Advierten de que trámites que hasta ahora eran gratuitos pasarán a estar gravados con un arancel.
Los funcionarios judiciales de Pontevedra escenificaron ayer su unión contra la reforma del Registro Civil, que tachan de privatización en toda regla. De este modo, advirtieron de que la desaparición de este organismo no solo tendrá efectos a nivel de los empleados públicos, sino que afecta a toda la ciudadanía.
Así, advirtieron de que trámites que hasta ahora eran gratuitos pasarán a estar gravados con una arancel en el momento en el que los registradores mercantiles asuman las competencias. Además, señalaron que van a pasar a ser obligatorios determinados procedimientos que hasta ahora no era necesario inscribir en el registro.
En cuanto a las bodas, los funcionarios se comprometieron a completar los expedientes que les lleguen hasta el 15 de julio, al tiempo que anunciaron una recogida de firmas, concentraciones y una campaña informativa.
Publicado o 13/03/2015 en www.lavozdegalicia.es
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