Por Alfredo Vara.
Tal hipótesis significaría creer que un cuerpo integrado por 120 funcionarios que no perciben ingresos del Estado, sino que cobran a quienes requieren sus servicios, estaría en condiciones de mejorar lo que hoy hacen funcionarios especializados en las sedes judiciales de toda España.
Implicaría también aceptar que los registradores aceptarían la enorme responsabilidad de la recepción y custodia de millones de datos esenciales y la carga de trabajo consiguiente, sin percibir compensación alguna por parte del Estado ni de los ciudadanos. Y creer que inscribir un nacimiento o una defunción o solicitar una fe de vida de esas que nuestra envejecida población debe presentar de vez en cuando para cobrar su pensión sería más fácil y rápido e igual de gratuito.
Tan imaginativos ciudadanos no explican cómo se conseguiría la cuadratura de semejante círculo. Otros, con imaginación no menos calenturienta, sostienen que se trataría de un suculento favor que registradores con puestos clave en el Ejecutivo querrían hacer a sus colegas.
Pero todo debe de ser fruto de la imaginación de algunos. Otros, menos imaginativos, afirman que tal pretensión estaría llamada a convertirse en un intento fallido más de este Gobierno. De esos -relacionados con el aborto, las tasas judiciales, la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares y algunos más- en los que solo acierta cuando rectifica.
Publicado o 07/04/2015 en www.lavozdegalicia.es
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