tocan a la vez una partitura bien ejecutada». La frase sonó a que en la Administración de Justicia quedan aún por corregir muchas distorsiones y también sonó a balance de despedida de legislatura en vísperas de campaña electoral y en el contexto de otra despedida, la de la tercera edición del Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla, que ayer puso el punto y seguido a todo un curso de debates sobre el papel de los jueces en la regeneración democrática. El ministro Rafael Catalá, que se cuida mucho de dar grandes titulares a la prensa -aunque en la última semana haya dado unos cuantos a su pesar-, anunció que el Gobierno del Partido Popular pretende que el «magnífico producto normativo» que está en trámite parlamentario, y muy especialmente, todo el paquete de medidas para luchar contra la corrupción, esté aprobado en este periodo de sesiones. Así que, una vez aprobada la reforma del Código Penal el próximo junio, la programación del Ejecutivo es tener en marcha toda la maquinaria legal anticorrupción en otoño y antes de que el presidente Mariano Rajoy convoque las elecciones generales.
Catalá atribuyó al Partido Popular el mérito de construir todo el marco legal dirigido a la regeneración democrática de un país en el que los ciudadanos, como reconoció a una pregunta del público, se desayunan día sí y otro también, con casos de corrupción. Pero el titular de la cartera de Justicia considera, sin embargo, que «si se conocen todos estos casos antiguos de corrupción es porque el sistema de Derecho funciona, porque de lo contrario no lo estaríamos viendo. Son conductas del pasado y, ante estas conductas, el compromiso del Gobierno es promover medidas de regeneración democrática para fortalecer el sistema de garantías e intensificar el repudio y las sanciones a estas conductas». Y, aunque, apostilló, «es imposible impedir la comisión del delito por muy duro que sea el Código Penal, al menos vamos a cerrar los espacios para la impunidad y a darle una respuesta contundente».
Tras hacer un detallado balance del resultado de sus siete meses al frente del departamento, Catalá no eludió ninguna de las preguntas que surgieron en el coloquio. Muchas de ellas, relacionadas con la reforma del Registro Civil. Una Ley de 2011 y un posterior decreto Ley de 2014 que tendrían que entrar en vigor a partir del 15 de julio próximo, terminado el plazo de ‘vacatio legis’. Pero la reforma para la desjudicialización de los registros civiles no saldrá del cajón porque el Gobierno ha desistido de llevarla a cabo, como reconoció el ministro, ante la gran oposición de casi todos los colectivos judiciales y la negativa de los registradores a asumir el servicio, fundamentalmente, por la financiación. Así que con «un me alegro que me haga esta pregunta», Catalá contestó que el 16 de julio no va a pasar nada porque «los registros civiles se quedan como están y donde están porque la ley y el decreto se van a derogar. No obstante, indicó que más del 50% de las quejas sobre la Administración de Justicia se refieren a los registros civiles y, más en concreto, a los plazos de demora relacionados con algunos expedientes, como los de nacionalidad, demoras incompatibles con un servicio de calidad». Pero a continuación añadió que «como la propuesta ha sido contestada por casi todos, no vamos a llevar a cabo una reforma que parece que éramos los únicos que lo teníamos claro», en alusión a que la Ley del Registro Civil de 2011 fue consensuada en el parlamento por PP y PSOE.
No obstante, volvió a apelar a «tomarnos tiempo y buscar un modelo consensuado: estamos abiertos a recibir propuestas». Aunque aprovechó, primero, para volver a anunciar que el próximo otoño se pondrá en marcha la inscripción telemática de los nacimientos en los hospitales y que, se llegue o no a un acuerdo sobre los registros civiles, el servicio no dejará de ser público y gratuito. «Quiero aclararlo porque los opositores hablan de privatización y coste para los ciudadanos y hay quien ha solicitado tres o cuatro certificados para guardarlos en casa por si acaso luego había que pagarlas».
No faltó la pregunta al hilo de las retribuciones de los cargos públicos y las incompatibilidades con otros trabajos en empresas privadas o en la universidad. En este sentido, opinó que «las Cámaras deben plantearse si el sistema español garantiza que no haya conflictos de intereses entre el trabajo público y el privado. La reflexión sobre la exigencia de dedicación exclusiva a los políticos tiene todo el sentido, pero con las compensaciones adecuadas, pero esto es decisión de las Cámaras».
También aclaró por enésima vez, desde que participó en el foro de Barcelona, lo que se ha interpretado como un intento de censurar a los periodistas cuando informan de casos judiciales mediante ‘filtraciones’. El ministro indicó que se limitó a mencionar en ese foro la nueva directiva de la UE sobre el derecho a la presunción de inocencia «y que nosotros tendríamos que ver como se traspone esa directiva a nuestro ordenamiento jurídico, pero tenemos suficientes reformas como para entrar en esa materia». En lo que sí entró ayer, víspera de campaña, fue en la polémica sobre los candidatos imputados-investigados. Para el ministro, «la mera imputación no puede esgrimirse para excluir a un candidato de una lista».
Publciado o 07/05/2015 en http://www.elnortedecastilla.es/
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Poner cerco a la impunidad
Catalá atribuyó al Partido Popular el mérito de construir todo el marco legal dirigido a la regeneración democrática de un país en el que los ciudadanos, como reconoció a una pregunta del público, se desayunan día sí y otro también, con casos de corrupción. Pero el titular de la cartera de Justicia considera, sin embargo, que «si se conocen todos estos casos antiguos de corrupción es porque el sistema de Derecho funciona, porque de lo contrario no lo estaríamos viendo. Son conductas del pasado y, ante estas conductas, el compromiso del Gobierno es promover medidas de regeneración democrática para fortalecer el sistema de garantías e intensificar el repudio y las sanciones a estas conductas». Y, aunque, apostilló, «es imposible impedir la comisión del delito por muy duro que sea el Código Penal, al menos vamos a cerrar los espacios para la impunidad y a darle una respuesta contundente».
Tras hacer un detallado balance del resultado de sus siete meses al frente del departamento, Catalá no eludió ninguna de las preguntas que surgieron en el coloquio. Muchas de ellas, relacionadas con la reforma del Registro Civil. Una Ley de 2011 y un posterior decreto Ley de 2014 que tendrían que entrar en vigor a partir del 15 de julio próximo, terminado el plazo de ‘vacatio legis’. Pero la reforma para la desjudicialización de los registros civiles no saldrá del cajón porque el Gobierno ha desistido de llevarla a cabo, como reconoció el ministro, ante la gran oposición de casi todos los colectivos judiciales y la negativa de los registradores a asumir el servicio, fundamentalmente, por la financiación. Así que con «un me alegro que me haga esta pregunta», Catalá contestó que el 16 de julio no va a pasar nada porque «los registros civiles se quedan como están y donde están porque la ley y el decreto se van a derogar. No obstante, indicó que más del 50% de las quejas sobre la Administración de Justicia se refieren a los registros civiles y, más en concreto, a los plazos de demora relacionados con algunos expedientes, como los de nacionalidad, demoras incompatibles con un servicio de calidad». Pero a continuación añadió que «como la propuesta ha sido contestada por casi todos, no vamos a llevar a cabo una reforma que parece que éramos los únicos que lo teníamos claro», en alusión a que la Ley del Registro Civil de 2011 fue consensuada en el parlamento por PP y PSOE.
Diálogo y diálogo
No obstante, volvió a apelar a «tomarnos tiempo y buscar un modelo consensuado: estamos abiertos a recibir propuestas». Aunque aprovechó, primero, para volver a anunciar que el próximo otoño se pondrá en marcha la inscripción telemática de los nacimientos en los hospitales y que, se llegue o no a un acuerdo sobre los registros civiles, el servicio no dejará de ser público y gratuito. «Quiero aclararlo porque los opositores hablan de privatización y coste para los ciudadanos y hay quien ha solicitado tres o cuatro certificados para guardarlos en casa por si acaso luego había que pagarlas».
No faltó la pregunta al hilo de las retribuciones de los cargos públicos y las incompatibilidades con otros trabajos en empresas privadas o en la universidad. En este sentido, opinó que «las Cámaras deben plantearse si el sistema español garantiza que no haya conflictos de intereses entre el trabajo público y el privado. La reflexión sobre la exigencia de dedicación exclusiva a los políticos tiene todo el sentido, pero con las compensaciones adecuadas, pero esto es decisión de las Cámaras».
También aclaró por enésima vez, desde que participó en el foro de Barcelona, lo que se ha interpretado como un intento de censurar a los periodistas cuando informan de casos judiciales mediante ‘filtraciones’. El ministro indicó que se limitó a mencionar en ese foro la nueva directiva de la UE sobre el derecho a la presunción de inocencia «y que nosotros tendríamos que ver como se traspone esa directiva a nuestro ordenamiento jurídico, pero tenemos suficientes reformas como para entrar en esa materia». En lo que sí entró ayer, víspera de campaña, fue en la polémica sobre los candidatos imputados-investigados. Para el ministro, «la mera imputación no puede esgrimirse para excluir a un candidato de una lista».
Publciado o 07/05/2015 en http://www.elnortedecastilla.es/
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