“No estoy atado a nadie”, asegura el ministro de Justicia al anunciar el abandono del modelo que ha defendido los últimos siete meses.
Catalá insiste en que no quiere ceder el Registro Civil a los secretarios judiciales y habla de traspasarlo a ayuntamientos o comunidades autónomas.
El Gobierno renuncia a ceder la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la Propiedad. “No estoy atado a nadie”, les ha asegurado esta misma mañana el ministro Rafael Catalá a los sindicatos de funcionarios de Justicia tras anunciarles que prorrogará lavacatio legis de la ley del Registro Civil de 2011 un año más. Será, por tanto, el tercer aplazamiento que sufre la entrada en vigor de la norma.
El pasado día 21 el titular de Justicia comunicaba al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, la “paralización” de la reforma del Registro Civil. Tres días más tarde, Catalá confirmaba el“abandono” del 15 de julio como fecha para el traspaso a los registradores del Registro Civil e incluso del “modelo” diseñado su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y que él mismo había continuado con algunas variaciones. Pero los términos difusos en que se hizo hecho pública la decisión no acallaban las sospechas de los sindicatos, radicalmente contrarios a la privatización del Registro Civil, yde los propios registradores, muchos de ellos opuestos a la cesión.
Ahora el ministro aclara que la renuncia a los registradores es definitiva. Y que se derogarán las disposiciones adicionales del real decreto 8/2014 y de la Ley 18/2014 que se referían al Registro Civil, a su cesión a los registradores mercantiles y de la Propiedad, al uso de una plataforma informática única para unos y otro, y que fijaban el 15 de julio como fecha para el traspaso de la gestión. También se ha ampliado una semana más el plazo de presentación de enmiendasal proyecto de ley de reforma del Registro Civil, que terminará decayendo, ha explicado el ministro a los sindicatos.
“Vamos a partir de cero”, resumió gráficamente el ministro, según explica a infoLibre el secretario general del sector de Justicia de CCOO, Ramón Alvaré. Rafael Catalá reiteró el sinsentido de seguir adelante conuna reforma que no cuenta con el respaldo de ninguno de los sectores implicados y confesó que había sido “incapaz de explicar” a la opinión pública que la cesión de los registradores no implica la privatización del Registro Civil. Mientras repetía en sus declaraciones públicas que los trámites iban a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos cuando el Registro Civil estuviera en manos de los registradores mercantiles, el ministro negociaba en una comisión mixta con el Colegio Oficial las condiciones del traspaso, entre ellas el cobro por expedir libros de familia o inscribir poderes, por ejemplo.
Sobre el futuro modelo, basado en la “desjudicialización” del Registro Civil a que obliga la ley de 2011 –ahora lo gestionan jueces y funcionarios de Justicia–, sólo adelantó su rechazo a ceder el Registro Civil a los secretarios judiciales, pese a que este gremio se ha ofrecido a gestionarlo. En su lugar, no descartó estudiar la posibilidad de que se hagan cargo del Registro incluso los ayuntamientos –citó a los secretarios municipales–, o las comunidades autónomas. Dependerá de la fase de diálogo y negociación que el ministro pretende abrir ahora con sindicatos, partidos políticos y profesionales.
Los sindicatos, por su parte, le pidieron una vacatio legis de dos añosy volvieron a reclamar más inversiones en las 8.120 oficinas del Registro Civil. Pero Catalá remitió esta última cuestión a las negociaciones que comenzarán en una fecha aún no fijada.
Publicado o 28/04/2015 en www.infolibre.es
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Justicia aparca definitivamente el cambio de la gestión del Registro Civil
Catalá inicia una ronda negociadora que irá más allá de la legislatura actual
Primero en una reunión con representantes de los seis sindicatos con presencia en la Administración de Justicia -CSIF, CC. OO., UGT, STAJ, ELA-STV y CIG- y por la tarde en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, el ministro de Justicia confirmó su anuncio del pasado viernes: se da marcha atrás en la entrega de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, consumada hace menos de un año por su antecesor, vía real decreto, aunque sin renunciar a la desjudicialización del mismo, contemplada en la ley Caamaño del 2011, cuya entrada en vigor prevista para el próximo 22 de julio, se aplaza un año más, es decir hasta la próxima legislatura.
En la reunión matinal con los representantes sindicales, Rafael Catalá, según fuentes de las asistente, puso especial énfasis en señalar que no se trata de un mero aplazamiento para tratar de paliar los previsibles costes electorales de la medida. Aseguró que se va a empezar de cero para buscar un nuevo modelo lo más consensuado posible con todas las partes implicadas y para ello anunció que próximamente se procederá a derogar el real decreto 8/2014 en todo aquello que otorgaba la gestión de los registros a los registradores mercantiles, la ley 18/2014 de convalidación del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios y registradores en el proceso de concesión de la nacionalidad a los sefardíes.
Por la tarde, y durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro tendió de nuevo la mano a los partidos políticos aprovechando para pedir a los grupos parlamentarios de la oposición que hagan llegar al Ministerio de Justicia sus propuestas y alternativas para la reforma del Registro Civil. «Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar». Añadió que «por ahora sabemos lo que no quieren, pero no cómo entienden qué es desjudicializar el servicio», dijo.
En respuesta a una pregunta formulada por el senador de IU Jesús Iglesias, el ministro aseguró que el Gobierno busca «una reforma pactada y consensuada» y precisó que no va a renunciar ni a abandonar su búsqueda de un servicio público, gratuito y de calidad.
Iglesias le replicó que no se cree «la bondad del Gobierno» y su «repentino» gusto por el consenso. En su opinión, la retirada del proyecto ha venido provocada porque «una asociación de registradores embarcó al Gobierno en esta aventura». «A mitad del vals, la novia abandonó», agregó. El senador de IU precisó, no obstante, que la decisión abre una oportunidad para el diálogo. El ministro explicó que ya había transmitido al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad su renuncia al proyecto, motivada por las «discrepancias» con este colectivo y la «crítica» y «oposición importante» por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ya solicitó una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con la intención de ofrecerse para la gestión del Registro Civil.
Publicado o 29/04/2015 en www.lavozdegalicia.es
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