A Coruña. Más de un centenar de funcionarios judiciales se reunió ayer en una de las salas de vistas de la Audiencia para mostrar su rechazo a la previsible privatización del Registro Civil. Los asistentes insistieron en que es un problema que atañe a la ciudadanía, ya que, si el servicio dejase de ser público, tendría que pagar por trámites como certificados de defunción, matrimoniales o partidas de nacimiento. Así, los funcionarios insistieron en que serían recolocados en otros puestos, por lo que recalcan que no es un problema personal. Una de las portavoces insistió en que el registro funciona desde 1871 y que maneja datos privados de las familias. Los funcionarios recogerán firmas esta semana en contra de la privatización y organizarán concentraciones.
Publicado o 18/03/2015 en www.laopinioncoruna.es
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