La decisión, al parecer, es consecuencia de la incertidumbre que está generando la reforma legal que entrará en vigor el próximo 15 de julio.
Lo único que tienen claro es que el próximo 15 de julio está previsto que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil, la normativa que paulatinamente ira cediendo la competencia de estos órganos judiciales a los registradores mercantiles. Las primeras consecuencias de este plazo ya se notan en Pontevedra, donde las bodas por el Registro Civil tienen los días contados y, de hecho, ya no se señalan nuevas fechas para celebraciones.
Esto está provocando que los funcionarios aconsejen a las futuras parejas de casados que pretendían llevar a cabo esta ceremonia en la sala habilitada en el edificio judicial de A Parda que recaben información en los distintos Ayuntamientos de la comarca. El problema es que los propios empleados públicos desconocen qué ocurrirá a partir del 15 de julio, esto es, si ya por entonces las bodas las podrá oficiar un notario, tal y como estaba previsto en un principio.
Paralelamente, los funcionarios pontevedreses están extendiendo su jornada laboral para adelantar en lo posible los expedientes matrimoniales actualmente en tramitación. Lo cierto es que los empleados públicos pontevedreses ya exteriorizan su oposición a la, según ellos, privatización del Registro Civil, un proceso que el Gobierno prevé completar en el 2017, fecha en la que estos órganos dejarán de existir definitivamente. La intención es que en estos dos años, los registradores mercantiles vayan asumiendo paulatinamente más competencias. De este modo, en veinticuatro meses se habrá completado una desjudicialización.
Fuentes sindicales incidieron en que los titulares de los Registros Mercantiles son empleados públicos con la característica propia de que sus emolumentos dependen, en gran medida, de unas tasas que los usuarios deben abonar cuando realizan cualquier tipo de inscripción. Con la reforma legal, deberán asumir un incremento de la carga de trabajo, que, según reseñaron en su momento responsables sindicales, tendrá que ser compensado. La cuestión es si se llevará a cabo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado o si, por el contrario, se implantará algún tipo de arancel para trámites que, hoy en día, son gratuitos.
En este sentido, existe el temor de que, si bien la expedición de certificados de nacimiento o de defunción seguirá teniendo un coste cero, habrá otros trámites, como pueden ser las inscripciones matrimoniales o los procesos de cambio de nombre, que podría empezar a estar sujetos a tasas. Ante este escenario, hay quien ya prevé que, a medida que se aproxime la fecha tope del 15 de julio, aumentará la demanda de determinados certificados, como los de estado que se emplean en las solicitudes de pensiones, ante la posibilidad de que, en un futuro, estén penalizados con una tasa.
La incertidumbre rodea a qué trámites tendrán asociado el pago de un arancel
historia, a veces, depara paradojas curiosas. En el caso del Registro Civil no deja de ser anecdótico que sean dos compostelanos los que hayan determinado su provenir. El primero, Eugenio Montero Ríos que, como ministro de Gracia y Justicia, implantó en 1871 este organismo judicial. El segundo, Mariano Rajoy, bajo cuyo Gobierno se ha certificado su defunción.
Pero, ¿qué consecuencias tendrá para el ciudadano? Lo cierto es que, a día de hoy, es complicado adivinarlas, toda vez que aún no se han aclarado determinados aspectos de la reforma, entre ellos, qué trámites estarán sujetos a aranceles. Además, se espera que determinados hechos que hasta ahora no era preciso registrar, como el domicilio o la inscripción y revocación de poderes notariales, tengan un coste asociado.
Ayer, sin ir más lejos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que «seguirá siendo» gratuito, al tiempo que remarcó que se trata de «articular un registro electrónico, público y gratuito que llevarán funcionarios públicos como los registradores de la propiedad y mercantil». Y es aquí donde, tal vez, radique el principal beneficio -único, a decir de algunos- para los ciudadanos: las nuevas tecnologías podrían hacer innecesario el desplazarse hasta una sede física. Y de hecho, se espera que en breve los nacimientos se puedan inscribir directamente desde el hospital.
Publicado o 11/03/2015 en www.lavozdegalicia.es
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| Funcionarios con camisetas contra la "privatización" del Registro Civil, ayer, ante el salón de bodas del juzgado de A Parda. // R. Vázquez |
