Al aspirante a la nacionalidad pueden preguntarle sobre la Constitución de 1812 o sobre Belén Esteban. «Esto no puede depender de cómo amanezca un juez»
Cuando acudió al Registro Civil para tramitar su solicitud de la nacionalidad española, Hugo –que prefiere aparecer en el reportaje con este nombre supuesto– no tenía ni idea de que un interrogatorio podía cruzarse en su camino. Fueron cinco preguntas tan inesperadas, tan ajenas a la experiencia cotidiana de un inmigrante, que algunas de ellas ni siquiera logró retenerlas en la memoria. «Recuerdo dos. Me preguntaron el nombre del presidente de la Cámara Baja. No lo sabía. He conversado con españoles y la verdad es que ninguno ha sido capaz de contestar», se asombra Hugo. Habrá muchos que, con esa formulación, ni siquiera sean conscientes de que la cuestión se refiere al Congreso de los Diputados. ¿La otra? «El año de la Constitución. Tampoco lo sabía y respondí al azar. A mí las preguntas me parecen bien, siempre y cuando te diesen algún temario para prepararte», plantea este ecuatoriano, que llegó a nuestro país con el cambio de siglo, cuando ya habían pasado más de dos décadas de la aprobación de la Carta Magna.
La posibilidad de ser sometido a un ‘test de españolidad’, como se ha dado en llamarlo, está camuflada al final de los requisitos para acceder a la nacionalidad española por residencia. Allí se dice que «el interesado deberá acreditar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española». Ese huidizo concepto de la integración es lo que tratan de cuantificar las preguntas de marras. Hace seis años, cuando presentó su solicitud, Hugo no estaba enterado de que le fuesen a preguntar nada. Tampoco sabía que la suerte había jugado en su contra: el Registro Civil que le correspondía era el de Getafe, el ‘hueso’ por excelencia, que fue el primero en saltar a las páginas de actualidad por este asunto. Poco después de su entrevista, en 2010, varias asociaciones de inmigrantes denunciaron al magistrado de la localidad madrileña por su procedimiento para comprobar el arraigo, que insistía muy particularmente en preguntar por los escritores del Siglo de Oro. En aquel momento tachaban su sistema de «absurdo», pero pronto se revelaría como un pionero, ya que el Partido Popular impulsó la implantación de este tipo de pruebas en todos los registros.
El gran problema es que los exámenes no están normalizados y quedan al criterio, o al capricho, de los jueces, que actúan sin directrices y sin un modelo al que atenerse. Cada cierto tiempo salta a los medios algún caso particularmente chocante por su dificultad, por su trivialidad o por su desconexión con lo que parece realmente importante para sentirse español: ahí están las preguntas sobre Paquirri, Belén Esteban, Pau Gasol y las esposas de los presidentes, o las que se interesan por La Gloriosa, la Constitución de 1812 y «lo que pasó en 1934», que suena a pregunta trampa, o también la vía gastronómica hacia la nacionalidad, que exige al inmigrante conocer cómo se preparan los calçots, el gazpacho o cualquier otro plato típico de la comunidad donde haya acabado residiendo. Además, ha habido casos tan delicados como el de un discapacitado psíquico al que se negó la nacionalidad por desconocer quién era Mariano Rajoy o en qué consistían las comunidades autónomas: la Audiencia Nacional ratificó la decisión, pero dos magistrados discreparon, con el argumento de que el estándar de referencia ha de ser un ciudadano español en las mismas circunstancias.
«Entre unos registros y otros, existe una diferencia enorme. En la ciudad de Madrid decidieron no hacer ninguna pregunta, pero a pocos kilómetros, en Getafe, utilizan cuestionarios que no pasaría un español. No se puede aceptar esa discrecionalidad, que hace que obtener la nacionalidad sea más fácil o más difícil dependiendo del lugar de residencia», rechaza Inés Díez, responsable del área jurídica de la federación Red Acoge. Además, presenta una paradoja: «Hay personas que vinieron de pequeñas y solo conocen este país, pero se considera que no están integradas porque no saben citar tres poetas del Siglo de Oro». Por supuesto, tampoco existe un criterio unificado sobre cuántas preguntas hay que responder correctamente, y basta repasar las últimas resoluciones de la Audiencia Nacional sobre este tema para darse cuenta de que perfiles muy diferentes acaban ‘suspendiendo’ en españolidad.
En estas sentencias, aparecen ejemplos más o menos evidentes de desconocimiento del idioma y del país. En su exposición, los jueces hacen constar algunas respuestas sorprendentes, como la del gambiano residente en Cataluña que describió la comunidad como «una isla» o el marroquí que, seguramente a la desesperada, dijo que las infantas se llaman Trinidad y Débora. Pero, compartiendo su destino, hay personas como la colombiana Ramona, que supo explicar que España es una monarquía parlamentaria y que el Rey representa a España en el mundo, dijo correctamente los nombres del presidente y el líder de la oposición y a qué partidos pertenecían, respondió que el 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución y citó localidades de Baleares (donde reside), fiestas españolas como las Fallas o los sanfermines y monumentos como la Cibeles. Ahí, la Audiencia Nacional ha corregido al juez, porque, a pesar de las dignas respuestas, este había dictaminado «un desconocimiento absoluto de la sociedad y la cultura españolas».
«Aman vivir aquí»
«Queremos que esto se unifique de una vez. No puede ser que cada juez, según cómo amanezca, haga unas preguntas. Es poco serio. Algunas cuestiones rayan en lo absurdo y quizá el 80% de los españoles no sabría responderlas. Otras no son tan absurdas, pero solo remiten a estar informado y haber leído, y eso no valora de ningún modo el deseo de ser español», lamenta Vladimir Paspuel, presidente de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui. A su juicio, el empeño por preguntar datos distrae de las verdaderas claves que demuestran la integración. «Hay personas que llevan quince o veinte años en España, que participan en las fiestas de su pueblo y conocen a sus autoridades locales, que ayudan en comedores escolares o parroquias, que aman vivir aquí. ¿No es un elemento de integración la convivencia normal y armónica, más que saber el segundo nombre del alcalde? No se debe confundir el conocimiento con el deseo de pertenecer a un país».
El Gobierno anunció hace poco más de un año unos exámenes «objetivos» cuya confección se encargaría al Instituto Cervantes. En el Ministerio de Justicia aclaran que serán dos pruebas –una de lengua española y otra de «conocimiento de la Constitución y la realidad social»–, pero apuntan que el reglamento se encuentra todavía en proceso de trámite y que «las preguntas, por ahora, las sigue estableciendo cada juez». A Hugo, le comunicaron hace unos meses (¡cinco años después de la prueba!) que su solicitud había sido denegada, pero ahora está pendiente del recurso. «Veo gente que ni siquiera habla castellano y tiene la nacionalidad. Yo voy para dieciséis años en España, tengo mi trabajo, pago mis impuestos, soy padre de dos hijas nacidas aquí... No solo quiero ser español: es que creo que me lo he ganado».
Publicado o 26/05/2015 en http://www.ideal.es/
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